• Las ministras Jeannette Jara y Antonia Orellana, acompañadas por la expresidenta Michelle Bachelet, informaron de las indicaciones que ingresará el Ejecutivo a un proyecto de ley en el Congreso para acortar las brechas de salarios entre mujeres.

Santiago, 19 de julio de 2024. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, presentaron este viernes la propuesta legislativa del Gobierno en materia de equidad salarial, iniciativa que tiene por objetivo abordar las brechas salariales que existen en el mercado del trabajo en detrimento de las mujeres.

En una actividad que se desarrolló en el Centro Cultural La Moneda, y acompañadas por la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, ambas secretarias de Estado expusieron los principales ejes de un grupo de indicaciones que serán ingresadas por el Ejecutivo al proyecto de ley refundido que modifica el Código del Trabajo, con el objeto de adecuar la regulación del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Ello, ante cerca de 300 representantes de empresas, fundaciones, gremios, centrales de trabajadores, sociedad civil, del Poder Legislativo y otras autoridades del Ejecutivo.

La ministra Jeannette Jara valoró la iniciativa e hizo un llamado a su respaldo transversal: “Estas brechas salariales existen en todo el mundo y tienen una influencia tremenda en la capacidad de generar ingresos para las mujeres, muchas de ellas jefa de hogar, que no tienen una pareja al lado y que, por tanto, no tienen con quién complementar sueldo. Pero también tiene una expresión de carácter previsional, dado el bajo nivel de ahorro previsional que muchas mujeres experimentan por tener salarios inferiores”.

“Es una tarea que seguramente nos va a convocar a todas y a todos, por lo que esperamos que tenga una rápida tramitación en el Congreso Nacional. Lo hemos conversado con empleadores, con trabajadores y con empresas que nos están colaborando en esta materia, porque tiene tras de sí un imperativo bien básico, que el aporte de las personas, su valor, su trabajo, se reconozca en cuanto a su propio mérito y no en base a una discriminación”, agregó la ministra Jara.

La expresidenta Michelle Bachelet indicó que, “al equiparar la cancha no sólo estamos corrigiendo injusticias históricas, sino que también invirtiendo en un futuro más brillante y sostenible para las generaciones venideras, para mujeres, pero también para hombres, para todos, porque cuando a las mujeres les va bien, todos ganamos”.

En tanto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, enfatizó que “la equidad salarial no es solo una cuestión de dinero, sino de dignidad y de reconocimiento del trabajo de las mujeres” y recordó que, en nuestro país, la demanda del movimiento de mujeres por equidad salarial viene desde 1906. “Si bien se han dado pasos significativos, todavía tenemos un 25% de brecha. De hecho, mientras las mujeres más estudian, más se especializan o certifican, más se agranda la brecha, lo que atenta también contra el desarrollo y la productividad de nuestro país”, explicó.

En este sentido, la ministra Orellana relevó la agenda de trabajo y crecimiento del Gobierno y su foco en las mujeres. “Nos comprometimos a recuperar la tasa de inserción laboral femenina, tan sacudida por la pandemia, y en marzo de este año lo logramos”, señaló, destacando otras iniciativas del gobierno para disminuir la desigualdad en el mundo del trabajo, como, por ejemplo, los proyectos de ley de Sala Cuna, de Cuidados, y el proyecto de pensiones “para quienes sufrieron estas desigualdades”.”

En efecto, de acuerdo con la última Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la brecha salarial es de 25,5% en perjuicio de las mujeres para el ingreso promedio. En tanto, respecto de la participación en el mercado laboral, existe una brecha de 19,2 puntos porcentuales en su desmedro, según el informe de desempleo del INE del trimestre marzo-mayo de 2024.

Del mismo modo, en Chile, mientras el nivel de estudios es mayor, más es la brecha salarial entre hombres y mujeres, de acuerdo a la ESI. Por ejemplo, con un título de postgrado, la diferencia salarial promedio por hora de trabajo es de 23,8%; con educación universitaria, de 22,1%; con educación técnica, de 18,9%; con educación secundaria, de 13,8; y con educación primaria, de 11,7%.

Además, al desagregar la brecha de género en el ingreso por hora de los asalariados según tamaño de la empresa de acuerdo con el número de trabajadores, las mayores brechas se encuentran en las grandes empresas (200 y más personas), las que presentan una brecha de 21,4% en desmedro de las mujeres.

Cabe destacar que el proyecto al que se le ingresarán indicaciones corresponde al Boletín 10.576-13, refundido con los boletines 12.719-13 y 14.139-34, se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional, en el Senado, con suma urgencia, tras ser despachado desde la Cámara de Diputadas y Diputados en junio de 2021.

La propuesta

Los ejes centrales de las indicaciones que se ingresarán por parde del Gobierno son:

• Principio de igualdad de remuneraciones: se reconoce el derecho de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, adecuándose a estándares internacionales, como el Convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración.
• Procedimientos: se perfeccionan los procedimientos de denuncia, reconociendo el rol de la Dirección del Trabajo y los tribunales de Justicia, siendo estos últimos los llamados a conocer de la vulneración de derechos fundamentales producto de la discriminación, previa denuncia de la o el trabajador o la autoridad fiscalizadora. Además, los respectivos procedimientos internos existentes en las empresas será un canal disponible adicional para las y los trabajadores.
• Medidas promocionales: se incorporan medidas para alcanzar el principio de equidad a través de la evaluación de puestos de trabajo, elaboración de Planes de Igualdad y conformación de un Comité de Igualdad de Remuneraciones. Serán instancias centradas en las grandes empresas, pero con incentivos para su desarrollo también en las pequeñas y medianas compañías.

Serán los propios involucrados, trabajadores y empleadores, quienes participarán en el establecimiento de estas medidas, para adoptar políticas para cerrar las brechas salariales que puedan existir.

• Informes de brechas: siguiendo la experiencia internacional, se establecen medidas de publicidad o de reputación para las empresas, en busca de generar informes de brecha de las empresas obligadas a las evaluaciones, los que serán públicos, debiendo siempre resguardar toda información que pudiera afectar normas de competencia y/o datos personales de los trabajadores.

Esto permitirá, como ocurre en otros países o algunos sectores económicos en Chile, la existencia de incentivos y mejoras en las condiciones contractuales de quienes mantienen brechas bajas en comparación a la realidad nacional.

• Rol de la Dirección del Trabajo: Se espera que la Dirección del Trabajo realice una guía orientadora sobre la aplicación de la metodología de evaluación, establecida en un Reglamento dictado en conformidad a los factores mínimos a considerar que se establecen en la ley. Lo anterior con el propósito de facilitar su implementación. Asimismo, en el caso que medianas y pequeñas empresas realicen estas evaluaciones, existirá acompañamiento por parte de la DT para adoptar ajustes y medidas conforme a la realidad de este tipo de empresas.

Además, el Departamento de Estudios de la DT elaborará estudios nacionales, regionales y sectoriales sobre la realidad de la brecha salarial en el país, el que se entregará como insumo a instancias que pueden intervenir en la generación de propuestas de políticas públicas, como el Consejo Superior Laboral.

• La actividad estuvo centrada en políticas y experiencias exitosas que promueven la actividad económica indígena con perspectiva de género y enfoque intercultural. Participaron de este encuentro representantes de las comunidades indígenas Maorí de Nueva Zelanda y Metis de Canadá

ONU Mujeres, en colaboración con agencias del Sistema de Naciones Unidas y en alianza con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Comité de Fomento y Desarrollo Indígena de CORFO, realizaron el Foro Conectado Negocios Indígenas, actividad que tuvo como objetivo dialogar sobre políticas, instrumentos y modelos que, desde la interculturalidad y con una perspectiva de género, han fomentado la participación de empresas y organizaciones indígenas en los sectores cuaternario y quinario de la economía en contextos descentralizados.

El foro contó con la participación de Luz Vidal Huiriqueo, ministra (S) de la Mujer y Equidad de Género; Maricel Sauterel, coordinadora de Programas de ONU Mujeres; Marco Ñanculeo, director Comité Desarrollo y Fomento Indígena; y Daniela Rigoli, embajadora Designada de Nueva Zelanda.

Al respecto la ministra (s); Luz Vidal Huiriqueo indicó que “en este importante foro internacional, destacamos el impulso hacia la autonomía económica de las mujeres indígenas en Chile, representando un paso importante hacia la integración de políticas inclusivas y modelos de desarrollo económico que valoran la interculturalidad y la perspectiva de género. Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, celebramos esta oportunidad de dialogar y aprender de experiencias internacionales que han transformado comunidades indígenas en todo el mundo”.

“Es fundamental crear condiciones, que no solo empoderen económicamente a las mujeres indígenas, sino que también promuevan su participación en todos los espacios públicos y privados donde se tomen decisiones que les afectarán a ellas y sus comunidades. Al mismo tiempo, incentivar la articulación del Estado para dar respuesta a las demandas de reconocimiento y valoración de su identidad cultural y cosmovisión”, subrayó la ministra (s).

En el foro, se presentaron ejemplos de políticas públicas que han promovido el desarrollo de la actividad económica indígena en Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Países que no solo han implementado medidas innovadoras para impulsar el crecimiento económico de las comunidades indígenas, sino que también han fortalecido su tejido social y cultural. El encuentro permitió conocer experiencias exitosas de entidades económicas indígenas en estos países, que han logrado proveer servicios especializados en términos de desarrollo económico, cultural y social, demostrando así el potencial y la resiliencia de estas comunidades en contextos diversos.

Bajo ese marco, Maricel Sauterel, coordinadora de Programas de ONU Mujeres, destacó la importancia de este encuentro, que permite realizar un análisis de la experiencia comparada internacional: “Desde Nueva Zelanda hasta Canadá y Estados Unidos, hemos visto cómo las políticas públicas y los modelos de desarrollo económico indígena han transformado vidas y comunidades. Estas experiencias exitosas no solo promueven el desarrollo económico, sino que también fortalecen el tejido social y cultural de los pueblos indígenas. En el marco de este foro, exploramos cómo estas iniciativas pueden ser adaptadas y aplicadas en nuestros contextos descentralizados. Para ONU Mujeres Chile, fortalecer el enfoque de género y los derechos de las mujeres en estas iniciativas es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible, resaltando además el impacto positivo de las mujeres empresarias y los pueblos indígenas en sus comunidades y en la economía global.”

Asimismo, esta actividad permitió identificar prácticas y políticas que puedan ser adaptadas y aplicadas en contextos descentralizados para fomentar el desarrollo integral de los pueblos indígena, siendo la interculturalidad un tema central y destacando su papel como factor clave para el desarrollo sostenible. Además, se resaltó el impacto positivo de las mujeres y los pueblos indígenas en los procesos de desarrollo de sus comunidades, la economía y la cohesión social, enfoque integral que reconoce las contribuciones de estas comunidades, y fortalece su capacidad para liderar iniciativas de desarrollo en sus propios términos.

Por su parte Marco Ñanculeo, director Comité Desarrollo y Fomento Indígena, respecto de la actividad sostuvo: “La inclusión económica de los pueblos originarios, su participación efectiva en la economía, requiere que las políticas públicas vayan más allá de las acciones afirmativas, se necesita reconocer y valorar su contribución a las económicas locales, el potencial que tienen para añadirle identidad a la marca país en el contexto global, pero también para el desarrollo de una perspectiva sostenible de la economía, porque si hay algo tremendamente valioso pero al mismo tiempo ignorado es el aporte que dichos pueblos pueden hacer, desde sus conocimientos y racionalidades, al desarrollo inclusivo y responsable con los entornos y las generaciones futuras. Por eso se necesitan dialogar, contrastar las experiencias y buscar convencer a los tomadores de decisiones, en distintos niveles, de que la interculturalidad y la participación efectiva son elementos sustantivos para tener políticas exitosas”.

Fueron parte del panel internacional Kamaline Pomare, representante de la comunidad Maorí de Nueva Zelanda; Amanda Sanregret de la Comunidad indígenas Metis de Canadá;. Mientras que el panel nacional de expertas/os estuvo a cargo de Andrea Antilén, encargada Nacional del Fondo de Desarrollo Indígena; María José Becerra, gerenta general SERCOTEC y Andrés Huequelef, director Centro Inakeyu; Karenn Vera, Lideresa Centro Originarias. Y Contó con las reflexiones finales de Dante Choque, director en el directorio de Zona Franca Iquique (ZOFRI S.A.),y Cecilia Loncomilla, chef y creadora de Willimapu, cocina ancestral.

• Organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el evento -desarrollado entre el 16 y 17 de junio- se centró en abordar los distintos Sistemas de Cuidado Integrales existentes en la región, para generar alianzas entre países y dar resolución a los desafíos en esta materia.

Durante la jornada de este martes y miércoles, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, participó en el Diálogo Regional de Política 2024, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Guatemala. Un evento cuyo objetivo fue poner en diálogo las diversas políticas de cuidado existentes en América Latina y el Caribe, con el fin de fortalecer los sistemas integrales de atención, y promover el bienestar, y la equidad de género para las mujeres e impulsar la economía en la región.

La instancia contó con la participación de 52 representantes de 18 países de América Latina y el Caribe, incluyendo funcionarios clave de los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Asuntos de la Mujer, entre otros. Ahí, los diversos actores evaluaron los avances y desafíos en cuanto a la implementación de Sistemas de Cuidado Integral, discutiendo opciones de financiamiento y mejoras en términos de gobernanza. Además, fomentaron la creación de alianzas estratégicas entre países para fortalecer la cooperación transfronteriza y mejorar así estos servicios públicos la región.

En ese contexto, la ministra Orellana presentó la experiencia chilena en el panel denominado Liderando los cuidados: perspectivas políticas, avances y desafíos, que además contó con la exposición de Cindy Hernández, ministra de la Condición de la Mujer en Costa Rica; y Nadine Gasman, presidenta de INMUJERES en México.

En su ponencia, la secretaria de Estado destacó diversas iniciativas que se están impulsando desde Chile Cuida para reconocer y valorar este trabajo, tales como la Política Nacional de Apoyos y Cuidados y la implementación de los Centros Comunitarios de Cuidados. Además, señaló que “durante los últimos 15 años, los Gobiernos han aprobado una serie de acuerdos imprescindibles para el diseño e implementación de políticas de cuidados. Y es desde ahí que valoramos profundamente los esfuerzos que hace la comunidad internacional por apoyar el trabajo de los distintos Estados, además del intercambio de experiencias y buenas prácticas en la región”.

En cuanto a los principales desafíos que nuestro país enfrenta al momento de implementar este tipo de programas, Orellana destacó la necesidad urgente de un cambio cultural para modificar las percepciones negativas y asegurar que se valore plenamente el trabajo de cuidados, promoviendo así una distribución equitativa de estas responsabilidades. “Reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y representar el trabajo de cuidados requerirá un amplio consenso social y una significativa inversión fiscal, así como años de consolidación institucional”, sostuvo.

A ese reto, se suma la necesidad de asegurar la aprobación del proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que ingresó en junio al Congreso. En este contexto, la ministra subrayó la importancia de que la comunidad que recibe y proporciona cuidados reconozca estas normativas como beneficiosas para su bienestar, ante lo cual destacó los esfuerzos del Gobierno por trabajar de manera colaborativa con dichas personas, asegurando políticas adecuadas a sus necesidades.

“Avanzar hacia una corresponsabilidad social en los cuidados es imperativo para lograr una igualdad sustantiva. Esto significa abordar la división sexual del trabajo y cuestionar la injusta organización social de los cuidados. Sin este cambio estructural, no podremos alcanzar verdaderamente la igualdad de género ni garantizar el bienestar equitativo de toda la población”, finalizó.

Durante la tarde de este jueves, la seremi de La Araucanía, Sol Kaechele Mellado, se presentó ante el Concejo Municipal de Victoria para solicitar a los concejales de dicha comuna que usen sus atribuciones para que se cese del cargo al alcalde Javier Jaramillo, quien fue formalizado por abuso sexual y violación contra dos exfuncionarias municipales.

En la audiencia, en la cual estuvo presente Jaramillo, la seremi instó al Concejo a hacer uso de sus atribuciones para que el edil deje de ejercer el cargo que aún mantiene dentro del municipio, en base a la grave contravención a las normas sobre probidad administrativa por parte de la autoridad.
Además, subrayó que alcanzar este objetivo requerirá de al menos un tercio de los concejales en ejercicio, quienes pueden solicitar al Tribunal Electoral Regional la remoción del edil, o en su defecto, la aplicación de una medida disciplinaria.

Cabe recordar que la semana pasada el tribunal del Juzgado de Garantía Local de Victoria determinó un plazo de 6 meses para la investigación, mientras la autoridad cumple las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

“Hoy nos hemos presentado ante este concejo municipal para señalar que cuando una mujer denuncia, las instituciones públicas tienen el deber de responder a esa confianza, ya que denunciar nunca es un paso fácil para ninguna mujer. Por tanto, hoy día queremos hacer un llamado al Concejo Municipal de esta comuna, en su rol de ente fiscalizador”, sostuvo la seremi de la Mujer, quien -en la instancia- estuvo acompañada de la directora regional de SernamEG, Susana Aguilera.

En su exposición, Kaechele destacó que, a nivel nacional, la Dirección del Trabajo ha registrado, entre enero y abril, 2.248 denuncias por temáticas relacionadas con acoso sexual, de las cuales 93,1% afectan a mujeres.

Esos datos se suman al complejo panorama que enfrenta La Araucanía entorno a casos violencia sexual; territorio que, desde 2022 a la fecha, cuenta con un alcalde condenado en Lautaro, otro en prisión preventiva en Renaico y uno bajo arresto domiciliario en Cunco, además del alcalde de Victoria, quien se encuentra formalizado.

Sin bien el nuevo mecanismo que establece la Ley Karin para la cesación del cargo de alcaldes y concejales agresores entra en régimen el próximo mes de agosto, la seremi enfatizó ante los concejales que ellos hoy cuentan con un mecanismo para su destitución. “Hoy ustedes, como integrantes de este Concejo Municipal, tienen atribuciones para responder a la confianza y también a la valentía que han puesto las víctimas y mujeres que han denunciado estos condenables hechos. Como dijimos, la violencia de género es estructural, puesto que no se da sólo porque existe un agresor y una víctima, sino porque existe una estructura social que la valida y la tolera. Por eso, si queremos cambiar esta realidad, todos y todas debemos contribuir, adoptando medidas conforme con nuestras atribuciones”, señaló la seremi de la Mujer.

Las acciones de la seremi se suman a las realizadas por SernamEG, que anunció la apelación al fallo mediante un escrito, con el fin de asegurar la prisión preventiva de Jaramillo. Todo con el objetivo de promover sanciones severas y prevenir así la reincidencia de estos delitos. “Ustedes, como autoridades locales, tienen en sus manos la posibilidad de transmitir un poderoso mensaje a la comunidad de Victoria, a sus niñas y a las mujeres que habitan este territorio, y es que, en esta comuna y en todo Chile, no toleramos el abuso y la violencia de género”, finalizó la seremi de la Mujer.