- El diálogo y la contribución de las organizaciones de la sociedad civil fueron clave para la presentación del Estado de Chile ante el Comité CEDAW.
En octubre de este año, el Estado de Chile presentó sus avances y desafíos ante el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). A partir de esta presentación, el órgano experto manifestó un reconocimiento ante distintos avances de nuestro país y sus recomendaciones para los próximos cuatro años, las que también consideraron las demandas planteadas por organizaciones de la sociedad civil en sus informes alternativos.
Este miércoles 18 de diciembre, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, autoridades de los tres poderes del Estado presentaron estas recomendaciones a las organizaciones de la sociedad civil, que tendrán un rol estratégico en el seguimiento de las acciones que se desplegarán para su cumplimiento.
En la actividad participaron la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; la Subsecretaria de la Mujer y la EG, Luz Vidal; la ministra de la Corte Suprema Andrea Muñoz; la diputada Daniella Cicardini; la Subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla; la pastora Sandra Rozenberga de la Iglesia Evangélica Luterana de Chile y Francisca Pérez, directora de la Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada.
La instancia buscó aportar a la difusión de las recomendaciones efectuadas por el Comité CEDAW en el marco del 8° examen periódico de Chile, así como a sensibilizar respecto de la relevancia de su implementación por parte de todos los poderes del Estado y el rol clave que adquiere la sociedad civil en el seguimiento de las acciones desplegadas.
“Invitamos a la sociedad civil, a las organizaciones de mujeres y movimientos feministas a que participen de este proceso, para avanzar de manera conjunta en la ejecución de estas recomendaciones y fortalecer el respeto y la promoción de los derechos humanos de las mujeres en Chile”, señaló la ministra Orellana.
La experiencia de las organizaciones de la sociedad civil fue un insumo clave para la presentación realizada por el Estado de Chile el 15 de octubre, pues el diálogo previo con ellas contribuyó a identificar brechas, desafíos, estrategias de abordaje y recomendaciones en áreas críticas en materia de derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, tales como acceso a la justicia, trata y explotación sexual, participación en la vida política y pública, educación, salud, entre muchas otras.
Recomendaciones de la CEDAW
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1989 y ratificado por nuestro país, cuyo objetivo es promover la igualdad de género y eliminar la discriminación contra las mujeres en todas sus formas.
Al ratificar este acuerdo, los países asumieron el compromiso de avanzar en la implementación de los derechos protegidos por la Convención y presentar informes cada cuatro años, detallando las medidas adoptadas y los avances.
Luego del diálogo interactivo que tuvo lugar el 15 de octubre entre las representantes de los tres poderes del Estado de Chile y el Comité CEDAW, el órgano experto emitió su reconocimiento a las reformas legislativas alcanzadas por nuestro país en este periodo, en especial, la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia de género, una materia pendiente de consecutivas recomendaciones previas.
Además, se destacaron los esfuerzos de nuestro país para mejorar el marco institucional y normativo, expresado en medidas como el Plan Nacional de Igualdad de Género 2018-2030, cuyas metas y acciones coinciden plenamente con las recomendaciones efectuadas por el Comité CEDAW; el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2023-2026; el 3er Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad 2023-2027; entre otras iniciativas.
En el ámbito de las recomendaciones, el Comité observó con preocupación la alta tasa de objeción de conciencia entre los obstetras de los hospitales públicos, sugiriendo fortalecer el sistema público para evitar la obstrucción de la Ley IVE, para lo cual el gobierno ya ingresó en el mes de mayo una modificación del reglamento para revisión de la Contraloría y, además, comprometió la presentación de un proyecto de ley para legalizar el aborto.
Asimismo, dentro de las recomendaciones de las expertas está la de terminar con las normas discriminatorias en cuanto al régimen matrimonial, un objetivo prioritario para el Ministerio de la Mujer, que ha seguido impulsando el proyecto de ley de Sociedad Conyugal, que lleva 14 años de tramitación en el Congreso.
Otra recomendación tiene que ver con la necesidad de una reforma a la Ley Antidiscriminación, dadas sus deficiencias luego de 7 años de implementación, lo que es refrendado por el Gobierno que ha ingresado indicaciones al proyecto más conocido como “Ley Zamudio 2.0”. Y en cuanto a las mujeres mayores, las recomendaciones se enfocan en el sistema de pensiones como mecanismo para eliminar desigualdades económicas y la garantía de acceso a un adecuado servicio de salud.
“El escenario internacional nos muestra que en la medida que internamente los países le asignan más valor a los mecanismos multilaterales, y en particular al sistema internacional de derechos humanos, es que podemos fortalecerlo frente a los cuestionamientos de quienes no quieren rendir cuentas por violaciones a los derechos humanos”, concluyó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género.
