• En el encuentro, que se desarrolló en la Escuela Abraham Lincoln, participaron un centenar de vecinos y vecinas de la comuna.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, junto a la delegada Presidencial Regional de Valparaíso, Sofía González y al alcalde de Quillota, Oscar Calderón, participaron este mediodía, con vecinos y vecinas de esta comuna, del Diálogo Ciudadano “Pensiones y Pacto Fiscal para Chile”, iniciativa que busca recaudar un 2.7% del PIB los que van en gran porcentaje a financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal, PGU, y ampliar su cobertura.

En la oportunidad la ministra Antonia Orellana señaló que “tal como nos encomendó el Presidente, nos estamos desplegando para contar cuál es la propuesta del gobierno respecto a mejores pensiones y respecto a un Pacto Fiscal, y yo desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género quiero insistir en que podemos discutir muchas cosas, pero hay un hecho que es indesmentible, y es que las pensiones de las mujeres, si solo fuera por la cotización individual, serían hoy de 32 mil pesos. Y, por lo tanto, quienes están proponiendo que todo se vaya a la cotización individual, no nos están proponiendo nada para las mujeres. Así que les invitamos a que podamos hacer propuestas que se funden en la realidad de lo que viven hoy la mayoría de las mujeres del país”.

Por su parte, el Ministro de Economía Fomento y Turismo, Nicolás Grau, señaló que hoy “tuvimos una muy buena jornada en Quillota, donde junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género tuvimos una instancia de diálogo junto a vecinas y vecinos para poder presentar los elementos fundamentales para el gobierno, entendiendo que aquí lo central es abordar un conjunto de necesidades urgentes para la población: aumentar la PGU, abordar un conjunto de falencias en cómo cubrimos de forma colectiva las labores de cuidado, mayor seguridad, mejor salud, todo esto requiere más recursos y el pacto fiscal propone un camino para aquello, un camino que implica más crecimiento, que implica una mayor eficiencia del gasto, que implica disminuir la evasión y la elusión tributaria para que todos realmente paguen los impuestos que corresponden”, dijo.

Propuestas concretas

La propuesta del gobierno para mejorar las pensiones considera:

Fortalecimiento de la PGU: La propuesta de Mejores Pensiones para Chile considera fortalecer la PGU a través del aumento de la cobertura y monto a $250.000. Además, incorpora a pensionados de leyes de reparación.

Creación del Seguro Social: La reforma de pensiones propone la creación del Seguro Social con una nueva cotización del 6% con cargo al empleador.

Se establece una nueva pensión con garantía de 0,1 UF por año cotizado, lo que permite subir las pensiones actuales.

Además, la propuesta incluye bono tabla a mujeres y otros complementos.

Protección del ahorro individual (10% del trabajador): Considera la reducción de los costos y fortalecimiento de la capacidad de elegir entre administradores públicos y privados.

¿Qué es el Pacto Fiscal?

El pacto fiscal propuesto por el Gobierno es un conjunto de medidas que incluyen la modernización del Estado para fortalecer la transparencia del gasto público y una agenda para promover la inversión, productividad y el crecimiento.

En total, son 20 medidas de reforma del Estado y 38 medidas para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento y proyectos de ley tributarios, uno sobre el combate a la evasión y elusión y otro con incentivos para la formalización y beneficios para la clase media.

• La iniciativa gubernamental busca aportar a la disminución de las brechas de género al interior de las organizaciones, tanto públicas como privadas.

11 de agosto de 2023.- En el marco del Plan Chile Para Todas del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a través del Fondo de Transversalización de Género, Metro de Santiago firmó su incorporación al programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

La actividad se realizó en la estación Baquedano de la Línea 1, hasta donde llegaron la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Luz Vidal Huiriqueo; la Directora Nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco Pizarro; la Gerenta de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro de Santiago, Paulina Campos. Las autoridades compartieron con trabajadoras que se desarrollan en distintas áreas de la institución.

“En el marco del plan Chile Para Todas, todos los ministerios y servicios gubernamentales se comprometen a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Esto incluye la estandarización del programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género de SernamEG, que es una de las más de 40 iniciativas que el Fondo de Transversalización de Género permite materializar y entregar a la ciudadanía”, explicó Luz Vidal Huiriqueo, subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género.

La incorporación de Metro de Santiago al programa del SernamEG es una acción inédita que pretende fortalecer el trabajo que realiza la empresa de transporte en materia de equidad de género.

“Para Metro nuestro marco es el propósito de acercar a las personas a vivir una mejor ciudad. Dentro de ese marco, tenemos definido hace un par de años como parte central de nuestra definición estratégica avanzar en temas de diversidad, equidad e inclusión y hemos venido desarrollando distintas iniciativas con foco en género. Por ejemplo, con el aumento en la incorporación de dotación femenina a nivel general, entre otras prácticas, que en los últimos dos años ha sido en torno al 5%, y que hoy del total de trabajadores de la empresa, el 27% corresponde a fuerza femenina. Hemos aumentado en áreas que son tradicionalmente masculinas, como los vigilantes privados y las áreas de mantenimiento. Avanzamos en otro tipo de iniciativas que buscan reforzar la corresponsabilidad, inaugurando nuestra primera sala de lactancia. Y así también con protocolos contra el acoso y la violencia de género. Sumarnos a este programa para nosotros es un paso más en este camino que estamos seguros va a reforzar los espacios de equidad entre hombres y mujeres”, enfatizó Paulina del Campo, Gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro de Santiago.

El programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género es una política pública permanente, presente de Arica a Magallanes, y que tiene por objetivo disminuir las brechas de género en las organizaciones, tanto públicas como privadas.

“Estamos muy contentas de incorporar a Metro al programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género, donde realizamos un proceso de acompañamiento en el diagnóstico que hacen las instituciones en sus culturas organizacionales, para detectar barreras, discriminaciones, para luego entregar planes de trabajo que permitan ir cerrando brechas de género en dichas organizaciones. Sabemos que esta empresa de trenes subterráneos ha realizado varias acciones en esta materia, pero ahora tendrá el apoyo de una institución, especializada como lo es el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género”, indicó Priscilla Carrasco Pizarro, Directora Nacional del SernamEG.

Las instituciones que ingresan al programa del SernamEG, también tienen la oportunidad de avanzar hacia la incorporación de la Norma NCh3262, la cual permite a las organizaciones detectar y visibilizar sus barreras, brechas e inequidad que estén presentes en su cultura organización, con el objetivo de implementar cambios en sus procesos con enfoque de género.

A la fecha, son 201 organizaciones las que están actualmente en el programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género, entre las cuales está Metro de Santiago, una de las más importantes del rubro de transporte.

Fondo de Transversalización de Género

El Gobierno, a través de la Ley de Presupuestos del Sector Público 2023, creó el Fondo de Transversalización de Género, programa de 3.085 millones de pesos destinado a financiar 44 iniciativas de distintas entidades públicas que busquen mejorar concretamente la vida de las mujeres en los ámbitos de su autonomía física, económica y/o sociopolítica. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género está a cargo del seguimiento de la ejecución de estos proyectos.

Pincha aquí para conocer el listado de iniciativas que financia este fondo.

• Este proyecto finalizará en diciembre y permitirá contar, por primera vez, con un diagnóstico concreto respecto a las inequidades de la comunidad en el rubro y una propuesta que buscará repensar el turismo a partir de la mirada de las organizaciones.

Esta mañana en la Casa del Turismo, el edificio sede de la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, se realizó el primer encuentro entre los representantes de organizaciones LGBTIQA+, autoridades y gremios turísticos, encuentro que se concretó con la finalidad de dar el vamos al trabajo que realizarán en conjunto para generar instrumentos técnicos que apunten a la equidad de género en el sector.

La actividad, que contó con la participación de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello; el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau Veloso; la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo Lagos y del director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez Villafranca, se enmarca en Chile Para Todas y su fondo de financiamiento – Transversalización de género – el que adjudicó a la Subsecretaría de Turismo un total de 52 millones y medio de pesos para la ejecución del proyecto “Turismo y comunidades LGBTIQA+”.

La ministra Antonia Orellana sostuvo que “El Fondo de Transversalización para la Equidad de Género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, está financiando iniciativas de innovación pública tales como la regularización de títulos de propiedad de mujeres en las zonas rurales del Biobío, como acelerar la inclusión de las mujeres en la industria de la pesca y en otras áreas productivas. Pero también, el incorporar a toda la diversidad de nuestro país, no solamente en la legislación y en la perspectiva de inclusión, sino también del desarrollo y la riqueza que pueden aportar a nuestro país. Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estamos muy contentas de poder ser parte de este trabajo de inclusión y de levantamiento de dificultades para la comunidad LBGTIQA+ tanto en su rol de turista como en su rol de empleadora o participante de la industria del turismo que sabemos que es, en su gran mayoría, una industria liderada por mujeres”.

El proyecto contará con reuniones mensuales con la comunidad LGBTIQA+, desde septiembre a diciembre, para levantar información que permita consolidar un diagnóstico y capacitaciones a prestadoras y prestadores de servicios turísticos respecto a brechas, barreras y buenas prácticas, además, de recomendaciones para el trabajo de mediano y corto plazo.

Nicolás Grau, ministro de Economía, Fomento y Turismo, comentó que “nuestro país no solo tiene que ser un país acogedor, amable, donde las personas de las distintas diversidades se sientan tranquilas cuando llegan acá, estén seguras, seguros, sino que también eso tiene que tener una expresión en puestos de trabajo y en, no solo en los empleados, sino también en emprendimientos de personas de la comunidad LGTBIQ+, y eso requiere política. Esto no va a ocurrir de forma natural. Requiere identificar con ustedes, y por eso es muy importante este tipo de diálogos, cuáles son los puentes reales que tenemos en esta materia. Hay que identificar cuáles son esos problemas y ver instrumentos de política que permitan solucionar esos problemas. Y de esa manera, seamos un país que no solo es seguro, donde por supuesto tenemos muchos desafíos para toda la comunidad, sino también sea un país que da oportunidades de trabajo y de realización y de esa manera se promueve la autonomía económica y estamos en este ciclo virtuoso de más reconocimiento y también más poder, más poder concreto en el bien”.

Proyecto de transversalización de género

El plan de trabajo considerará lineamientos estratégicos de género; la implementación de perspectiva de género en las políticas de emprendimiento, innovación y asociatividad; la visibilización y promoción de personas LGBTQIA+ en la economía; y la vinculación con el Programa Nacional de Conciencia Turística que lidera Sernatur.

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo Lagos, destacó la importancia de desarrollar políticas públicas desde la transversalización de género, “porque es el inicio de un proceso, que nos tiene muy contentos como institución, que nos permitirá avanzar junto a las organizaciones LGBTIQA+ hacia un turismo inclusivo, con equidad e igualdad de género, en el que el sector privado está presente y cumple un rol activo. Esto no es solo definir una política, sino que debemos implementarla, ver las brechas y plantearlo como propósito, porque tenemos que poner al centro a la persona y a su humanidad si queremos seguir creciendo como sociedad”.

La actividad inicial de este trabajo contó con la presencia de representantes de 10 organizaciones LGBTIQA+: Fundación Chile Diverso, Fundación Todo Mejora, Movilh, Oteduca, Acción Gay, Iguales, Asexuales y Arromantiques Chile, Amanda Jofré, Fundación Renaceres, Fundación Apoyo Familias Trans, además de integrantes de la sociedad civil, quienes, por más de dos horas, escucharon sobre el proyecto y plantearon sus inquietudes como la inserción en el mercado laboral, la importancia de trabajar en conjunto para definir políticas públicas eficaces, lo relevante de que se respeten las diversidades en la entrega de servicios turísticos, entre otros.

Respecto a instrumentos para facilitar la política pública de no discriminación, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez Villafranca, explicó que “estamos convencidos de que, para generar políticas públicas que se hagan cargo de los dolores y las problemáticas que las comunidades LGBTIQA+ identifican particularmente en el sector, tenemos que escucharlas. Nuestro compromiso es transformar esas inquietudes en instrumentos concretos de trabajo. Por eso, es muy importante, necesario y también urgente que estas participaciones sean con convocatorias más amplias. Hoy estamos junto a la comunidad, los gremios y el sector público, lo que es la clave para construir herramientas y es la forma de darle permanencia al tiempo”.

Los resultados del proyecto serán socializados con todas las organizaciones y participantes de este proyecto, además de comunicarlos a la sociedad civil.

• Expresó la secretaria de Estado en el conversatorio “A dieciséis años del caso Arce vs. Chile, Comentarios sobre la reforma a la sociedad conyugal”.

 En Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, encabezó el conversatorio “A dieciséis años del caso Arce vs. Chile, Comentarios sobre la reforma a la sociedad conyugal”, la actividad contó con la participación de Leonor Etcheberry Court, abogada integrante de la Corte Suprema y de Fabiola Lathrop Gómez, Directora del Departamento de Derecho Privado de esta casa de estudios, quienes analizaron la importancia de modificar este régimen del matrimonio y las indicaciones presentadas por el ejecutivo.

En 2007 el Estado chileno suscribió un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso de Sonia Arce Esparza, quien en 2001 recurrió a esta instancia internacional para denunciar la discriminación que vivía por ser una mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, condición que le impedía disponer de sus propios bienes. El primer compromiso adoptado fue la promulgación de una ley que modificara este régimen del matrimonio.

En este conversatorio, la ministra Orellana destacó que en mayo pasado se retomó la tramitación del proyecto de ley que modifica la sociedad conyugal, que se encuentra en el Congreso desde el año 2008 tras el acuerdo con la CIDH, con una serie de indicaciones presentadas por el Ejecutivo y con la voluntad transversal de ser tramitado con la mayor celeridad posible.

“Queremos saldar una deuda de muy larga data en nuestro país, y lo estamos haciendo en continuidad al trabajo ya realizado en gobiernos anteriores. En 2022 trabajamos en conjunto con expertas y expertos, organizaciones sociales, de mujeres, feministas y con los propios equipos de senadores y senadoras para alcanzar un amplio acuerdo respecto de las modificaciones a la sociedad conyugal que viene a hacerse cargo de una inaceptable e histórica discriminación que afecta a miles de mujeres”, enfatizó.

Este proyecto de ley, que se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado, busca establecer la plena igualdad entre los cónyuges en la administración de los bienes sociales, como también reconocer, en forma efectiva, la total capacidad de la mujer para la administración de sus bienes.

Indicaciones al proyecto

Entre las indicaciones que presentó el Ejecutivo a este proyecto de ley, se cuenta mantener la sociedad conyugal como régimen supletorio del matrimonio, porque se funda en el principio de solidaridad patrimonial entre los cónyuges, lo cual es una figura virtuosa; que la administración de los bienes sea conjunta, de ambos cónyuges, terminando con la arbitraria discriminación que ha afectado a las mujeres, y darle una protección especial a los inmuebles adquiridos por subsidio habitacional -que son en un 72% adquiridos por mujeres-, toda vez que bajo una administración en igualdad de condiciones entre los cónyuges, se requiere eliminar la figura del patrimonio reservado. Esta ha sido una materia especialmente controvertida, que pretende ser despejada en la discusión legislativa con la propuesta formulada desde el Ejecutivo. Junto con ello, el régimen de sociedad conyugal podrá también aplicarse a matrimonios del mismo sexo, dado que elimina la figura del marido y la mujer y se sustituye por cónyuge.

Este lunes concurrieron a una nueva sesión de las comisiones Unidas de la Mujer y de Constitución del Senado, las ministras del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; y de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, donde se analiza el proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia y que se encuentra en su segundo trámite constitucional, para continuar abordando las indicaciones y relevar que este tema es parte de la agenda de seguridad pública del gobierno.

En la oportunidad, la ministra Carolina Tohá manifestó que “la violencia de género es un problema prioritario para la seguridad pública. Por eso esta iniciativa, en la que hemos acompañado hoy a la ministra Orellana en la Comisión, se encuentra en nuestra agenda de seguridad, junto a diversas otras acciones que buscan transformarnos en un país libre de violencia contra las mujeres”.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto con destacar la participación de la ministra Carolina Tohá en la sesión de las comisiones unidas del Senado, subrayó que “la ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres es nuestra principal prioridad legislativa. Este proyecto de ley muestra la voluntad de nuestro gobierno de abarcar y combatir la violencia contra las mujeres desde una mirada intersectorial y que se relacione con la agenda de seguridad, uno de los temas prioritarios para la ciudadanía y que nos preocupa y ocupa como ministerio”.

Los objetivos de este proyecto de ley son:

• Establecer una ley marco que instituya un sistema de protección para niñas y mujeres contra la violencia de género.
• Fortalecer los mandatos sectoriales para la prevención y la erradicación de violencia contra las mujeres y niñas en razón de su género.
• Reconocer y definir las distintas formas en que se manifiesta la violencia de género, con el objeto de que sean coherentes con tratados internacionales ratificados por Chile y se puedan desplegar políticas, planes y programas que prevengan y sancionen, cuando corresponda, su comisión.
• Generar un sistema integrado de información para el seguimiento de las medidas decretadas en favor de las víctimas, junto con la creación de una comisión interinstitucional para la coordinación de las medidas estatales que se establezcan para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas.
• Modifica que se trate a niños y niñas en calidad de testigos de la violencia que viven sus madres para que sean considerados víctimas también.