02.08.2024. Este año se eligen en nuestro país representantes del gobierno regional, alcaldías y concejos municipales. En este contexto, y a propósito del conocimiento de casos de violencia contra mujeres por parte de candidatos y autoridades políticas, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género solicitó un pronunciamiento del Servicio Electoral (Servel).

Mediante un oficio de la ministra Antonia Orellana Guarello, se solicitó al Servel analizar estas situaciones en el marco de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres. Esta ley establece el deber del Estado de adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, y dispone que dichas acciones estatales deben ser diseñadas e implementadas conforme a los objetivos y principios definidos en el mencionado cuerpo legal.

En el documento, dirigido al director del organismo, Raúl García, se destaca que “la Ley de Violencia Integral no solo establece garantías para las víctimas, sino que también sistematiza las acciones estatales para abordar la violencia contra las mujeres, definiendo claramente requisitos, objetivos y obligaciones en relación con estas acciones”.

Esta nueva ley habla expresamente de violencia política, definida como una forma de agresión contra las mujeres que limita el ejercicio de sus derechos de participación política y, por tanto, cuenta con una regulación específica. Con el fin de realizar un trabajo conjunto y colaborativo en la materia, el Ministerio de la Mujer solicitó a este servicio estatal pronunciarse sobre las medidas que consideren debiesen adoptarse para la implementación efectiva de esta ley en contextos políticos y electorales, de modo de avanzar efectivamente en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, garantizando también su participación política, fundamental para el fortalecimiento de la democracia.

“Nos parece fundamental que los órganos estatales encargados de supervisar y fiscalizar las normas sobre campañas electorales, así como los partidos políticos, se pronuncien sobre las medidas que resulta necesario adoptar para la implementación efectiva de los mandatos contenidos en la nueva ley”, concluye el documento.