• En el encuentro con vecinas de Lo Espejo, se profundizó en los derechos de niños, niñas y adolescentes, y cómo esta nueva normativa garantiza y protege sus derechos fundamentales.
• Cabe destacar que, a poco más de 6 meses de entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, hay más de 87 mil deudores registrados, con una deuda de más de 96 mil millones de pesos, que afectan a más de 114 mil niñas, niños y adolescentes.

Con el propósito de dialogar y debatir sobre la problemática de las deudas de alimentos en el país, así como las medidas y soluciones propuestas en la nueva Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, llegaron hasta la Casa de la Cultura de Lo Espejo, vecinas y dirigentas sociales de la comuna.

La actividad fue liderada por el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson Drago; la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Luz Vidal Huiriqueo y la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva Villalobos. Además, estuvieron presentes autoridades de la Municipalidad de Lo Espejo, encabezadas por la alcaldesa Javiera Reyes Jara.

El ministro Jackson destacó las modificaciones a instrumentos de caracterización socioeconómicos, que han permitido agilizar la tramitación para el pago de pensión de alimentos: “Tenemos muy buenas noticias respecto al Registro Social de Hogares, especialmente para las madres y para seguir avanzando en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hemos simplificado el trámite para que puedan a través de una declaración jurada informar el no pago de las pensiones de alimentos y así ese ingreso no será considerado a la hora de hacer su evaluación socioeconómica. Ese es un trámite simple, para que las mujeres tengan menor carga”.

“Hoy estamos en los territorios, de la misma manera en que esta ley fue gestada, ya que se levantó y empujó en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, con las mujeres que se llevaron solas el peso económico y emocional de la crianza. Este avance, va de la mano con el trabajo que estamos realizando hacia un Sistema Nacional de Cuidados, que garantice y promueva la corresponsabilidad social”, enfatizó la subsecretaria Vidal.

En su exposición sobre la ley, la subsecretaria Silva dijo a las vecinas que “la Ley de Garantías establece el derecho de todo niño o niña a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; siendo un deber de sus padres, madres y demás personas a cargo, proporcionar esas condiciones. Para cumplir este objetivo, la Convención también establece el pago de la pensión de alimentos como un derecho. Por lo tanto, la ley recientemente promulgada avanza decididamente en garantizar estos derechos para los niños, niñas y adolescentes del país.”

Durante el Diálogo Ciudadano, se presentó un diagnóstico de la situación actual, destacando las cifras alarmantes de deudas de alimentos en el país. Según el último informe de la Superintendencia de Pensiones, hasta marzo de 2023 se habían solicitado más de 634 mil liquidaciones por deudas de alimentos, con un desembolso total de 775 millones de dólares. Además, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos cuenta actualmente con 87.030 deudores inscritos y una deuda de más de 96 mil millones de pesos, que afectan a 114.732 niñas, niños y adolescentes.

Principales aspectos de la ley

El mecanismo de pago establecido en la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos contempla la posibilidad de solicitar la búsqueda activa de patrimonio del deudor en cuentas bancarias, instrumentos financieros y de inversión, así como en cuentas de ahorro previsional voluntario. En caso de no existir suficientes fondos en dichas cuentas, se podrá ordenar el pago mediante los fondos de la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del deudor, con límites específicos dependiendo de su edad.

El proceso de ejecución del mecanismo de pago incluye la solicitud de retención de fondos por parte del representante legal de los hijos, la investigación del patrimonio del deudor por parte del tribunal y la emisión de una resolución que ordena el pago con los fondos existentes.

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