¡Chile ya tiene una Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres!

Un giro en la estrategia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en todas sus formas.

 

¿De qué se trata esta nueva ley?

Ley N°21.675 
Establece un marco legal completo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres por razones de género. Entró en vigencia el 14 de junio.  


¿Cuál es su objetivo?

Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra todas las mujeres en razón de su género, para lo cual establece medidas sectoriales de: 

  • Prevención 
  • Atención, Protección y Reparación 
  • Articulación Interinstitucional 
  • Acceso a la justicia 

¿Qué cambia con esta ley?
  • Se fortalecen las medidas cautelares, para que sean más efectivas, estableciendo su revisión y supervisión. 
  • Garantiza apoyo jurídico, psicológico y social especializado y gratuito de SernamEG. 
  • Establece una mayor coordinación entre instituciones, para simplificar el acceso a programas del Estado y mejorar las políticas de prevención y abordaje.  
  • Promueve la educación no sexista para niños, niñas y adolescentes. 
  • Define 9 formas de violencia: física psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, violencia en el trabajo y gineo-obstreta Reconoce como violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. 
  • Incluye las relaciones de pololeo como violencia intrafamiliar.    
  • Entre otras medidas. 

Además, esta Ley crea el Sistema Integrado de Gestión sobre Violencia de Género que permite a distintas instituciones del Estado coordinarse, compartir información y actuar de forma articulada para una respuesta más rápida, eficaz y centrada en las víctimas.

Por primera vez y usando la tecnología, coordina a instituciones clave para prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres.

El Sistema Integrado permitirá:

  1. Crear un expediente único de datos para generar alertas tempranas ante situaciones de riesgo.
  2. Priorizar atención según el nivel de riesgo que enfrente cada víctima.
  3. Generar estadísticas para evaluar la efectividad de las políticas públicas, resguardando siempre la identidad y los datos personales.