• Además, se aprobó un nuevo artículo (204) al Código del Trabajo que establece que en caso de existir dos o más empleadores obligados a cumplir el derecho a sala cuna, deberá cumplir aquel que tenga contratado al trabajador con la jornada más extensa.

Valparaíso, 16 de octubre de 2025. – El proyecto de ley de Sala Cuna para Chile continúa su tramitación en la Comisión de Trabajo del Senado, luego de que sus integrantes aprobaran ayer importantes artículos de la iniciativa del Ejecutivo, lo que fue destacado por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo Bosoni, y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, subrayó que el proyecto representa un cambio estructural en la forma en que el país aborda el derecho a sala cuna: “La creación del Fondo de Sala Cuna, de financiamiento mixto entre el Estado y los empleadores, marca un avance decisivo hacia una política más universal e inclusiva. Este Fondo constituye una herramienta concreta para que los empleadores puedan cumplir con la obligación de proveer sala cuna a trabajadoras y trabajadores, asegurando su sostenibilidad y resguardando el estándar educativo que protege a niños y niñas”.

En esa misma línea, el titular de Trabajo complementó que: “Con ello, se eliminan discriminaciones que por décadas han afectado a las mujeres y se fortalece un país que pone la equidad y la corresponsabilidad en el centro. Seguimos avanzando en la tramitación del proyecto de ley Sala Cuna para Chile, aún con materias en debate en el Congreso, pero con un compromiso firme por hacerlo realidad”.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó que el proyecto da un paso fundamental hacia la construcción de un derecho laboral efectivo y en igualdad de condiciones para madres y padres: “Este Fondo y, en general, la agenda Sala Cuna para Chile que hemos impulsado como Gobierno marca un cambio profundo: deja atrás una política que castigó a las mujeres por ser madres y abre paso a una sala cuna compartida y justa. Un derecho que equilibra las responsabilidades entre familias, y que permite a más mujeres seguir desarrollando su carrera sin tener que elegir entre trabajar o criar”.

Junto con la aprobación del Fondo, la Comisión incorporó un nuevo artículo (204) al Código del Trabajo que establece diferentes hipótesis en caso de existir dos o más empleadores obligados a hacer efectivo el derecho a sala cuna, fijando como regla general que deberá cumplir aquel que tenga contratado al trabajador con la jornada más extensa. Del mismo modo, establece la posibilidad de que las personas trabajadoras, de común acuerdo, definan quién ejercerá este derecho.

Avances en Equidad de Género

Cabe recordar que el lunes pasado la citada comisión aprobó la eliminación del requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al derecho de Sala Cuna, uno de los puntos centrales de la iniciativa. En esa oportunidad se modificó el artículo 203 del Código del Trabajo, eliminando una restricción que por décadas limitó la contratación femenina, estableciendo un sistema basado en la corresponsabilidad familiar. De esta forma, el derecho a sala cuna se extiende a trabajadoras y trabajadores.

En la sesión de ayer, la discusión se centró en las modificaciones a los artículos 204 al 206 del Código del Trabajo y en la creación del Fondo de Sala Cuna, de financiamiento mixto entre el Estado y los empleadores.

El proyecto continuará su tramitación en la Comisión de Trabajo del Senado, donde aún quedan materias por discutir, entre ellas, la composición del Fondo de Sala Cuna y la creación de una Comisión Técnica de Financiamiento y Sostenibilidad. El Gobierno ha reafirmado su compromiso de avanzar con diálogo y responsabilidad en esta iniciativa, clave para la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad y el fortalecimiento del derecho al cuidado en nuestro país.

• Este lunes la Comisión de Trabajo del Senado aprobó el cambio propuesto por el Ejecutivo en el proyecto de ley de Sala Cuna para Chile: “Es un paso histórico hacia la igualdad de género”, afirmó Boccardo.
• La ministra Orellana relevó que “hoy dimos un paso muy importante en la Comisión de Trabajo del Senado, al aprobar la reforma al artículo 203, que avanza en el proyecto Sala Cuna para Chile”.

Valparaíso, 08 de octubre de 2025. El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo Bosoni, y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, valoraron la modificación al Código del Trabajo que elimina el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio de Sala Cuna, la cual fue aprobado hoy por la Comisión de Trabajo del Senado.

“La aprobación de esta reforma al artículo 203 del Código del Trabajo es un paso histórico hacia la igualdad de género. Por primera vez, el derecho a sala cuna se extiende a mujeres y hombres trabajadores, y también reconociendo a quienes no son padres y cuidan a niños y niñas menores de dos años”, señaló el ministro Boccardo.

La autoridad agregó que “con esto eliminamos el requisito de 20 trabajadoras, una traba que por décadas limitó la contratación femenina, desvinculando el costo de la sala cuna de la decisión de contratar mujeres. Aún quedan aspectos en discusión parlamentaria, pero este avance confirma que estamos construyendo un país más justo y un mecanismo efectivo para potenciar la empleabilidad femenina”.

La ministra Orellana, en tanto, señaló que “hoy dimos un paso muy importante en la Comisión de Trabajo del Senado, al aprobar la reforma al artículo 203, que avanza en el proyecto Sala Cuna para Chile. Este es un cambio histórico: elimina el costo de contratación que por décadas recayó sobre las mujeres, amplía el derecho a sala cuna para madres y padres trabajadores, y garantiza mejores estándares educativos para niñas y niños. Este avance refleja nuestro compromiso con la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades, y nos acerca a un país donde cuidar no sea una carga individual, sino una tarea compartida que fortalece a las familias y al desarrollo del país”.

La Comisión de Trabajo del Senado continuó este lunes el estudio de las indicaciones del Proyecto de Ley de Sala Cuna para Chile, donde se aprobó la modificación del actual artículo 203, eliminando la obligación de sala cuna que se establecía exclusivamente a aquellas empresas que contraten a 20 trabajadoras o más, pasando por un sistema que reconoce la corresponsabilidad en los cuidados. De esta forma, ya no se exige un número mínimo de madres trabajadoras, y se hace aplicable el derecho a sala cuna tanto a hombres como a mujeres.

Cabe recordar que la semana pasada el Ejecutivo presentó las modificaciones a la iniciativa legal, que propone una cotización obligatoria a cargo del empleador del 0,3% de las remuneraciones imponibles, que incrementa en un 0,1% la cotización obligatoria respecto de la indicación anterior, la que será administrada por el Fondo de Sala Cuna. En caso de trabajadores independientes se regulan las cotizaciones de acuerdo con la fórmula por la cual cotizan.

Además, crea una Comisión Técnica de Financiamiento y Sostenibilidad, la cual deberá generar un informe periódico para que la autoridad tome decisiones que permitan garantizar la sostenibilidad del fondo y el aporte que este entregará al empleador para dar cumplimiento a su obligación, tomando en cuenta los valores de mercado y las diferencias geográficas que pudiera haber en el valor, entre otras materias.

• Se trata del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, cuyo piloto inició en 15 municipios, beneficiando a más de 80 mil mujeres atendidas por SernamEG.

Para garantizar el cumplimiento de la nueva Ley Integral y asegurar el apoyo eficaz a quienes viven violencia, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género realizó una serie de talleres regionales enfocados en capacitar y evaluar el diseño y funcionamiento inicial del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género.

Esta herramienta tecnológica permitirá, por primera vez, que las instituciones que abordan situaciones de violencia de género -como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, las policías, SernamEG, municipios, entre otras- compartan información de forma automática, consolidando la información en un mismo espacio digital para brindar una atención más rápida y coordinada.

Esto apoyará a las instituciones públicas a hacer seguimiento de los casos, verificar la permanencia de las víctimas en programas de apoyo, generar alertas oportunas en caso de abandono y tener una visión unificada de las evaluaciones de riesgo.

Así, las jornadas, realizadas entre el 8 y 30 de septiembre las regiones de Coquimbo (Coquimbo y Ovalle), Los Ríos (Valdivia), Biobío (Chiguayante y Talcahuano) y Maule (Curicó y Cauquenes) y que contaron con la participación de más de 141 asistentes —entre ellos, equipos de la Coordinación Nacional de la Respuesta Estatal a la Violencia de Género, del Sistema Integrado de Información, equipos ejecutores de la oferta de atención inicial y recuperación de las autonomías del SernamEG, seremis y autoridades locales— se presentaron las principales características del sistema y se recogieron las experiencias y necesidades de los equipos en relación con su uso, los protocolos de atención y la diversidad de casos abordados.

“Estos talleres marcan un avance concreto y significativo en tres ámbitos clave: primero, porque nos permiten identificar y responder de manera más precisa a las necesidades de los funcionarios/as que utilizan el Sistema; segundo, porque consolidan el valor del Sistema Integrado de Información como herramienta central para los equipos territoriales; y tercero, porque demuestran que seguimos avanzando en la modernización del Estado, fortaleciendo su capacidad de proteger y acompañar a las personas que viven violencia de género”, concluyó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

• El estudio, realizado por el MinMujer en conjunto a la USACH, es una primera aproximación a la violencia política digital que viven las mujeres que participan en la política.
• El 85% de las candidatas encuestadas cree que las mujeres son más agredidas en redes que los hombres y un 69% señala haber vivido violencia digital. Además, la mayoría modera lo que publica por miedo a agresiones y un 72% teme que estas impacten su vida cotidiana. 

La violencia política digital contra las mujeres no es una excepción, sino un acto sistemático en nuestro país. Así lo revela el estudio de Violencia Política Digital de Género, coordinado por la División de Estudios y Capacitación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y ejecutado por la Universidad de Santiago de Chile (USACH), y que constituye el primer análisis sistemático sobre este fenómeno en el país. 

La investigación se realizó en el contexto de las elecciones de 2024 a alcaldías, gobernaciones, concejos y consejerías regionales, con el objetivo de identificar cómo se manifiesta la violencia política digital contra las mujeres, cuáles son sus efectos psicosociales y qué estrategias utilizaron las candidatas para enfrentarla. El estudio combinó una encuesta enviada a todas las candidatas y que fue respondida por 790 de ellas, y el análisis de más de 958 mil interacciones en Facebook, X (ex Twitter) e Instagram. 

Dentro de los principales resultados, el estudio revela que un 69% de las candidatas a las que respondieron este estudio asegura haber sufrido algún tipo de violencia digital durante el proceso. Asimismo, un 85% de las encuestadas considera que las mujeres son blanco de acoso cibernético con mayor frecuencia que los hombres. Además, un 82% declara que modera o cuida lo que publica en redes sociales por temor a ser atacada, mientras que apenas un 28% percibe Internet como un espacio seguro para compartir sus ideas. A su vez, el 72% manifiesta preocupación por el impacto que las agresiones virtuales puedan tener en su vida cotidiana. 

Solo 10% de quienes informaron haber vivido agresiones señalan haber recibido respaldo de su partido político, evidenciando una brecha institucional crítica que obliga a las mujeres a enfrentar individualmente un problema sistemático.  

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo que estos hallazgos muestran la urgencia de abordar la violencia política digital como un problema estructural que atenta contra la democracia y derechos de las mujeres. “La violencia política digital de género se ha instalado como una amenaza real y persistente para la participación democrática de las mujeres en Chile y el mundo. La violencia no en un costo que las mujeres deben asumir por participar en política, y los partidos políticos y las instituciones deben asumir la responsabilidad respecto a sus candidatas”, sostuvo. 

Entre quienes reportaron haber sufrido violencia, las manifestaciones más frecuentes fueron el uso de lenguaje de odio o sexista (48%), los mensajes destinados a dañar la reputación (47%), la difusión de información falsa (42%) y las referencias a características corporales (32%). Como consecuencia, el 51% de ellas reconoce que perdió las ganas de exponerse ante la opinión pública, un 41% pensó en dejar la política y un 30,9% afirma que se vio restringida su libertad de expresión. 

En este sentido, la ministra Orellana señaló que “como Gobierno hemos emprendido acciones en esta materia, impulsando un proyecto para una mayor representación de mujeres en candidaturas a elecciones locales y regionales, pero también reconociendo en la Ley Integral la violencia política, simbólica e institucional y solicitando pronunciamiento a los organismos correspondientes respecto a estos actos”.

Por su parte, la presidenta del Sevel, Pamela Figueroa, indicó que “sabemos, a partir de diversos estudios, que la violencia hacia las mujeres tiene como objetivo excluirlas de la esfera pública e impedir su participación en los procesos políticos. En esta línea, quisiera hacer un llamado a los distintos actores que participan en las campañas —partidos políticos, candidaturas y organizaciones— a desarrollar procesos electorales íntegros en términos de información y, sobre todo, de evitar la violencia política digital, que sabemos afecta principalmente a las mujeres”.

En cuanto a las denuncias, la cifra es mínima: únicamente un 11% de las mujeres que enfrentó violencia digital la reportó ante alguna instancia. Esto se explica, en parte, porque el 87,5% de las encuestadas considera que muchas personas desconocen que es posible denunciar este tipo de agresiones, y casi la mitad —49,6%— no sabe dónde realizar el trámite. 

El estudio también incluyó un análisis de las agresiones en redes sociales, revelando que ciertas candidaturas, como las de alcaldías y gobernaciones, recibieron más mensajes violentos que otras. Del total, el 11,9% de los mensajes dirigidos a candidatas a alcaldesas y el 6.69% de los dirigidos a candidatas a GORE correspondían a agresiones.   

Estas agresiones se concentran especialmente en X (antes Twitter), plataforma donde se registra más del 70% de la violencia digital hacia estas candidatas. De hecho, en Tuiter las candidatas a alcaldesas recibieron más de 36 mil mensajes agresivos, correspondiente al 24% de los mensajes recibidos. En contraste, las concejalías y consejerías regionales mostraron patrones distintos, con Instagram y Facebook destacando como las redes donde se produjo la mayor parte de los ataques. 

Finalmente, René Jara, coordinador del equipo de la USACH que ejecutó este estudio, concluyó que la violencia política “se trata de un fenómeno bastante transversal y no solo se dirige contra las mujeres, sino que también adquiere un carácter interseccional, asociado a factores como la clase social o la pertenencia étnica. En ese sentido, consideramos que es un tema de gran relevancia y que debe ser permanentemente monitoreado”.  

• De este total $ 383.267 equivale al costo en bienes y servicios y $211.616 al costo del tiempo no remunerado que madres, padres y cuidadores destinan a la crianza.

¿Cuánto cuesta criar en Chile? Esa fue la pregunta que motivó al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, con apoyo de UNICEF, a elaborar por primera vez una Canasta de Crianza, un estudio que busca poner en cifras el esfuerzo económico y de tiempo que realizan las familias al hacerse cargo del cuidado de niños, niñas y adolescentes.

El informe no solo mide los gastos monetarios en bienes y servicios, sino también el tiempo no remunerado que madres, padres y cuidadores destinan a la crianza. Para ello se utilizaron datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF 2021–2022) y de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT 2023), en un trabajo acompañado por una mesa técnica donde participaron el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Los resultados muestran que criar implica un fuerte impacto en los presupuestos familiares: dependiendo de la edad del hijo o hija, el gasto total del hogar puede aumentar entre un 27% y un 31% en comparación con un hogar sin niños. El primer hijo concentra la mayor parte del costo, mientras que los siguientes demandan menos recursos porque ciertos gastos pueden compartirse.

“Este primer estudio desarrollado por Unicef ofrece una herramienta técnica y objetiva fundamental ante tribunales para estimar el costo real de criar a un hijo o hija, lo que se podría transformar en una referencia a considerar a la hora de fijar la pensión de alimentos”, dijo la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

“Hoy Chile ha avanzado mucho en protección social: con Chile Crece Contigo, con el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Y esto es importante, sobre todo cuando se discute el rol y el tamaño del Estado. Nuestro gobierno cree en un Estado moderno y eficiente, que cumple su misión de proteger. Porque cuando no hay protección social, la carga de criar —en costos y en tiempo— recae solo en las familias y, especialmente, en las mujeres. La crianza debe entenderse como una inversión social, no solo como una responsabilidad privada”, indicó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro.

En promedio, el costo mensual de la crianza alcanza los $595.000. De este total  $ 383.267 equivale al costo en bienes y servicios y $211.616 al costo del tiempo. Sin embargo, la cifra varía considerablemente según la etapa del desarrollo. En la primera infancia, más de la mitad del presupuesto corresponde al tiempo de cuidado. Por ejemplo, para un niño o niña de 0 años, el gasto equivale a $369 mil en tiempo y $366 mil en bienes y servicios. En cambio, en la adolescencia, el peso recae principalmente en los bienes y servicios: entre los 14 y 17 años, el costo mensual asciende a $418 mil en productos y solo $68 mil en tiempo.

En términos absolutos, los extremos de la infancia marcan la diferencia: criar a un niño de 2 años cuesta en promedio $709 mil mensuales, mientras que, en la adolescencia, a los 15 años, el gasto desciende a $485 mil.

“Criar a un niño no es solo responsabilidad de los padres: es también tarea de toda la sociedad. Sabemos que el desarrollo de la niñez implica crecimiento económico para las familias, porque se requieren nuevos servicios como salud, educación, cuidado y protección social. Los niños necesitan apoyos multidimensionales y en eso también está el tiempo. Este estudio muestra, por ejemplo, que a medida que los hijos crecen, los padres tienen menos tiempo con ellos, pero los gastos aumentan, sobre todo en la adolescencia. Por eso, es fundamental que las políticas públicas consideren todas las etapas para acompañar su desarrollo”, concluyó la representante de UNICEF en Chile, Violet Speek-Warnery.

¿Por qué es importante contar con una Canasta de Crianza?

La Canasta de Crianza entrega una estimación clara del esfuerzo económico y de tiempo que enfrentan las familias al criar a niños, niñas y adolescentes y permite contar con un insumo central para fortalecer las políticas públicas de infancia. Entre otros aspectos permite:

• Fortalecer la protección social: al dimensionar con precisión el esfuerzo que hacen las familias, se pueden diseñar transferencias y servicios que alivien esa carga, especialmente en contextos de pobreza y vulnerabilidad.
• Orientar de forma más eficiente la oferta pública de apoyos y servicios: la Canasta de Crianza muestra cómo varía el costo de criar según la edad de los niños, la composición familiar y las condiciones socioeconómicas. Esto favorece un enfoque diferencial, esencial para avanzar hacia políticas de cuidado universales, accesibles y equitativas.
• Visibilizar el valor económico del tiempo de cuidado no remunerado: al poner en evidencia un aporte fundamental que no suele registrarse en la economía formal, se refuerza la necesidad de políticas que redistribuyan las responsabilidades de cuidado y promuevan la corresponsabilidad.
• Respaldar demandas de pensión de alimentos: la Canasta de Crianza ofrece una herramienta técnica y objetiva para fundamentar ante tribunales el costo real de criar a un hijo/a. Esta estimación clara y documentada incluye tanto los gastos directos —alimentación, educación, salud, transporte— como el valor económico del tiempo de cuidado, fortaleciendo los argumentos de madres y representantes legales.
• Reforzar la visión de la crianza como inversión social: los niños y niñas serán quienes sostendrán las economías y sistemas de protección social en el futuro. Valorar la crianza permite reconocer que no es solo una responsabilidad privada, sino una inversión con altos retornos para toda la sociedad.