- Seminario organizado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Universidad Diego Portales, para abordar esta iniciativa que se tramita actualmente en el Senado.
Con el fin de analizar la importancia de un proyecto de ley integral para el abordaje de la violencia de género, conocer perspectivas comparadas sobre la materia, y también, referirse a las indicaciones propuestas por el actual Ejecutivo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, encabezó el Seminario “Proyecto de Ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
El seminario se realizó en el contexto de la tramitación de la iniciativa que se encuentra actualmente en el Senado y participaron como panelistas, para comentar sus objetivos y avances, la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz; Graciela Angriman, jueza argentina; Diana Arango, representante del Banco Mundial; y Lidia Casas, académica de la Universidad Diego Portales.
En la oportunidad, la ministra Antonia Orellana destacó que “este proyecto de ley lo que buscaba, desde un inicio, cuando se presentó el 2017, fue establecer una ley marco, una ley de protección integral en armonía con lo dispuesto en la Convención de Belem do Pará, ratificada por nuestro país en el año 1996. Cuando asumimos decidimos reimpulsar este proyecto de ley y a fines del 2022 y a principios del 2023, con indicaciones sustitutivas del Ejecutivo, se ha estado tramitando en las Comisiones Unidas de Constitución y Mujer del Senado. Nos quedan muy pocas indicaciones para ser votadas, son 126 y hoy vamos en la 119, y esperamos poder aprobar el proyecto en Sala durante este verano”.
Principales contenidos de las indicaciones al proyecto
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género señaló que los aspectos más relevantes consolidados en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo a esta iniciativa “es, en primer lugar, actualizar definiciones de las distintas formas en que se manifiesta la violencia de género con el objeto que sean coherentes tanto con tratados internacionales ratificados por nuestro país, para que estas definiciones sean también útiles desde una perspectiva de no considerar que toda definición arroja como consecuencia la creación de un delito, sino que en algunos casos esta definición es útil para que se puedan generar y desplegar políticas, planes y programas que la prevengan y que la identifiquen”.
También se establece un borde conceptual para la violencia física, la violencia sicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia simbólica y este último es un ejemplo de que no lo estamos abordando desde el ámbito penal sino desde el mecanismo regulador que el Consejo Nacional de Televisión; la violencia institucional, la violencia política, bastante abordada en las legislaciones de países vecinos.
Asimismo, la violencia y acoso en el lugar de trabajo, “en donde tuvimos el desafío de hacer coincidentes los términos y estándares que se establecían con la tramitación en paralelo de la ratificación del Convenio 190 de la OIT, como hoy la ley para poder hacer esto con las indicaciones del Ejecutivo a la llamada Ley Karin; y la violencia ginecoobstétrica que esté definida como una forma de violencia precisamente en la búsqueda de generar una tutela estatal y no judicial, sino a través del desarrollo de planes, políticas y programas que contribuyan a erradicarla”, destacó la secretaria de Estado.
Se incorporó el concepto de violencia vicaria y esto permitirá reconocer a niños y niñas como víctimas directas de la violencia que se ejerce en contra de sus madres y cuidadoras, y no solo como testigos.
Por otra parte, el Ejecutivo en sus indicaciones crea nuevas figuras sustanciales para la operatividad de la ley integral como la Comisión para el abordaje de la violencia de género, que busca la coordinación a nivel nacional de las medidas adoptadas por el Estado para la prevención, la sanción, la erradicación de la violencia contra las mujeres y para la atención y reparación de las víctimas de esta. Así como un Sistema Integrado de información sobre violencia de género.
