Valparaíso. 29.07.2024.- Este jueves 1 de agosto entra en vigencia la Ley Karin, que actualiza la normativa chilena sobre acoso, discriminación y violencia en el trabajo, y establece como obligación de las empresas y de los órganos del Estado, un protocolo de prevención del acoso laboral y/o sexual y de la violencia en el trabajo, reforzando un enfoque preventivo que estaba ausente en la regulación chilena.

Además, la ley instaura mejores procesos de investigación del acoso sexual y se incorporan a la regulación las conductas de acoso laboral y la violencia en el trabajo.

Para difundir esta nueva normativa, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, llegó este lunes a la Universidad de Playa Ancha, en la Región de Valparaíso, para participar en un conversatorio junto a la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi Muñoz; el subsecretario de Previsión Social, y la encargada de Género del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Karen Mejías.

La ministra Antonia Orellana se refirió a los cambios que motiva esta ley dentro de las organizaciones, como “los desafíos de instalar los nuevos protocolos de prevención en todos los espacios de trabajo”, pero también al rol que asumirán tanto la Dirección del Trabajo como la Contraloría General de la República en la implementación y difusión de la norma en el sector privado y público, respectivamente.

“Lo que se afecta con el acoso y la violencia en el trabajo es la dignidad de las personas y, por lo tanto, sus derechos fundamentales. En ese sentido, algunas innovaciones están, por ejemplo, en la responsabilidad del empleador de proteger a sus trabajadores de terceros. Eso es fundamental para quienes trabajan, por ejemplo, en el comercio, en el sector salud”, señaló la ministra Orellana, quien también destacó la consideración de los medios digitales en la normativa, pues “hoy forman parte fundamental de la vida laboral y de la relación dentro de nuestros grupos de trabajo”.

En este sentido, la ministra de la Mujer explicó que “el llamado que estamos haciendo es a establecer el protocolo de prevención en cada lugar de trabajo. Creemos que la conversación entre compañeros de trabajo, entre jefes y con todo el entorno, permite establecer en conjunto cuáles son los límites de lo aceptable y lo que no, de acuerdo a esta nueva ley”.

Por su parte, el Subsecretario Claudio Reyes señaló que “la Ley Karin no es una amenaza, sino una oportunidad. Conversar sobre los protocolos, los cambios y los reglamentos es una oportunidad para, a través del diálogo, generar este cambio cultural dentro de la comunidad laboral.

“Es una ley que impulsa las tareas preventivas y no incorpora sanciones penales, aclaró la autoridad. En este sentido, explicó que “las instituciones tienen que modificar sus reglamentos y adquirir estos protocolos y para eso tienen plazo hasta este 31 de julio, porque el día primero de agosto entra en vigencia esta ley”. Asimismo, enfatizó que todos los instrumentos están publicados en https://previsionsocial.gob.cl/ley-karin/ .

Por su parte, la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi, señaló que “la normativa es muy clara”, y que está pensada “para que haya garantías para quienes van a denunciar y también hay medidas de acompañamiento, o sea, una política bastante completa”. La autoridad añadió que “hay muchas tareas, pero que son las típicas de cuando entra una legislación a regir”.

La aprobación y promulgación de la Ley Karin es parte de los compromisos del programa del Presidente Gabriel Boric en materia de Trabajo Decente y perspectiva de género, buscando garantizar espacios laborales seguros y libres de acoso.

De acuerdo con los últimos datos de la Dirección del Trabajo, entre el 1 enero 2022 y el 30 de abril 2024 se han recibido 4.645 denuncias presuntivas por acoso laboral, de las cuales 3.804 fueron hechas directamente por trabajadores/as, 67,8% mujeres. Asimismo, se han registrado 2.248 denuncias por temáticas relacionadas con acoso sexual, de las cuales 1.238 afectan directamente a personas trabajadoras, de las cuales 93,1% corresponden a mujeres.

Este conversatorio fue organizado por la Dirección de Equidad e Igualdad de Género de la UPLA, junto a las universidades que integran la Comisión de Equidad de Género del Consejo de Rectores de Valparaíso (CRUV) y las secretarías regionales del Trabajo, de la Mujer y la Equidad de Género y de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso.