• Las autoridades de ambas carteras dieron cumplimiento al compromiso de gobierno en esta materia.

En el Hospital San Juan de Dios, las ministras de Salud, Ximena Aguilera, y de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, encabezaron el lanzamiento del Manual de Fiscalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, dirigido a profesionales de las Seremis y/o de la Superintendencia de Salud, para supervisar el correcto funcionamiento de esta norma.

El objetivo del manual es estandarizar el proceso de supervisión de la Ley 21.030 para las instituciones públicas y privadas, entregando una pauta técnica para evaluar el cumplimiento de los cuerpos normativos de la ley, basado principalmente en las funciones de la red asistencial, nivel de atención, entrega de información, consentimiento informado y constitución de las causales

Adicionalmente, se proporcionan recomendaciones para la constitución de la visita en terreno y elementos críticos que el o la profesional de la Seremi de Salud y eventualmente de la Superintendencia del ramo, en su rol fiscalizador, debe considerar.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó el monitoreo social que han hecho diferentes organizaciones de la aplicación de esta ley y dijo que “este Manual refuerza nuestro compromiso por garantizar y tener acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, muy preliminarmente, va a permitir hacernos cargo de las falencias que han ido identificando los monitoreos sociales. Como, por ejemplo, identificar qué se les informa a las mujeres sobre su derecho a hacer uso de esta prestación en caso de constituirse alguna de estas causales, o también el poder revisar si es que se ofreció un método anticonceptivo a la usuaria post interrupción voluntaria del embarazo. También, por ejemplo, constatar que en caso de la tercera causal exista la denuncia por parte del director o directora del establecimiento”.

Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que “esta es una deuda que tiene el Ministerio de Salud desde que se publicó la ley por lo que estamos muy contentos de dar este hito en el que avanzamos en la fiscalización de las consideraciones para la inspección sanitaria, para la pauta de chequeo para la interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos lo que significa también en respaldo para las funcionarias y los funcionarios y para garantizar las condiciones de las mujeres que están solicitando este este acceso a la interrupción y las gestantes que están solicitando el acceso a interrupción voluntaria del embarazo”.

Algunas cifras

A 5 años de promulgada la ley, cuatro de cada 10 médicos obstetras en hospitales públicos son objetores de conciencia en causal de violación, lo que corresponde a un 43%; un 15% lo es ante el riesgo de vida de la madre y un 23% ante inviabilidad fetal.

Al implementar la ley se proyectaban 3.000 casos anuales, sin embargo, se han realizado 3.300 intervenciones entre 2018 y 2022, lo que podría estar traduciéndose en procedimientos que se desarrollan en la clandestinidad.

El mayor porcentaje de casos está vinculado con la inviabilidad con la vida del embrión o feto, con un 51 % (segunda causal), seguidas por peligro de vida de la persona gestante, con un 31 % (primera causal) y por último violación, con un 18% (tercera causal).

La gran mayoría de las interrupciones se realizan en la red pública de salud, por atención a través de FONASA, con un 84%.