- Autoridades enfatizaron en la importancia de seguir mejorando y acompañando su implementación en los centros de salud.
- A junio de este año, 4.553 mujeres y niñas del país que han llegado a los centros de salud por casos de violación, riesgo vital o inviabilidad fetal, han decidido interrumpir su embarazo.
La Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo fue promulgada el 14 de septiembre de 2017 por la expresidenta Michelle Bachelet, una normativa que ha significado un importante avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Es por eso que este viernes 13 de septiembre la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Constanza Sánchez, junto a su par de Salud, Ximena Salinas, entregaron cifras respecto de su implementación y destacaron las medidas que se han llevado a cabo con el fin de garantizar su cumplimiento en toda la región.
“A 7 años de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, desde la Seremi de Salud hemos trabajado en fiscalizar el cumplimiento de los protocolos de la ley IVE en establecimientos de salud como es el caso del Hospital Clínico Hermina Martin, Hospital de San Carlos, Clínica Andes Salud Chillán y Clínica las Amapolas”, detalló la Seremi Ximena Salinas, quien añadió que “por otro lado, la educación a ambas clínicas desde los recintos hospitalarios públicos se ejecuta constantemente para promover las buenas prácticas y el monitoreo de cada caso, cumpliendo así, con los avances en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
A nivel nacional y de acuerdo a los datos del Departamento de Estadísticas de Información de Salud, desde 2018 a junio de este año han llegado a los centros de salud 5.370 mujeres y niñas que han tenido derecho a acogerse a una de las tres causales. De ellas, cerca del 85% (4.553) decidieron interrumpir su embarazo, decisión que en la causal de violación llega a cerca de 92%.
En Ñuble y desde la implementación de esta normativa, se han realizado 93 procedimientos bajo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE), correspondiendo 36 casos a la causal 1 (riesgo vital de la madre); 33 casos a la causal 2 (inviabilidad fetal) y 24 casos al alero de la causal 3 (violación).
Para la Seremi Constanza Sánchez “estas cifras dan cuenta de algo muy importante, que es el poder de decisión que otorga esta ley a las mujeres. Nos muestra que las mujeres tienen la posibilidad de decidir si acceder o no a este derecho establecido en la ley, y que muchas de ellas deciden continuar su embarazo, pero que la gran mayoría decide interrumpirlo, sobre todo en el caso de violación. Por eso insistimos, la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres trata precisamente de garantizar que las mujeres puedan decidir sobre su planificación de vida”, subrayó.
Modificaciones al reglamento
El 31 de mayo de este año el Gobierno ingresó a la Contraloría General de la República modificaciones al reglamento de objeción de conciencia, “resguardando este derecho de los profesionales y técnicos que intervienen en el procedimiento IVE, que está consagrado en la ley”, señaló la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, pero asegurando el acceso a este derecho garantizado en la ley, con más y mejor información para las mujeres y niñas que se encuentran en estos casos; la creación de un protocolo de reasignación y derivación acordes a instrucciones que emitirá el Ministerio de Salud y que será común para todos los establecimientos, y otros lineamientos que permitan dar continuidad a la atención y garantizar que esta sea siempre oportuna y sin costo adicional, evitando que mujeres y niñas tengan que deambular entre centros de salud, cambiarse de ciudad o recorrer distintas regiones para ejercer su derecho.
Antecedentes de la ley
La Ley que Regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE) permite, mediante la voluntad de la mujer, la interrupción de su embarazo en caso de riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación. En este último caso, el límite es de doce semanas de gestación y catorce semanas en caso de niñas menores de 14 años.
Es importante mencionar que desde 1931 y hasta 1989, en Chile estuvo permitido el aborto terapéutico, con una interpretación amplia respecto de las causales, esto hasta que fue prohibido por la dictadura militar. Veintiocho años después el Congreso de Chile aprobó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE).
Aunque el proyecto aprobado fue llevado al Tribunal Constitucional por la oposición de ese entonces, el órgano rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad, materializándose en la Ley N° 21.030.
Esta norma cuenta hoy con una gran legitimidad social, logrando -de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de junio y julio de 2024- la adhesión mayoritaria de la población cuando se consulta sobre la posición respecto del aborto (45%), seguida de cerca por la opinión de que el aborto debe ser una opción en cualquier caso (38%). Ambas posturas suman un 83% de adhesión. “Aquí estamos hablando de algo que es transversal en cuanto a su validez a la sociedad chilena”, señaló la ministra Orellana.
