- En comisiones unidas de Constitución y Mujer del Senado, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, presentó las principales indicaciones a la iniciativa, prioridad en la agenda legislativa del Ministerio.
Hoy se retomó la discusión del Proyecto de Ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, conocida como ley integral de violencia, prioritario en la agenda legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
El gobierno presentó un paquete de indicaciones a la iniciativa, que ingresó en 2017 durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, las cuales buscan robustecer el proyecto y establecer una mejor articulación y coordinación del Estado para la prevención, erradicación y reparación de la violencia de género, en concordancia con los compromisos de Chile al suscribir y ratificar la Convención de Belém do Pará.
“Este proyecto, gracias al acuerdo de la Comisión de Constitución del Senado y también de la Comisión de Mujer presidida por la senadora Claudia Pascual, va a poder verse en conjunto en ambas comisiones. Y lo más importante es que no solo reactivamos la discusión de esta ley que llevamos esperando por tanto tiempo, sino que además lo hacemos con contenidos nuevos”, dijo la ministra Orellana.
Dentro de las indicaciones más importantes se encuentra la incorporación de la violencia de género que sufren niños y niñas, ejercida con el objeto de dañar a sus madres y cuidadoras; además se precisa las formas de violencia que existen y los principios que fundan esta ley marco, para efectos de facilitar su aplicación. Todo ello con el objeto de que el sistema de justicia tenga un abordaje integral, y no seccionado, del problema.
A lo anterior, se suma la creación de un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género que consistirá en la creación de un expediente único de organización de datos personales e información sobre casos de violencia de género. Esto permitirá, entre otras cosas, levantar alertas tempranas sobre víctimas que estén siendo asistidas por el Estado, generar información anonimizada con el fin de evaluar y analizar el impacto de políticas públicas, identificar la necesidad de legislación, políticas o procedimientos para responder a la violencia de género. Es decir, se establece una mejor articulación entre las distintas instituciones pertinentes, mejorando la capacidad respuesta ante la violencia de género.
Respecto al acceso a la justicia, se propone el fortalecimiento de las medidas cautelares y un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia. Además, se refuerza la facultad para decretar medidas cautelares respecto de obligaciones de alimentos y se faculta a las magistraturas para decretar suspensión de régimen comunicacional, en casos de violencia de género, y se establecen medidas especiales para los casos de violencia sexual, con el fin de reducir la victimización secundaria y la existencia de estereotipos de género contra las víctimas, entre otros aspectos.
“Estamos muy contentas porque hemos logrado, de acuerdo común con todo el gobierno, el poder establecer un informe financiero que le entrega recursos a la implementación de esta ley, lo que va a permitir poder tener un impacto mayor que no solamente esto quede en el papel, sino que se empiece a implementar a través de una plataforma integrada de gestión de casos. Qué quiere decir eso, que las mujeres dejen de tener que estar recurriendo de institución en institución, en un largo peregrinar, para poder tener una ficha única que permita prevenir y también atender más a tiempo”, concluyó la ministra Orellana.
