El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Misión Permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA) nombró a Mónica Maureira Martínez para ser parte del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (MESECVI), instrumento suscrito por Chile en 1994 y ratificado en 1996.
Mónica es periodista con postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización y egresada del Magister de Comunicación Política de la Universidad de Chile. Cuenta con una extensa trayectoria en el diseño de estrategias políticas y comunicacionales para organizaciones nacionales e internacionales en el área de desarrollo, género y derechos humanos.
Es integrante del Observatorio de Género y Equidad y experta auditora para la Norma Chilena Nch3262 sobre Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal. Trabajó en la organización humanitaria Oxfam en Chile como oficial de comunicaciones y en Honduras como consultora del programa Justicia de Género. Fue consultora para la Unión Europea y UNFPA en Chile.
Actualmente Mónica Maureira se desempeña como responsable de las Comunicaciones de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile y docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales en cursos de comunicación y derechos humanos.
Convención de Belém do Pará
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, en 1994, y en ella se establece por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres, en la lucha para eliminar la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado.
En 2004 se creó el Mecanismo de Seguimiento de la Convención (MESECVI) que es un proceso de evaluación y apoyo continuo e independiente el cual analiza los avances en la implementación de la Convención por sus Estados Parte, así como los desafíos persistentes en las respuestas estatales ante la violencia contra las mujeres.
