- Seremis de la Mujer y de Salud enfatizaron en la importancia de seguir mejorando y acompañando su implementación en los centros de salud.
- A nivel nacional, 4.553 mujeres y niñas que han llegado a los centros de salud por casos de violación, riesgo vital o inviabilidad fetal, han decidido interrumpir su embarazo.
La Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo fue promulgada el 14 de septiembre de 2017 por la expresidenta Michelle Bachelet, una normativa que ha significado un importante avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“Para el Ministerio de la Mujer, esta es una legislación que viene a reforzar lo que hemos dicho siempre: el derecho a las mujeres a decidir sobre lo que pasa con su cuerpo. Hoy día reivindicamos ese derecho y también queremos avanzar en más. Con esta legislación, que ya cumple 7 años, en la región de Magallanes hay que decir que las mujeres han decidido. Es así que el 97% de los casos decidió por interrumpir su embarazo por estas 3 causales y hay un 3% que decidió continuar. Vale decir, existe la posibilidad de optar, de tomar la decisión para continuar con el embarazo o interrumpirlo”, señaló la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando.
De acuerdo con las cifras entregadas por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, en Magallanes desde el año 2018 se constituyeron y reportaron 68 casos entre enero de 2018 y junio de 2024, de los cuales 66 decidieron interrumpir el embarazo. De estas interrupciones, 26 casos corresponden a la causal Peligro para la vida de la mujer; otros 26 se registran bajo la causal Inviabilidad fetal de carácter letal; y 14 por Embarazo por violación.
Al respecto, la seremi de Salud, Francisca Sanfuentes Parga detalló: “la Ley IVE del año 2017, que establece la posibilidad del aborto en tres causales, ha representado estos años un tremendo avance en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nosotros, como sector salud y como Seremía, hemos trabajado durante estos años en el acompañamiento de la implementación de este proceso en los hospitales públicos y privados de nuestra región, asesorando, capacitando y también fiscalizando que todos los procesos que conlleva esta oferta pública estén implementados de la forma correcta y podamos efectivamente en nuestra región estar entregando en este momento el apoyo, la orientación, el acompañamiento a las mujeres que así lo solicitan para, en el fondo, asegurar este derecho y el cuidado de su salud”.
Más de 5 mil casos a nivel nacional
“Gracias a esta ley, las mujeres tienen hoy la posibilidad de decidir si continúan o no con estos embarazos en condiciones extremas, y las cifras muestran que muchas de ellas deciden continuar con su embarazo, pero también muchas más deciden interrumpirlo. Por eso, la discusión respecto a los derechos sexuales y reproductivos tiene que ver sobre todo con una decisión en cuanto a los proyectos de vida, a poder decidir y planificar en cuanto a la propia vida”, señaló la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.
“A siete años de la promulgación de esta ley, hoy damos cuenta de las cifras de los casos constituidos. Desde 2018 a junio de este año, han llegado a los centros de salud un total 5.370 mujeres y niñas que han tenido derecho a acogerse a alguna de las tres causales, de ellas, el 85% decidió interrumpir su embarazo”, detalló la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, quien explicó que, en la causal de violación, en cerca del 92% de los casos las mujeres o niñas deciden interrumpir el embarazo.
Salud destacó distintas acciones que está impulsando este ministerio para mejorar la implementación de la ley IVE, entre ellas, las 99 fiscalizaciones realizadas por las seremis de Salud -entre 2023 y 2024- a instituciones públicas y privadas. Asimismo, informó que el Minsal iniciará una campaña de difusión sobre la Ley IVE, la cual se trabajó con participación del Consejo Consultivo Minsal, en contexto de difusión y educación en salud a niñas, adolescentes y mujeres.
Modificaciones al reglamento
El 31 de mayo de este año el Gobierno ingresó a la Contraloría General de la República modificaciones al reglamento de objeción de conciencia, resguardando este derecho de los profesionales y técnicos que intervienen en el procedimiento IVE, que está consagrado en la ley, pero asegurando el acceso a este derecho con más y mejor información para las mujeres y niñas que se encuentran en estos casos; la creación de un protocolo de reasignación y derivación acordes a instrucciones que emitirá el Ministerio de Salud y que será común para todos los establecimientos, y otros lineamientos que permitan dar continuidad a la atención y garantizar que esta sea siempre oportuna y sin costo adicional, evitando que mujeres y niñas tengan que deambular entre centros de salud, cambiarse de ciudad o recorrer distintas regiones para ejercer su derecho.
Antecedentes de la ley
La Ley que Regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE) permite, mediante la voluntad de la mujer, la interrupción de su embarazo en caso de riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación. En este último caso, el límite es de doce semanas de gestación y catorce semanas en caso de niñas menores de 14 años.
Es importante mencionar que desde 1931 y hasta 1989, en Chile estuvo permitido el aborto terapéutico, con una interpretación amplia respecto de las causales, esto hasta que fue prohibido por la dictadura militar. Veintiocho años después el Congreso de Chile aprobó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE).
Aunque el proyecto aprobado fue llevado al Tribunal Constitucional por la oposición de ese entonces, el órgano rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad, materializándose en la Ley N° 21.030.
Esta norma cuenta hoy con una gran legitimidad social, logrando -de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de junio y julio de 2024- la adhesión mayoritaria de la población cuando se consulta sobre la posición respecto del aborto (45%), seguida de cerca por la opinión de que el aborto debe ser una opción en cualquier caso (38%). Ambas posturas suman un 83% de adhesión. “Aquí estamos hablando de algo que es transversal en cuanto a su validez a la sociedad chilena”, señaló la ministra Orellana.
