11 de junio. – En la sede de la Cepal, en Santiago de Chile, se dio inicio a la primera jornada de la IX Conferencia de Estados Parte (CEP) del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI); un histórico tratado interamericano que, desde su adopción hace 30 años en 1994, propuso por primera vez la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos en el ámbito público y privado.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien preside este encuentro internacional, señaló que “el desafío de esta conferencia es concordar estrategias para acelerar el proceso de cambio, para que esta generación sea la última que viva bajo condiciones de violencia de género estructurales”. Asimismo, destacó la oportunidad de que nuestro país lidere este diálogo, pues “celebramos 30 años de esta convención que marcó un antes y un después en la vida de las mujeres americanas, porque permitió que, desde que se ratificó, todos los países, incluyendo Chile, comenzaran a desarrollar legislación contra la violencia hacia las mujeres”.

La ministra Orellana también relevó que esta instancia internacional está en línea con las políticas públicas en materia de género impulsadas por el Gobierno, enfocadas en promover una sociedad libre de violencia. “Acabamos de dar un paso decisivo como país a través de la promulgación de la Ley Integral en contra de la violencia de género. Esto es un hito y va en línea con el espíritu de la Convención”, señaló la autoridad.

En esta IX Conferencia, que se realizó con el apoyo de CEPAL, participaron las principales autoridades de género de 26 países de América Latina y el Caribe, incluidas 14 ministras de Estado, y representantes de organismos internacionales, como Alejandra Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (CIM), y María Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres.

La Secretaria Ejecutiva de la CIM/OEA, Alejandra Mora Mora, destacó que “la Convención de Belém do Pará es el instrumento más importante que tiene nuestra región y el mundo para enfrentar y poner un límite a la violencia. No obstante, cada dos horas muere una mujer en nuestra región. Por eso estamos aquí, en este espacio, de la mano del liderazgo de Chile, porque queremos acelerar y profundizar todas las medidas y que así no nos falte ninguna más en la región”.

En tanto, la Directora Regional de ONU Mujeres, María Noel Vaeza, felicitó a Chile por la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia, señalando que “eso es lo que la región necesita: más iniciativas que definan los nuevos tipos de violencia, sobre todo porque hoy existen nuevas formas, como la cibernética. Es clave que todos nos pongamos a trabajar para seguir avanzando, y llegar así a la igualdad deseada”.

En esta instancia se abordarán diversas temáticas, incluyendo el desarrollo de una Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género desde las tecnologías; como también el diseño de estrategias aceleradoras para la implementación efectiva de la Convención en los distintos territorios.

Las actividades continuarán este 12 de junio, donde se definirá el país sede para el próximo encuentro y se abordarán temáticas relativas a la violencia de género contra mujeres afrodescendientes, además de aquellas asociadas al acceso a la justicia, verdad y reparación en Latinoamérica.

La Conferencia de Estados Parte fue precedida por dos paneles de la sociedad civil, uno de organizaciones nacionales, realizado el sábado 8 de junio, y otro de organizaciones internacionales, realizado el lunes 10. Además, en preparación a esta conferencia, se realizaron encuentros locales en las 16 regiones del país, en los que participaron cerca de 600 personas y los cuales fueron organizados por las seremis del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Más información sobre esta Conferencia: https://minmujeryeg.gob.cl/?page_id=53567

• Esta normativa busca abordar la violencia estructural que viven las mujeres y establecer mecanismos para su erradicación, a través de la promoción de sus derechos y la prevención, mejorando la respuesta del Estado frente a las diferentes expresiones de violencia que viven mujeres y niñas.
• Más de 200 mujeres de organizaciones de la sociedad civil participaron de esta ceremonia que se realizó ad-portas de la conmemoración en Chile del 30° aniversario de la Convención de Belém do Pará, tratado histórico en esta materia.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, junto a la subsecretaria de la cartera, Luz Vidal Huiriqueo, encabezó este sábado 8 de junio la ceremonia de promulgación de la Ley que establece medidas para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, aprobada luego de 7 años de tramitación en el Congreso. En la actividad, realizada en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, participaron más de 200 mujeres pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil de nuestro país.

El Gobierno del Presidente Boric, a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, reactivó y dio prioridad legislativa a esta iniciativa que había sido ingresada al Congreso por la primera ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el año 2017, y que fue aprobada de manera transversal en el Congreso Nacional en marzo pasado.

“Esta fue la primera urgencia legislativa que anunciamos como Gobierno, incluso antes de asumir, el 8 de marzo de 2022. Requirió el trabajo de comisiones unidas en el Senado y una larga discusión artículo a artículo, pues se pidió discusión separada para cada cosa que dijera ‘género’. Sin embargo -y requerimiento constitucional mediante- hoy estamos promulgando esta ley”, destacó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

La ministra de la Mujer agradeció a las parlamentarias que contribuyeron al avance de esta iniciativa, especialmente a las senadoras Isabel Allende, Claudia Pascual, Yasna Provoste, Loreto Carvajal “y a todas quienes estuvieron ahí para apoyarnos en esta larga pero hoy por fin concluida tramitación”, concluyó.

Asimismo, Orellana informó que los próximos pasos serán la implementación efectiva de la Ley junto a los Tribunales de Justicia, para lo cual se ha designado como coordinadora a la ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich, el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y Carabineros.

Este hito coincide con la conmemoración de los 30 años de la Convención Interamericana Belém do Pará, el primer instrumento internacional de Derechos Humanos que promovió exclusivamente la incorporación de medidas para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres en los Estados de América Latina y El Caribe. De hecho, este martes 11 y jueves 12, Chile será sede de la IX Conferencia de Estados Parte de la Convención, dado que nuestro país se encuentra presidiendo dicha instancia.

En 1991, en Chile se ingresó la primera moción parlamentaria sobre violencia de género. Desde entonces, han existido importantes avances en materia de visibilización y tipificación de la violencia de género, en particular desde 2020, cuando se promulgó la Ley Gabriela, que permitió penalizar el delito de femicidio íntimo y no íntimo. Esta ley integral marca un nuevo avance para nuestro país, pues permitirá contar con un marco legal que reconoce la violencia de género que se ejerce en espacios distintos al ámbito de las relaciones afectivas y/o familiares.

Principales aspectos de la Ley Integral

La Ley promulgada es un marco normativo para abordar la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de su género, que establece las bases y lineamientos para su abordaje, y los deberes de los distintos órganos del Estado en esta materia.

Entre muchos otros aspectos, la ley precisa algunas definiciones sobre distintos tipos de violencia de género y su expresión (física, psicológica, sexual, económica, gineco-obstétrica, etc.); realza el rol preventivo que deben tener los órganos del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres de manera efectiva;; fortalece las medidas cautelares y establece un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia; e incorpora a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas de la violencia de género que viven sus madres o cuidadoras, “permitiendo que se decreten mejores medidas de alejamiento (…) y por otro lado, que como sociedad nos demos la oportunidad de romper con el ciclo de transmisión de la violencia generación a generación”, señaló la ministra Orellana.

Además, amplía las medidas cautelares a delitos y agresiones que ocurran fuera de relaciones filiales, afectivas o de convivencia. Hasta ahora, solo se podía decretar medidas cautelares inmediatas en los casos de violencia intrafamiliar.

Asimismo, la ley garantiza la asistencia y representación judicial gratuita a las víctimas de violencia de género;  fortalecerá el rol de representación jurídica del SernamEG en casos de femicidios o suicidios femicidas, para llegar antes y más rápido; y permitirá contar con un sistema de gestión integral de casos, para que todos los organismos que trabajan en la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer, cuenten con la misma información y puedan intervenir y articularse eficientemente, evitando -además- la revictimización.

Desde un enfoque preventivo, el objetivo de esta ley es propiciar la elaboración e implementación de planes, programas y protocolos para su prevención. Asimismo, algo fundamental es que esta iniciativa mandata a los órganos del Estado a actuar con estándares de debida diligencia, lo que implica que investiguen o juzguen hechos de violencia de género, según corresponda, y adopten medidas oportunas, idóneas, y exhaustivas para garantizar el acceso a la justicia, y así evitar el archivo de casos.

Esta Ley entrará en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial, con excepción de los artículos que decretan la elaboración de Reglamentos, los que deberán dictarse dentro de los próximos 12 meses.

• La ministra de la Mujer y la Equidad de Género fue parte de la comitiva presidencial que llegó este martes 4 de junio a la Región de Arica y Parinacota para inaugurar el primer Centro Comunitario de Cuidados que se instalarán en el país, y que fueron anunciados en la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric.
• En la oportunidad, ministra participó del gabinete regional, de una charla en la Universidad de Tarapacá y de un conversatorio con mujeres beneficiarias del programa 4 a 7 de SernamEG.

Este 4 de junio, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, fue parte de la comitiva que acompañó al Presidente Gabriel Boric en la inauguración del Centro Comunitario de Cuidados de Arica, la primera infraestructura pública dirigida exclusivamente para el cuidado en Chile, materializando uno de los anuncios realizado en su última cuenta pública al país, donde se comprometió la instalación de 100 de estos centros en el país.

Los nuevos Centros Comunitarios serán un programa social dirigido a personas que cuidan, de forma no remunerada, a personas con dependencia severa, moderada y leve y/o niños, niñas y adolescentes. En ellos se desarrollarán actividades diseñadas para abordar las necesidades de las personas que cuidan, desde servicios de atención social hasta terapias psicoemocionales, al mismo tiempo en que quienes requieren cuidados lo recibirán de parte de profesionales.

El primer Centro inaugurado en el país queda emplazado en el barrio El Alto, de la comuna de Arica, y constituye el puntapié inicial para la instalación de Chile Cuida, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó lo importante que es esta iniciativa en el marco de la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que incluye también un proyecto de ley para la sostenibilidad de este sistema en el largo plazo y el apoyo domiciliario, priorizando a las personas con discapacidad severa. Respecto de estos centros, señaló que en ellos “habrá espacios para que las personas con dependencia tengan actividades que las ayuden a tener el máximo de autonomía posible; para que las personas mayores retrasen su dependencia lo más posible y para que las personas cuidadoras, en su gran mayoría mujeres, puedan tener espacios de alivio, descanso, compañerismo y apoyo”.

“Quiero reconocer el gran empuje que han dado a esta política el movimiento de mujeres cuidadoras, el movimiento de las personas que cuidan a personas con enfermedades poco frecuentes, el movimiento de las personas con discapacidad y las uniones comunales de adultos mayores, que han reclamado su espacio y que participaron masivamente en los diálogos “Hablemos de cuidado’”, señaló la ministra Orellana.

Otras actividades en la región

Además, en el marco de esta visita a la región, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, junto a la subsecretaria de la Mujer, Luz Vidal Huiriqueo, y la seremi de la Mujer, Camila Roberts Azocar, participaron del Gabinete regional, encabezado por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Asimismo, junto a la directora regional de SernamEG, Lorena Ríos, la ministra encabezó un diálogo con beneficiarias del Programa 4 a 7 de SernamEG, que ejecuta la Municipalidad de Arica y que busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres, apoyando la conciliación de la vida laboral y familiar a través del acceso al servicio de cuidados a mujeres responsables de niños y niñas de 6 a 13 años.

Por último, la ministra dio una charla sobre legislación en corresponsabilidad y violencia en para estudiantes de Derecho de la Universidad de Tarapacá, organizaciones de mujeres de la región y usuarias de SernamEG.

• TGR y Ministerio de la Mujer hicieron un balance del proceso e indicaron que se trata de casos de personas obtenidas del Registro Nacional de Pensiones de Alimentos.

La Tesorería General de la República (TGR) informó que concluyó el proceso de devolución de renta 2024 a 2 millones 632 mil contribuyentes por $2,3 billones de pesos. De estas devoluciones, $4.390 millones corresponden a retenciones de pensiones de alimentos de 23.971 casos, obtenidos del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que administra el Servicio de Registro Civil e Identificación.

En esta evaluación de la Operación Renta 2024, el servicio a su cargo hizo retenciones legales de renta a 521.326 contribuyentes, por $138.388 millones. Señaló que la mayor parte de éstas corresponde a retenciones por deudas de crédito universitario solidario: 78.333 contribuyentes, por $19.896 millones; de Crédito con Aval del Estado, a 31.279 personas, por un monto de $4.744 millones y por retenciones de pensiones de alimentos: 23.971 casos, por $4.390 millones. De estas devoluciones, el 98,42% se realizó mediante transferencia electrónica, un 1,48% vía cheque y 0,20% a través de pago por caja de BancoEstado.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó que “este es el segundo año en el que la operación renta considera la retención de fondos de deudores inscritos en el Registro. Esta herramienta, en conjunto con el mecanismo de pago efectivo de la ley de responsabilidad parental, es parte de una institucionalidad al servicio de las familias, en particular de las madres que crían solas, y que ha venido a remediar en alguna medida las negativas consecuencias del abandono parental, por cierto, tan extendido en nuestra sociedad”.

Junto con ello, la secretaria de Estado señaló que “hoy como país contamos con una mejor institucionalidad para el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias, lo que está generando un cambio de conciencia respecto a un problema histórico en Chile. El llamado que hacemos es a que se siga formalizando la deuda ante tribunales de familia, porque niños, niñas y adolescentes tienen derechos a estos recursos para su mantención y desarrollo”.

“Este año de manera excepcional adelantamos la devolución de renta en más de dos semanas, desde la primera quincena de mayo al 26 de abril, que fue nuestro primer proceso de devolución masiva. Adicionalmente, efectuamos retenciones y compensaciones durante esta labor, de acuerdo a las facultades que nos entrega la normativa vigente”, expresó el Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli.

“Este año, en el proceso de devolución de renta logramos cumplir de forma oportuna y con alta eficiencia este desafío. Vimos que aumentó la cantidad total de contribuyentes que declararon su renta, así como también el aumento considerable de los montos de retención a personas que ingresaron al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.”, sostuvo Hernán Nobizelli.

REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES

Cifras deudores:
Total de deudores vigentes: 301.839 personas
Cancelaciones (personas que han regularizado su situación y han salido del registro): 62.426
Femenino: 8.306 (3,77%)
Masculino: 212.027 (96,23%)

Cifras alimentarios:
Total de alimentarios: 302.404
Femenino: 157.346 (52,032%)
Masculino: 145.041 (47,966%)
Otro: 7 (0,002%)

La ley N°21.389 creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, con el objeto promover el pago de las pensiones de alimentos. Para disponer de medidas para el pago, respecto de deudores/as que deben pensión de alimentos por 3 meses consecutivos o 5 discontinuos, cuando una resolución judicial así lo ordene.

Consecuencias de estar en el Registro de Deudores

• En el caso de la venta de inmuebles o vehículos motorizados, el Conservador de Bienes Raíces o el Registro Civil, respectivamente, podrán inscribir la transferencia, sólo en la medida que se acredite que, con las ganancias de la venta, se pagarán los alimentos adeudados.
• En la etapa de la devolución de impuestos producto de la Operación Renta, la Tesorería General de la República podrá retener el dinero a las personas deudoras de pensión de alimentos.
• Las personas deudoras de pensiones de alimentos no podrán renovar sus licencias de conducir ni tampoco sus pasaportes. En casos calificados, deberán acreditar al tribunal la necesidad indispensable de tales documentos (por ejemplo, porque los necesitan para la generación de ingresos, vigencia limitada, garantía de pago).
• Cuando alguno de los 3 poderes del Estado realice contrataciones o ascensos, al deudor de pensión de alimentos se le retendrá un porcentaje de su sueldo para pagar la deuda. Esto es aplicable también a los cargos de elección popular y a los cargos que se concursan por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
• Las personas que están obligadas a realizar Declaración de Intereses y Patrimonio deberán declarar sus deudas alimenticias.
• Para evaluar la idoneidad que se realiza a los solicitantes que postulen a la adopción de un niño, niña o adolescente, se verificará que dichas personas no se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

La ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos y la ley que establece el Registro Nacional de Deudores forman parte de una misma institucionalidad, la cual tiene como objetivo lograr el pago de las pensiones de alimentos en nuestro país. Mientras el Registro Nacional de Deudores crea incentivos para el pago de deudas a través de sanciones a la morosidad, la ley de Responsabilidad Parental establece un mecanismo de pago efectivo de las pensiones de alimentos adeudadas.