- Entre las medidas que impulsará el Ejecutivo, está la calificación jurídica de “ausente por desaparición forzada” y el levantamiento parcial de la moratoria de secreto sobre los testimonios de la Comisión Valech.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde Soto, junto al titular de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, encabezaron esta mañana el lanzamiento de la agenda legislativa sobre derechos humanos del Gobierno, con la cual el Ejecutivo buscará avanzar en verdad, justicia y reparación a 50 años del Golpe de Estado Cívico Militar ocurrido en 1973.
Tras presentar los detalles del plan a las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura en el Centro Cultural Valparaíso (Ex Cárcel), los secretarios de Estado destacaron el compromiso de la administración del Presidente Gabriel Boric para promover el esclarecimiento de las violaciones a los DD.HH. cometidas en ese periodo y así encontrar justicia para las víctimas.
Luego del conversatorio, en el que también participaron las ministras de las Culturas, Artes y Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, y la de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, además de la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos Palacios y su par de DD.HH., Xavier Altamirano Molina, las autoridades dieron a conocer los detalles de las iniciativas, las cuales se concentraron en cinco ejes.
Al respecto, el ministro Elizalde, explicó que esta “robusta agenda permitirá sentar las bases para que nunca más se cometan las atrocidades que el país sufrió en el contexto de la dictadura. En ese marco, el Gobierno ha elaborado un listado de iniciativas que dicen relación con proyectos de ley que están en la actual tramitación en el Congreso, respecto a las cuales se les va a presentar urgencia e indicaciones y proyectos nuevos”.
Uno de los puntos fundamentales del plan es el levantamiento parcial de la moratoria de 50 años que rige sobre los testimonios otorgados a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, más conocido como Comisión Valech, el cual permitirá hacer disponibles, bajo reserva, los antecedentes contenidos en ese informe para su análisis y sistematización como parte del Plan Nacional de Búsqueda.
Asimismo, dicha iniciativa permitiría habilitar la posibilidad de que quienes hayan presentado su testimonio, o sus descendientes, puedan solicitar el fin del secreto respecto de su caso, resguardando la voluntad de aquellas víctimas que solicitaron mantenerlo, con el objetivo de reconstruir las trayectorias de las personas detenidas desaparecidas.
Sobre ese punto, el titular de Justicia y Derechos Humanos sostuvo que “la finalidad es poder cumplir con uno de los objetivos del Plan de Búsqueda, que es trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer, de modo que esa información pueda ser revelada en el evento en que se encuentren hallazgos relevantes previo consentimiento de las víctimas o sus herederos”.
En la misma línea, la ministra Orellana subrayó la importancia de esa medida: “En días en los que se habla de que la violencia sexual en contra de las mujeres bajo los centros de exterminio y tortura es una leyenda urbana, es bueno recordar que más de 3000 mujeres atestiguaron haberla sufrido, y que los propios comisionados señalan en su informe que probablemente es una cifra mucho mayor. Estamos posibilitando que quienes en su momento no pudieron declarar algo, pueda ser conocido para que nunca más ocurra”.
Agenda Legislativa de Derechos Humanos
En detalle, el Ejecutivo impulsará cinco medidas, cuatro de ellas en la línea de “Reparación” y otra en el marco de “Memoria y Democracia”. Aparte de lo relacionado a la Comisión Valech, el Gobierno buscará crear una calificación jurídica especial de “Persona ausente por desaparición forzada” y crear un padrón, llevado por el Registro Civil e Identificación, con un certificado correlativo a él, que estará disponible para la Administración del Estado.
También se impulsará la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal. Esto, con el objetivo de cumplir con la obligación adquirida por el Estado de Chile en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Dentro de la agenda, también se encuentra la generación de una Política de Memoria y Patrimonio, con el objetivo de mejorar los mecanismos de financiamiento y mantención de los espacios de memoria, fortalecer la regulación de estos con una perspectiva de preservación de la memoria y educación en derechos humanos.
La ministra de Culturas, Artes y Patrimonio, Carolina Arredondo, explicó que la idea de ese plan “es iniciar un proceso para establecer una mesa técnica que culmina con la formulación de esta política, además de mejorar el mecanismo y sistema de financiamiento de los sitios de memoria y fortalecer sus regulaciones. Memoriales con perspectiva siempre de educación, de difusión y divulgación en materia de DD.HH.”.
Por último, el Ejecutivo buscará aportar a la transparencia y conocimiento de la comunidad de leyes y otros textos legales que fueron dictados por la Junta Militar y que hasta ahora se mantienen secretos o con acceso restringido. A través de un proyecto de ley que ya está en tramitación, se promoverá la eliminación del carácter secreto de esas normas.
