- Entre otras, la ley establece una pensión para niños y niñas hasta los 18 años cuya madre ha sido víctima de femicidio.
Esta tarde el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto con las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, participó en un encuentro en la comuna de Independencia con agrupaciones de familiares de víctimas de femicidio tras la reciente entrada en vigencia de la Ley de Reparación a víctimas de femicidio y sus familias.
Al finalizar la reunión, el Mandatario enfatizó en que la violencia hacia las mujeres es un problema de seguridad pública y señaló que “esta norma implica justicia, implica reparación, se hace cargo de la deuda que existe con las víctimas de femicidio y hoy lo que estamos haciendo, justamente, es saldar esta deuda”.
“Fue emotivo estar adentro con familiares de víctimas de femicidio y violencia machista que conozco hace muchos años, a quienes acompañé como activista y a quienes hoy puedo decirles con emoción que algunas de las cosas que las apremiaban van a empezar a tener solución a partir de la ley de reparación Integral a víctimas de femicidio”, expresó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.
Durante la actividad, se les entregó a las y los familiares de víctimas de femicidio y agrupaciones presentes un cuadro con la publicación del Diario Oficial de la Ley N°21.565, que establece un régimen de protección y reparación en favor de las víctimas de femicidio y suicidio femicida y sus familias.
En el diálogo previo también participaron la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; la ministra de Minería, Marcela Hernando; la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Luz Vidal; y las diputadas patrocinantes de la nueva ley, junto al alcalde de la comuna, Gonzalo Durán.
Principales aspectos de la ley de reparación a víctimas de femicidio
Establece que todos los órganos del Estado deben adoptar medidas para facilitar la atención y reparación de las víctimas, para que así sean consideradas de manera preferente en la oferta de protección social.
Además, posibilita fuero laboral para víctimas de femicidio frustrado o tentado hasta un año después de perpetrado el hecho; así también, sus familiares podrán asistir a todas las diligencias de investigación y judiciales que se requieren, bastando la citación para ausentarse de su trabajo.
Se establece también una pensión para niños y niñas cuya madre ha sido víctima de femicidio, otorgada a través del Instituto de Previsión Social, hasta que cumplan la mayoría de edad.
El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género será la institución encargada de determinar la condición de víctimas de femicidio a fin de que puedan acceder a las prestaciones estatales para su reparación, mediante un reglamento dictado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y suscrito por el Ministerio de Hacienda.
