- Expresó la secretaria de Estado en el conversatorio “A dieciséis años del caso Arce vs. Chile, Comentarios sobre la reforma a la sociedad conyugal”.
En Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, encabezó el conversatorio “A dieciséis años del caso Arce vs. Chile, Comentarios sobre la reforma a la sociedad conyugal”, la actividad contó con la participación de Leonor Etcheberry Court, abogada integrante de la Corte Suprema y de Fabiola Lathrop Gómez, Directora del Departamento de Derecho Privado de esta casa de estudios, quienes analizaron la importancia de modificar este régimen del matrimonio y las indicaciones presentadas por el ejecutivo.
En 2007 el Estado chileno suscribió un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso de Sonia Arce Esparza, quien en 2001 recurrió a esta instancia internacional para denunciar la discriminación que vivía por ser una mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, condición que le impedía disponer de sus propios bienes. El primer compromiso adoptado fue la promulgación de una ley que modificara este régimen del matrimonio.
En este conversatorio, la ministra Orellana destacó que en mayo pasado se retomó la tramitación del proyecto de ley que modifica la sociedad conyugal, que se encuentra en el Congreso desde el año 2008 tras el acuerdo con la CIDH, con una serie de indicaciones presentadas por el Ejecutivo y con la voluntad transversal de ser tramitado con la mayor celeridad posible.
“Queremos saldar una deuda de muy larga data en nuestro país, y lo estamos haciendo en continuidad al trabajo ya realizado en gobiernos anteriores. En 2022 trabajamos en conjunto con expertas y expertos, organizaciones sociales, de mujeres, feministas y con los propios equipos de senadores y senadoras para alcanzar un amplio acuerdo respecto de las modificaciones a la sociedad conyugal que viene a hacerse cargo de una inaceptable e histórica discriminación que afecta a miles de mujeres”, enfatizó.
Este proyecto de ley, que se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado, busca establecer la plena igualdad entre los cónyuges en la administración de los bienes sociales, como también reconocer, en forma efectiva, la total capacidad de la mujer para la administración de sus bienes.
Indicaciones al proyecto
Entre las indicaciones que presentó el Ejecutivo a este proyecto de ley, se cuenta mantener la sociedad conyugal como régimen supletorio del matrimonio, porque se funda en el principio de solidaridad patrimonial entre los cónyuges, lo cual es una figura virtuosa; que la administración de los bienes sea conjunta, de ambos cónyuges, terminando con la arbitraria discriminación que ha afectado a las mujeres, y darle una protección especial a los inmuebles adquiridos por subsidio habitacional -que son en un 72% adquiridos por mujeres-, toda vez que bajo una administración en igualdad de condiciones entre los cónyuges, se requiere eliminar la figura del patrimonio reservado. Esta ha sido una materia especialmente controvertida, que pretende ser despejada en la discusión legislativa con la propuesta formulada desde el Ejecutivo. Junto con ello, el régimen de sociedad conyugal podrá también aplicarse a matrimonios del mismo sexo, dado que elimina la figura del marido y la mujer y se sustituye por cónyuge.