- Las autoridades de Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, dieron a conocer los principales avances del 2021 – 2022 y los desafíos y propuestas que se impulsarán como parte de la agenda de gobierno.
Desde el Palacio de La Moneda, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello y la subsecretaria Luz Vidal Huiriqueo, realizaron la Cuenta Pública Participativa 2022, instancia en la que dieron cuenta de los principales avances del periodo 2021 – 2022.
La secretaria de Estado comenzó dando el contexto de las principales acciones que realiza el ministerio para luego entregar detalles de lo realizado.
“Respecto del cumplimiento del Plan de Igualdad 2018-2030, se diseñó un indicador de género para contribuir en la disminución de las inequidades, brechas y barreras de género. En 2021 el indicador fue comprometido por 157 servicios públicos, 43 de nivel regional y 114 de nivel central, a través de las especialistas de la División de Políticas de Igualdad, que colaboraron con cada servicio en el proceso de implementación de las medidas (…) Esto ha significado una serie de avances en el mejoramiento de las instituciones públicas para las mujeres, un ejemplo de ello es el compromiso adoptado por Subsecretaría de Prevención del Delito, que permitió la aplicación de la primera ´Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios´”, dijo la ministra Orellana, quien agregó que para el 2022, 160 servicios han comprometido el indicador de género.
Otra de las acciones desarrolladas durante el año pasado, también se encuentra la continuidad del asesoramiento y seguimiento en los servicios públicos del “Instructivo Presidencial Sobre Igualdad de Oportunidades y Prevención y Sanción del Maltrato, Acoso Laboral y Sexual”, lo que se conoce como protocolos MALS.
“Dentro de los avances legislativos del 2021, destacamos primero, la publicación de la Ley Nº 21.356, que establece la representación de género en los directorios de las empresas públicas y sociedades del Estado. Y segundo, la publicación de la Ley Nº 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el Sistema de Pago de las Pensiones alimenticias”, señaló la ministra.
Lo que viene
Uno de los ejes principales en los que se encuentra trabajando el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y que guiarán toda la gestión es la transversalización de una perspectiva de género en el Estado que apunta a que todas las políticas, planes y programas que se generen desde cualquier instancia estatal, deban considerar los impactos diferenciados que tienen en la vida de las mujeres y las niñas. “Una de las mayores medidas que hemos implementado para que esto se lleve a cabo, es el nombramiento de las asesoras de género en cada uno de los 23 ministerios. Ellas tienen el rol de asesorar a cada ministro o ministra en las metas de sus carteras, incorporando la perspectiva de género en el plan de gobierno que le corresponde y así lograr que esta se constituya efectivamente como una política de Estado. En este punto, destacamos la apertura de la primera unidad de género en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que nos permitirá fortalecer estrategias para promover la participación laboral de las mujeres, en condiciones de trabajo decente y fortalecer el enfoque en el nuevo sistema de pensiones”, dijo la ministra.
En tanto, “como ministerio, hemos decidido darle prioridad al avance legislativo del proyecto de ley sobre el derecho a vivir una vida libre de violencia, mejorando sus definiciones y alcance, de manera que esta sea una ley que agrupe los distintos tipos de violencia que sufren mujeres y disidencias, en todo el circuito de la violencia: desde la prevención hasta la sanción, reparación y erradicación”, dijo la secretaria de Estado.
Hoy el gobierno busca incorporar indicaciones a este proyecto que extienden la obligación de ejecutar medidas de prevención a todos los órganos de la administración del Estado; que precisan conceptos y el uso de lenguaje inclusivo; y que reconozcan la violencia de género más allá de las relaciones heterosexuales o íntimas; entre otros elementos que esperamos desarrollar durante su tramitación legislativa.
Otra de las propuestas legislativas realizadas por el ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es el Proyecto de ley para el Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, el cual fue construido con las parlamentarias y las organizaciones sociales y que ya fue aprobado de manera unánime por la comisión de Mujer del Senado.
Un importante paso que se encuentra dando el ministerio es la instalación de la Mesa por los Derechos de las Personas LGBTIQA+, junto a Irina Karamanos y su equipo. “El ministerio debe representar a las mujeres en su amplia diversidad, construir política e institucionalidad para ellas, y junto con ello debe tener la capacidad de reconocer a quienes son parte de esa diversidad y requieren un lugar en el Estado que reconozca sus necesidades. Esta mesa, que ya tiene una planificación mensual de trabajo para todo el 2022, está compuesta por organizaciones de la comunidad LGBTIQA+, las diversas asesoras de género de cada uno de los ministerios, y pretende poner en común, orientaciones para la construcción de políticas públicas, para una comunidad que ha sido olvidada por el Estado”, dijo la ministra Orellana.
En tanto, junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia se estableció la Mesa Interministerial del Sistema Nacional de Cuidados, “desde donde constituiremos una Secretaría Técnica liderada por ambos ministerios y que tendrá como mandato el diseño e implementación progresiva de un Sistema Nacional de Cuidados”.
Por su parte, la subsecretaria Luz Vidal, destacó la constitución de las Comisiones de Igualdad de Derechos y Equidad de Género que funcionarán en las 16 regiones de nuestro país, para levantar agendas de género regionales, y contribuir al proceso de descentralización del Estado.
“También desde las Seremías se ha colaborado con las Jornadas de Educación No Sexista, como la primera de una serie de instancias, de carácter voluntario, que buscan generar una reconstrucción y reparación de las confianzas, y así lograr avanzar hacia escuelas y liceos inclusivos con la participación de las y los estudiantes”, señaló.
