• La secretaria de Estado expuso este miércoles ante la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputadas y Diputados, entregando un balance detallado de los avances en la implementación de la ley que entró en vigencia en junio de 2024.
• El Informe Anual recoge acciones en múltiples ámbitos, entre ellos la protección y atención a mujeres víctimas de violencia, el acceso a la justicia, la prevención, la formación, la coordinación interinstitucional.

Hasta el Congreso Nacional llegó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto a la subsecretaria de la cartera, Claudia Donaire, para presentar el primer Informe Anual sobre la implementación de la Ley que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como Ley Integral. En su intervención ante la Comisión de Mujeres de la Cámara, la ministra detalló el trabajo articulado que distintas instituciones del Estado han desarrollado desde la entrada en vigencia de la normativa, en junio del año pasado. Los datos presentados en el informe se basan en los reportes oficiales entregados por los organismos públicos responsables de ejecutar las distintas disposiciones de la ley.

En materia de protección y atención especializada, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) implementó durante 2024 el rediseño programático de sus dispositivos, iniciado en 2023, para adaptarlos a la Ley Integral. A través del Programa de Atención Inicial, se entregó orientación a más de 143.000 personas en todo el país. Asimismo, los Centros de Atención Especializada en Violencias de Género grave o extrema realizaron 20.009 atenciones psicosociales a 3.433 mujeres.

En cuanto al acceso a la justicia, el Poder Judicial informó la realización de 1.549 audiencias de revisión de medidas cautelares y 403 audiencias de supervisión judicial, en cumplimiento de la obligación legal de seguimiento de dichas medidas. Además, se llevaron a cabo 16 jornadas de formación y difusión dirigidas a jueces y funcionarios de tribunales con competencia en materias de familia y penal, incluidas las Cortes de Apelaciones. En la Corte Suprema, 150 juezas y jueces fueron capacitados. Por su parte, SernamEG efectuó 1.479 representaciones jurídicas, cifra que quintuplica la del año anterior. Entre estas, se destaca la presentación de 236 querellas.

La ministra Orellana enfatizó que “la Ley Integral es un giro en la estrategia contra la violencia de género en Chile, eleva el estándar de acción para todos los organismos del Estado, incluidas las policías, los tribunales y todas las instituciones involucradas en la lucha contra la violencia de género, y establece acciones de prevención y sanción, como la supervisión de las medidas cautelares para proteger mejor a las víctimas o la suspensión de visitas a hijos en común hasta que se resuelva la causa por agresión contra el victimario, entre muchas otras”.

Por su parte, el Ministerio Público informó que actualmente avanza en el diseño de un Modelo Especial de Atención y Protección para mujeres víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar. Este modelo busca orientar el trabajo de las fiscalías y las Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos, promoviendo una respuesta institucional más adecuada y sensible.

Desde el Ministerio de Educación, destacan iniciativas orientadas a la prevención en entornos escolares. Entre ellas, “Prevenir a tiempo: Herramientas para el abordaje integral de la violencia de género desde la Educación Parvularia” que busca fortalecer las competencias y dotar de mayores recursos a los equipos educativos para la prevención, atención y derivación de situaciones de violencia y la elaboración de un decálogo para la prevención y abordaje de la violencia de género en establecimientos educativos, que ofrece herramientas prácticas a las comunidades escolares para promover el buen trato y enfrentar situaciones de violencia, entre otras acciones desarrolladas en distintos espacios estudiantiles y con distintos actores.

En el ámbito laboral, el Ministerio del Trabajo ha impulsado la prevención del acoso y la violencia en los espacios de trabajo, mediante acciones de formación, difusión, y la elaboración de manuales y guías para apoyar la implementación de la Ley Karin.

En paralelo, Carabineros de Chile capacitó durante 2024 a cerca de 7.000 funcionarios en materias de género, violencia intrafamiliar y derechos humanos. La formación abordó temáticas como la pauta de riesgo, violencia organizacional y enfoques específicos para mujeres indígenas y migrantes.

Asimismo, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ha tramitado más de 10.000 denuncias relacionadas con violencia de género e incorporó esta perspectiva en sus procesos de fiscalización. En 2024, actualizó dos cartillas de recomendaciones para el sector televisivo: una orientada a buenas prácticas contra la violencia de género, y otra centrada en igualdad y no discriminación en los contenidos.

En lo relativo a la coordinación interinstitucional, uno de los principales hitos ha sido la elaboración del reglamento de la Comisión de Articulación Interinstitucional (CAI), actualmente en trámite en la Contraloría General de la República. Esta comisión, que agrupará a 13 instituciones públicas, será clave para la implementación conjunta de la Ley. Su primera sesión se convocará seis meses después de la publicación del reglamento en el Diario Oficial.

Por último, se reportan avances en el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género (SIIVG), con una hoja de ruta que proyecta el lanzamiento de su Producto Mínimo Viable en junio de 2025. Este sistema integrará información proveniente de organismos clave como SernamEG, Carabineros, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Registro Civil, entre otros. Actualmente, ya se han realizado pruebas exitosas de interoperabilidad entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y SernamEG.