“Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estamos llevando adelante la coordinación de las políticas para la población LGTBIQA+ en nuestro país. Y queremos expresar nuestra preocupación por el tono en el debate público desde ayer”, expresó la ministra Antonia Orellana, en el marco del llamado a no denunciar delitos y hechos de violencia dado a conocer públicamente.
Y agregó que “creemos que es una señal preocupante el que se llame a no denunciar, porque precisamente las cifras que manejamos, gracias a las encuestas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, es que las personas de la comunidad de la diversidad, disidencias sexuales y sexo genéricas, no se atreven a denunciar por distintos motivos: por temor a la discriminación, porque no saben que es un delito lo que enfrentan. Nos parece, sobre todo, que relativizar agresiones tan graves, aunque sean ficcionadas, pero agresiones tan graves como una que podría haber terminado en un homicidio, es preocupante”.
En ese sentido, la secretaria de Estado indicó que “nuestro país ha hecho un esfuerzo persistente desde el año 2013 por aumentar la representación jurídica para la población LGTBIQA+ ante denuncias de agresión, discriminación, a partir de la promulgación de la ley Zamudio”.
Convenio con Ministerio del Interior y Seguridad Pública
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género suscribió recientemente un convenio con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública que permite avanzar en litigación estratégica para casos en los que sean cometidos delitos de homicidio o lesiones graves de alta connotación pública en contra de víctimas de la población LGBTQI+, lo que está a cargo de la división jurídica del Ministerio del Interior y de las delegaciones presidenciales.
En la práctica, esto significa que el Estado, se hace parte como querellante en causas en las que se hayan cometido delitos de homicidio y lesiones graves que sean motivados por crímenes de odio a la población de disidencias, y que hayan alterado el orden y seguridad pública.
“Como ministerio hemos dispuesto ante la falta de institucionalidad para la comunidad diversa y disidente, primero el trabajo en conjunto con las organizaciones de la comunidad en una mesa para desarrollar ese músculo en el Estado, pero también hemos desarrollado una línea de representación jurídica en un convenio con el Ministerio del Interior, ya que el Servicio Nacional de la Mujer no tiene específicamente ese mandato”, explicó la ministra Antonia Orellana
“Estamos presentando querellas, de hecho, respecto del caso del chef que fue atacado en la quinta región hace poco, el gobierno se querelló a través de la Delegación Provincial, gracias a este convenio. Y le queremos decir a la comunidad que precisamente hay denunciar, que este gobierno quiere desarrollar los mecanismos de acogida y que en cuanto a la comisión de delito no hay ciudadanos de primera y de segunda clase por su orientación sexual o identidad de género. Todos tienen el derecho a ser representados jurídicamente y que los delitos que se cometen en su contra sean perseguidos”, concluyó la autoridad.
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