Un encuentro con alcaldes y alcaldesas de distintas regiones del país fue encabezado hoy por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana y la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, para entregar detalles respecto de la implementación del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, que comienza a regir desde el próximo 18 de noviembre.

La alcaldesa Leitao señaló que “como municipios queremos fortalecer y trabajar una agenda de género municipal que sea relevante y que tenga impacto en nuestras comunidades, y en ese contexto, un tema muy importante es esta nueva ley, que genera un registro de personas deudores de pensión alimenticia y que contempla una serie de medidas para incentivar el pago de las pensiones, como la posibilidad de denegar la entrega del permiso de conducir para quienes figuren en este registro”, señaló.

“Quienes estén en el registro – y esa es la patita que le compete, por ejemplo, a los municipios – no van a poder renovar su licencia de conducir, pero tampoco van a poder renovar el pasaporte, se les va a retener su devolución de impuestos de la operación renta, no van a poder inscribir ventas de vehículos o bienes muebles o inmuebles si no se acredita que los recursos van para el niño o niña y otra serie de apremios”, dijo la ministra Orellana, respecto de los alcances de la medida, quien agregó que en conjunto con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, “cuyo Registro Civil depende administrativamente el Registro Nacional de Deudores, ya enviamos un oficio a más de 600 instituciones solicitando que se enrolaran”.

Además, señaló que desde el gobierno “vamos a generar un calendario de capacitación para los municipios, entregando la información necesaria para lograr una correcta implementación de esta ley”.

Cabe señalar que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género impulsó durante el primer semestre, de este año, la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos que fue aprobada en agosto de manera unánime por el Congreso y que busca establecer un mecanismo de pago permanente de la deuda que mantiene el deudor con uno o más hijos/hijas; mejorar el acceso sobre la información financiera de los deudores, siendo el Estado el encargado de investigar las cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión o financieros que éste tenga y que el proceso se realice con criterios de justicia y dignidad.