• Este lunes la Comisión de Trabajo del Senado aprobó el cambio propuesto por el Ejecutivo en el proyecto de ley de Sala Cuna para Chile: “Es un paso histórico hacia la igualdad de género”, afirmó Boccardo.
• La ministra Orellana relevó que “hoy dimos un paso muy importante en la Comisión de Trabajo del Senado, al aprobar la reforma al artículo 203, que avanza en el proyecto Sala Cuna para Chile”.

Valparaíso, 08 de octubre de 2025. El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo Bosoni, y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, valoraron la modificación al Código del Trabajo que elimina el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio de Sala Cuna, la cual fue aprobado hoy por la Comisión de Trabajo del Senado.

“La aprobación de esta reforma al artículo 203 del Código del Trabajo es un paso histórico hacia la igualdad de género. Por primera vez, el derecho a sala cuna se extiende a mujeres y hombres trabajadores, y también reconociendo a quienes no son padres y cuidan a niños y niñas menores de dos años”, señaló el ministro Boccardo.

La autoridad agregó que “con esto eliminamos el requisito de 20 trabajadoras, una traba que por décadas limitó la contratación femenina, desvinculando el costo de la sala cuna de la decisión de contratar mujeres. Aún quedan aspectos en discusión parlamentaria, pero este avance confirma que estamos construyendo un país más justo y un mecanismo efectivo para potenciar la empleabilidad femenina”.

La ministra Orellana, en tanto, señaló que “hoy dimos un paso muy importante en la Comisión de Trabajo del Senado, al aprobar la reforma al artículo 203, que avanza en el proyecto Sala Cuna para Chile. Este es un cambio histórico: elimina el costo de contratación que por décadas recayó sobre las mujeres, amplía el derecho a sala cuna para madres y padres trabajadores, y garantiza mejores estándares educativos para niñas y niños. Este avance refleja nuestro compromiso con la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades, y nos acerca a un país donde cuidar no sea una carga individual, sino una tarea compartida que fortalece a las familias y al desarrollo del país”.

La Comisión de Trabajo del Senado continuó este lunes el estudio de las indicaciones del Proyecto de Ley de Sala Cuna para Chile, donde se aprobó la modificación del actual artículo 203, eliminando la obligación de sala cuna que se establecía exclusivamente a aquellas empresas que contraten a 20 trabajadoras o más, pasando por un sistema que reconoce la corresponsabilidad en los cuidados. De esta forma, ya no se exige un número mínimo de madres trabajadoras, y se hace aplicable el derecho a sala cuna tanto a hombres como a mujeres.

Cabe recordar que la semana pasada el Ejecutivo presentó las modificaciones a la iniciativa legal, que propone una cotización obligatoria a cargo del empleador del 0,3% de las remuneraciones imponibles, que incrementa en un 0,1% la cotización obligatoria respecto de la indicación anterior, la que será administrada por el Fondo de Sala Cuna. En caso de trabajadores independientes se regulan las cotizaciones de acuerdo con la fórmula por la cual cotizan.

Además, crea una Comisión Técnica de Financiamiento y Sostenibilidad, la cual deberá generar un informe periódico para que la autoridad tome decisiones que permitan garantizar la sostenibilidad del fondo y el aporte que este entregará al empleador para dar cumplimiento a su obligación, tomando en cuenta los valores de mercado y las diferencias geográficas que pudiera haber en el valor, entre otras materias.

• Se trata del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, cuyo piloto inició en 15 municipios, beneficiando a más de 80 mil mujeres atendidas por SernamEG.

Para garantizar el cumplimiento de la nueva Ley Integral y asegurar el apoyo eficaz a quienes viven violencia, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género realizó una serie de talleres regionales enfocados en capacitar y evaluar el diseño y funcionamiento inicial del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género.

Esta herramienta tecnológica permitirá, por primera vez, que las instituciones que abordan situaciones de violencia de género -como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, las policías, SernamEG, municipios, entre otras- compartan información de forma automática, consolidando la información en un mismo espacio digital para brindar una atención más rápida y coordinada.

Esto apoyará a las instituciones públicas a hacer seguimiento de los casos, verificar la permanencia de las víctimas en programas de apoyo, generar alertas oportunas en caso de abandono y tener una visión unificada de las evaluaciones de riesgo.

Así, las jornadas, realizadas entre el 8 y 30 de septiembre las regiones de Coquimbo (Coquimbo y Ovalle), Los Ríos (Valdivia), Biobío (Chiguayante y Talcahuano) y Maule (Curicó y Cauquenes) y que contaron con la participación de más de 141 asistentes —entre ellos, equipos de la Coordinación Nacional de la Respuesta Estatal a la Violencia de Género, del Sistema Integrado de Información, equipos ejecutores de la oferta de atención inicial y recuperación de las autonomías del SernamEG, seremis y autoridades locales— se presentaron las principales características del sistema y se recogieron las experiencias y necesidades de los equipos en relación con su uso, los protocolos de atención y la diversidad de casos abordados.

“Estos talleres marcan un avance concreto y significativo en tres ámbitos clave: primero, porque nos permiten identificar y responder de manera más precisa a las necesidades de los funcionarios/as que utilizan el Sistema; segundo, porque consolidan el valor del Sistema Integrado de Información como herramienta central para los equipos territoriales; y tercero, porque demuestran que seguimos avanzando en la modernización del Estado, fortaleciendo su capacidad de proteger y acompañar a las personas que viven violencia de género”, concluyó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

• El estudio, realizado por el MinMujer en conjunto a la USACH, es una primera aproximación a la violencia política digital que viven las mujeres que participan en la política.
• El 85% de las candidatas encuestadas cree que las mujeres son más agredidas en redes que los hombres y un 69% señala haber vivido violencia digital. Además, la mayoría modera lo que publica por miedo a agresiones y un 72% teme que estas impacten su vida cotidiana. 

La violencia política digital contra las mujeres no es una excepción, sino un acto sistemático en nuestro país. Así lo revela el estudio de Violencia Política Digital de Género, coordinado por la División de Estudios y Capacitación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y ejecutado por la Universidad de Santiago de Chile (USACH), y que constituye el primer análisis sistemático sobre este fenómeno en el país. 

La investigación se realizó en el contexto de las elecciones de 2024 a alcaldías, gobernaciones, concejos y consejerías regionales, con el objetivo de identificar cómo se manifiesta la violencia política digital contra las mujeres, cuáles son sus efectos psicosociales y qué estrategias utilizaron las candidatas para enfrentarla. El estudio combinó una encuesta enviada a todas las candidatas y que fue respondida por 790 de ellas, y el análisis de más de 958 mil interacciones en Facebook, X (ex Twitter) e Instagram. 

Dentro de los principales resultados, el estudio revela que un 69% de las candidatas a las que respondieron este estudio asegura haber sufrido algún tipo de violencia digital durante el proceso. Asimismo, un 85% de las encuestadas considera que las mujeres son blanco de acoso cibernético con mayor frecuencia que los hombres. Además, un 82% declara que modera o cuida lo que publica en redes sociales por temor a ser atacada, mientras que apenas un 28% percibe Internet como un espacio seguro para compartir sus ideas. A su vez, el 72% manifiesta preocupación por el impacto que las agresiones virtuales puedan tener en su vida cotidiana. 

Solo 10% de quienes informaron haber vivido agresiones señalan haber recibido respaldo de su partido político, evidenciando una brecha institucional crítica que obliga a las mujeres a enfrentar individualmente un problema sistemático.  

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo que estos hallazgos muestran la urgencia de abordar la violencia política digital como un problema estructural que atenta contra la democracia y derechos de las mujeres. “La violencia política digital de género se ha instalado como una amenaza real y persistente para la participación democrática de las mujeres en Chile y el mundo. La violencia no en un costo que las mujeres deben asumir por participar en política, y los partidos políticos y las instituciones deben asumir la responsabilidad respecto a sus candidatas”, sostuvo. 

Entre quienes reportaron haber sufrido violencia, las manifestaciones más frecuentes fueron el uso de lenguaje de odio o sexista (48%), los mensajes destinados a dañar la reputación (47%), la difusión de información falsa (42%) y las referencias a características corporales (32%). Como consecuencia, el 51% de ellas reconoce que perdió las ganas de exponerse ante la opinión pública, un 41% pensó en dejar la política y un 30,9% afirma que se vio restringida su libertad de expresión. 

En este sentido, la ministra Orellana señaló que “como Gobierno hemos emprendido acciones en esta materia, impulsando un proyecto para una mayor representación de mujeres en candidaturas a elecciones locales y regionales, pero también reconociendo en la Ley Integral la violencia política, simbólica e institucional y solicitando pronunciamiento a los organismos correspondientes respecto a estos actos”.

Por su parte, la presidenta del Sevel, Pamela Figueroa, indicó que “sabemos, a partir de diversos estudios, que la violencia hacia las mujeres tiene como objetivo excluirlas de la esfera pública e impedir su participación en los procesos políticos. En esta línea, quisiera hacer un llamado a los distintos actores que participan en las campañas —partidos políticos, candidaturas y organizaciones— a desarrollar procesos electorales íntegros en términos de información y, sobre todo, de evitar la violencia política digital, que sabemos afecta principalmente a las mujeres”.

En cuanto a las denuncias, la cifra es mínima: únicamente un 11% de las mujeres que enfrentó violencia digital la reportó ante alguna instancia. Esto se explica, en parte, porque el 87,5% de las encuestadas considera que muchas personas desconocen que es posible denunciar este tipo de agresiones, y casi la mitad —49,6%— no sabe dónde realizar el trámite. 

El estudio también incluyó un análisis de las agresiones en redes sociales, revelando que ciertas candidaturas, como las de alcaldías y gobernaciones, recibieron más mensajes violentos que otras. Del total, el 11,9% de los mensajes dirigidos a candidatas a alcaldesas y el 6.69% de los dirigidos a candidatas a GORE correspondían a agresiones.   

Estas agresiones se concentran especialmente en X (antes Twitter), plataforma donde se registra más del 70% de la violencia digital hacia estas candidatas. De hecho, en Tuiter las candidatas a alcaldesas recibieron más de 36 mil mensajes agresivos, correspondiente al 24% de los mensajes recibidos. En contraste, las concejalías y consejerías regionales mostraron patrones distintos, con Instagram y Facebook destacando como las redes donde se produjo la mayor parte de los ataques. 

Finalmente, René Jara, coordinador del equipo de la USACH que ejecutó este estudio, concluyó que la violencia política “se trata de un fenómeno bastante transversal y no solo se dirige contra las mujeres, sino que también adquiere un carácter interseccional, asociado a factores como la clase social o la pertenencia étnica. En ese sentido, consideramos que es un tema de gran relevancia y que debe ser permanentemente monitoreado”.