Con el fin de profundizar en los avances de la agenda LGTBIQA+, este viernes se llevó a cabo la tercera sesión de seguimiento de la Mesa Gubernamental de Trabajo por los Derechos de las diversidades.

En la oportunidad, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, dio cuenta de los avances de dicha agenda por parte del Ejecutivo a la sociedad civil.

“Acompañadas por distintas representantes del conjunto del servicio público, hoy hemos sostenido una nueva sesión de la Mesa por los Derechos de la población de la diversidad LGTBIQA+. En esta sesión estuvimos revisando cómo se han ido cumpliendo algunos compromisos. Hablamos de , por ejemplo, el estudio respecto a la implementación de la Ley de Matrimonio Igualitario en el Registro Civil; hablamos por ejemplo del proceso de consulta pública en el cual hoy está el Ministerio de Salud para la Política Nacional de Salud Trans y, por supuesto también, de las capacitaciones a organizaciones de la diversidad para que podamos ocupar el protocolo ante hechos violentos que conecta el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, con el Programa de Atención a Víctimas que está haciendo la derivación”, señaló la secretaria de Estado.

Junto con ello, dijo que “esperamos pronto poder tener una nueva sesión de seguimiento, porque surgen nuevos desafíos, hay temas aún pendientes y, por lo tanto, nuestro compromiso es seguir trabajando, hasta el último día, junto con las organizaciones de la comunidad de todo el país, no sólo de Santiago, para lograr plenitud de derechos y una sociedad sin discriminación”.

En esta sesión de trabajo se dio cuenta también de los avances de la reforma a la ley 20.609 o ley antidiscriminación, cuya presentación estuvo a cargo del equipo de la diputada Emilia Schneider, y, posteriormente, se recibió retroalimentación de los avances por parte de las organizaciones de la sociedad civil participantes.

En tanto, representantes del Servicio Civil dieron a conocer los avances y resultados de la política de uso de nombre social e identidad de género en los servicios públicos.

En esta tercera sesión fueron convocadas las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Colectivo Neutres Chile, Movilh, Fundación RENACERES, Acción Gay, Agrupación Lésbica Rompiendo El Silencio, Fundación Juntos Contigo, Fundacion Historia Trans Chilena, Cooperativa Bolsa Laboral Disidente La Causa, Disidencias en Red, OTD, Fundación Iguales, MUMS, Colectiva Transforma, Migración Diversa, Fundación Féminas Latinas Migrantes, Fundación Acuarela, Fundación Todo Mejora, Colectivo Pies Disidentes, Sindicato Amanda Jofré, Sindicato Amanda Jofre, Intersexuales Chile, Fundación Chile Diverso, AMIK Chile, Stage Ninja Chile, Marcha Disidente, Asearro, Intersex Pacífico Sur, Fundación Centro Espacio Seguro, Agrupación por la Diversidad Sexual e Inclusión, Transed, Fundación Somos Visibles, Agrupación socio cultural Cinthya Gonzales, Fundación Agente Diversa y la Red Comunitaria de activistas y organizaciones LGBTIQANB+ Arica.

• De ese total ya se han cancelado más de 318 mil millones, mientras que el resto está en proceso de pago.
• A través de los sistemas de retención de fondos que establece la ley se verán beneficiadas más de 112 mil familias por el mecanismo especial; y más de 72 mil a través del mecanismo extraordinario.

 En el Segundo Juzgado de Familia de San Miguel, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto a la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, entregaron un balance del primer año de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos.

Según las cifras entregadas por el Poder Judicial, en estos 12 meses de implementación los Tribunales de Familia han ordenado el pago de más de 830 mil millones de pesos a quienes adeudan la pensión de alimentos, de los cuales ya se han cancelado más de 318 mil millones, mientras que el resto está en proceso de pago. Los montos señalados consideran los dos sistemas de retención que existen a través de esta ley; el mecanismo especial a través del cual se revisan las cuentas corrientes, de ahorro y fondos mutuos de los deudores y el mecanismo extraordinario, que consiste en una medida de última ratio en que se retienen los fondos de AFP de quien mantiene la deuda.

Al concretarse el pago de estos más de 800 mil millones de pesos, se verán beneficiadas más de 112 mil familias a través del mecanismo especial; y más de 72 mil a través del mecanismo extraordinario.

“Cuando nos referimos a que Ya No Estás Sola señalamos que si en los Tribunales de Familia, podemos encontrar a mujeres que acuden no solamente con la carga de la crianza en soledad, sino que también con un montón de papeles que debía reunir de mutuo propio, como si fuera investigadora privada, siendo que eran datos que están en posesión del Estado por distintas fuentes. Hoy a través de esta ley es el Estado el que se encuentra reuniendo la información y buscando mejorar interoperabilidad de las distintas instituciones involucradas”, dijo la ministra de la Mujer y la Equidad de Género Antonia Orellana.

En tanto la ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich señaló que “es trascendental para que las personas desde su más tierna infancia puedan satisfacer sus necesidades espirituales y materiales, que se asuma que la corresponsabilidad  parental es indispensable, inexcusable, pues así tendremos  una sociedad conformada por personas sanas y equilibradas, y si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente, sí educar en el respeto de los derechos fundamentales de todos nosotros” A lo anterior agregó que es necesario recalcar que estos resultados no habrían sido posibles sin el enorme esfuerzo que están realizando las personas que trabajan en los tribunales con competencia en materia de familia, también en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para responder de manera adecuada a las personas que acuden a sus dependencias”.

Por su parte el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero destacó que: “De nada serviría la implementación de esta ley si no existiera conciencia, no solo de deudores, sino que todos quienes forman parte en la red de pagos, de la importancia que tiene el cumplimiento de esta. No se busca estigmatizar a nadie, sino que simplemente cumplir con aquellas obligaciones que nos parecen elementales en una sociedad democrática, con preferencia en protección en casos de niños, niñas y adolescentes”.

La ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas por Pensión de Alimentos se sumó a la creación del Registro Nacional de Deudores que se está en marcha desde noviembre de 2022, formando parte de una institucionalidad que busca mejorar el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos en Chile. Mientras el Registro Nacional de Deudores crea incentivos para el pago de deudas a través de sanciones a la morosidad, y ordena realizar algunas retenciones de fondos, la ley de Responsabilidad parental y pago efectivo establece un mecanismo de pago permanente de las pensiones de alimentos adeudadas.

Cabe destacar, además, que dentro de las medidas adoptadas y que van en esta misma dirección, se encuentran que desde el año pasado el Registro Social de Hogares que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, considera la deuda de pensión de alimentos como un factor de clasificación socioeconómica, lo que permite a los hogares que no están recibiendo la pensión de alimentos que corresponde, reportar esta situación para que se considere al momento de optar a los beneficios del Estado.

Deudas y mecanismo de pago

Si existe al menos una mensualidad de pensión de alimentos adeudada, se podrá solicitar al tribunal que active el procedimiento especial y ordene la búsqueda activa de patrimonio, a través de una medida de retención de fondos que el deudor tenga en:

• cuentas bancarias
• instrumentos financieros y de inversión
• cuentas de ahorro previsional voluntario

Adicionalmente, se puede solicitar activar el procedimiento extraordinario al tribunal cuando existen tres mensualidades de pensión de alimentos adeudadas, totales o parciales, continuas o discontinuas, y el deudor no cuente con fondos en los bancos o instituciones financieras, o bien estos no fueran suficientes para saldar el total de la deuda. En este caso, el tribunal ordenará el pago con cargo a los fondos que existan en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del deudor (AFP).

Dado que los fondos de pensión tienen como objeto el pago de pensiones de vejez o invalidez, y que el mecanismo extraordinario de pago con dichos fondos es la última opción, cuando no hay más patrimonio líquido para saldar la deuda, existen límites para el pago de la deuda de pensión de alimentos con los fondos de la cuenta de capitalización individual:

• Si la persona deudora se encuentra a 15 años o menos de cumplir con la edad legal para jubilar, el pago que se realice no podrá exceder de un 50% de los recursos acumulados en su cuenta;
• Si la persona deudora se encuentra a más de 15 años y menos de 30 años de cumplir con la edad para jubilar, el pago que se realice no podrá exceder de un 80% de los recursos acumulados en su cuenta;
• Si la persona deudora se encuentra a más de 30 años de cumplir con la edad para jubilar, el pago que se realice no podrá exceder de un 90% de los recursos acumulados en su cuenta.

La Ley en cifras

1.- Procedimiento especial de pago (cuentas bancarias, fondos mutuos y otros)

– Los juzgados de Familia han dictado 112.208 órdenes de pago por un monto de $293.202.908.201

– Hasta la fecha se han pagado $48.870.959.719 para un total de 104. 807 beneficiados 

2.- Procedimiento de pago extraordinario de pago (Fondos de AFP):

– Los juzgados de Familia han dictado 72.076 órdenes de pago por un monto de $537.235.426.313

– Hasta la fecha se han pagado $269.516.304.986 para un total de 63.259 beneficiados

• La población que consideró corresponde a mayores de edad residentes en Chile con representatividad nacional, regional, por tramos de edad y sexo con una muestra de 20.392 personas.

Hoy en el Centro Gabriela Mistral (GAM) de Santiago, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dieron a conocer a distintas organizaciones de la Sociedad Civil la tercera entrega de la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023. llevada a cabo por la Subsecretaría de Salud Pública a través de su departamento de Epidemiología, con foco en indicadores LGBTIQA+.

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, explicó que “hoy 17 de mayo es el día contra la homofobia, la lesbobia y la transfobia, podríamos decir contra la LGBTIQA+ fobia. Es un día para avanzar en contra de los discursos de odio y las actitudes de discriminación hacia personas de la diversidad sexogenérica y para eso tenemos distintas herramientas. Una de ellas es la información, la educación y la concientización. Es por eso que en este esfuerzo que hicimos, tomamos este día como una oportunidad para mostrar este tercer informe de resultados de la Encuesta ENSSEX con un análisis específico enfocándonos en la salud y sexualidad de las diversidades sexogénicas”.

Esta encuesta tiene como antecesor el primer estudio de “Comportamiento Sexual en el Conosur” (COSECON), que se aplicó en Chile en 1998 y cuyo principal foco fue la indagación sobre la expansión de la pandemia por VIH-Sida.

Uno de los resultados a destacar es que en Chile la aceptación social hacia la orientación sexual homosexual aumentó, desde un 3,4%, en 1998, a un 80,8%, en 2022. Hoy, la enorme mayoría de las personas en Chile señala tener una actitud de aceptación hacia personas de la diversidad sexual.

La ministra Antonia Orellana dijo que “como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género queremos felicitar hoy, Día Internacional contra la LGBTIQA+ fobia, que estén disponibles los datos para su análisis por toda la sociedad civil y la academia y, en ese sentido, queremos destacar que desde que se realizó por primera vez este estudio con el nombre de Consulta de Sexualidad del Conosur en 1998 a esta nueva muestra del 2022-2023 ha pasado mucho tiempo, pero ese tiempo no fue en vano porque se produjo un profundo cambio cultural”.

La ministra destacó que estos resultados dan cuenta de “un cambio cultural radical que no podemos dar por sentado y que creemos que hay que seguir acompañando a través de acciones institucionales y políticas públicas afirmativas de la diversidad que hagan entender que la discriminación es un fenómeno social que debemos erradicar y esperamos que así podamos ir terminando con esa brecha de estudio a estudio”.

La población que consideró la encuesta corresponde a mayores de edad residentes en Chile con representatividad nacional, regional, por tramos de edad y sexo con una muestra de 20.392 personas.

Para la subsecretaria Albagli el trabajo detrás de esta encuesta “no es casualidad, sino que con ésta estamos realizando uno de los esfuerzos importantes que tenemos que hacer como sociedad para avanzar en la igualdad de derecho de todas las personas”, agregó la autoridad.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023 para su análisis estarán a disposición de la población en la página epi.minsal.cl

• De un total de 28 agrupaciones de alcance nacional y regional que postularon para ser parte de esta instancia.

La ministra Antonia Orellana junto a la subsecretaria, Luz Vidal, encabezaron este jueves la primera reunión de constitución del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para el periodo 2024-2026.

El COSOC es un órgano de carácter consultivo y autónomo en sus decisiones, compuesto de manera diversa, representativa y pluralista por representantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con el quehacer institucional y que abordará temas relativos a sus políticas públicas, planes y programas en concordancia con la ley N°20.820 que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Tiene por función la incorporación de la voz de la ciudadanía en el ciclo de diseño e implementación de las políticas públicas, en el marco de las funciones que desarrolla el Ministerio, velando por el fortalecimiento de la gestión pública participativa.

“Estamos muy contentas de poder constituir hoy nuestro Consejo de la Sociedad Civil y contentas también porque vamos a poder seguir una línea de trabajo que tiene que ver con la diversidad de mujeres que también buscamos que se viera expresada en el Plan Nacional de Igualdad lanzado el año pasado, ya que este es un año muy desafiante para el ministerio porque este es el último año donde podemos elaborar un presupuesto que vamos a poder ejecutar como gobierno y los énfasis se verán en ese sentido. También porque próximamente vamos a poder promulgar la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres que impone un gran desafío reglamentario y de implementación intersectorial. Y, finalmente, porque tenemos grandes desafíos legislativos y el aporte de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental”, dijo la ministra Antonia Orellana.

Por su parte, la subsecretaria Luz Vidal destacó que las representantes de las diversas organizaciones reflejan la diversidad de mujeres y territorios del país: “Su presencia es fundamental para reforzar nuestro compromiso con una política pública descentralizada. Sus perspectivas y experiencias son vitales para detectar nuevas necesidades y ayudarnos a diseñar políticas que respondan de manera efectiva a la realidad que viven las mujeres en cada rincón del país.”

En la constitución del nuevo COSOC se realizó la elección de la presidenta y vicepresidenta de esta instancia, entre las representantes de las 15 organizaciones, donde resultaron electas Magdalena Castillo Díaz de la Fundación para el Progreso y Liderazgo de la Mujer y Francisca Pérez-Prado de la Corporación La Morada, respectivamente.

Elecciones periodo 2024-2026

El pasado 29 y 30 de abril se llevó a cabo la votación para elegir a las representantes de 15 organizaciones parte de esta instancia, en el marco de la implementación de la Ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana.

Para ello se inscribieron más de 30 organizaciones de la sociedad civil de alcance nacional y regional, 28 de las cuales presentaron su candidatura para ser parte del COSOC.

Mediante una votación de carácter virtual en la que participaron dichas organizaciones, resultaron electas las siguientes representantes:

Derechos Civiles y Políticos

1. Francisca Pérez-Prado, Corporación La Morada

Derechos Económicos

2. Magdalena Castillo Díaz, Fundación para el Progreso y Liderazgo de la Mujer

Derechos Sexuales, Reproductivos y Salud Integral

3. Débora Solís Martínez, Aprofa

Derecho a una Vida Libre de Violencia y Discriminación

4. Claudia Salinas Gutiérrez, Abofem
5. Paloma Olivares Alvarado, Yo Cuido
6. Paulina Barrientos, Red de Acción Carcelaria
7. Verónica Contreras Contreras, Ciudadanas Cuidando

Derechos Sociales y Culturales

8. Karen Vergara Sánchez, ONG Amaranta

Grupos específicos de mujeres y sus derechos

9. Sofía Pavanati Cortés, Fundación Niñas Valientes
10. Constanza Camilo Fuentes, Fundación Tremendas
11. Ana Sepúlveda Yáñez, Corporación Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile
12. Grace Arango Chavarría, ONG Migrante en Los Ríos
13. Valentina Riascos Sánchez, Fundación Féminas Latinas

Regiones

14. Julieta Tolrá Escobar, Corporación Interamericana de Medicina Integrativa y Terapias Holísticas
15. Verónica Raddatz Marín, Asociación de Usuarios Transporte Público Llanquihue.

El Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género debe sesionar al menos 5 veces en el año. La próxima reunión de trabajo se llevará a cabo durante la última semana de junio próximo.

• Desde este año, el SernamEG se encuentra implementando un rediseño de su oferta de programas para mujeres que han vivido violencia, un proceso de cambios que responde a la evidencia, a la evaluación previa de sus programas y al objetivo de contribuir de forma más efectiva a la prevención, atención y reparación de la violencia contra las mujeres.

El año 2023, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), parte fundamental de la institucionalidad del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, inició un proceso de rediseño programático necesario para su expansión, con el propósito de subsanar deficiencias de sus programas de Violencia Contra las Mujeres que imposibilitaban el crecimiento y expansión de esta importante oferta programática.

En base a este rediseño, este 2024 el SernamEG vio un incremento de 5,2% en el presupuesto destinado a los programas de Violencia Contra la Mujer, lo que, junto con mejorar el servicio, está permitiendo ampliar en número de mujeres que reciben atención, orientación, acompañamiento y/o representación jurídica a través de sus distintos programas.

Este rediseño y los análisis técnicos realizados a la oferta programática permitieron identificar una baja ocupación de las Casas de Acogida y, al contrario, una alta demanda -en algunos casos insatisfecha- de los servicios de atención especializada, reparación y prevención de la violencia de género. Por ejemplo, en cuanto a los servicios de reparación, las listas de espera para la atención podían superar los 12 meses.

Con esta información, el servicio definió fortalecer el componente reparatorio, priorizando la presencia de los Centros de Atención Especializada en Violencias Género por sobre la ampliación de Residencias Transitorias (ex Casas de Acogida). Esta decisión permitirá contar con al menos un centro de este tipo en cada región del país, como comprometió el presidente de la República. A la fecha, ya se han inaugurado cinco Centros de Atención Especializada en Violencias de Género en las regiones de Atacama, Maule, Tarapacá, Araucanía y Metropolitana.

La reformulación de los programas de SernamEG busca fortalecer la línea preventiva y la atención especializada reparatoria, de modo de hacer estos programas más eficaces respecto a su objetivo principal, que es prevenir la violencia contra la mujer y restituir los derechos y la autonomía de las mujeres que han vivido violencia.

En materia de prevención, se pasa de una mirada individual y acotada a un determinado rango de edad, a una concepción más amplia, centrada en lo educativo y comunitario, donde la población tenga una mayor incidencia activa en los contenidos y acciones para prevenir la violencia.

Respecto a la intervención de mujeres que son sobrevivientes de violencias, el proceso de acompañamiento implica -en este nuevo diseño- niveles de atención especializada de acuerdo con la afectación vivenciada, permitiendo mayor precisión y oportunidad en las acciones de prevención e intervención.

Por último, este rediseño permite contar con más herramientas para apoyar la recuperación de las autonomías en los procesos de reparación de la diversidad de mujeres sobrevivientes de violencia de género, en consistencia con las recomendaciones del Informe de la Dipres 2017.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en el marco de la Evaluación Ex Ante del diseño de programas públicos, revisó y entregó recomendación favorable al rediseño de la oferta programática del SernamEG, después de cinco años en que esta había obtenido observaciones técnicas desfavorables.

1. Programa de Prevención de las Violencias de Género (ex prevención de VCM)

La propuesta actual trabaja con organizaciones sociales, juntas de vecinos/as, clubes deportivos sin rango de edad, es decir, incorpora una perspectiva comunitaria, considerando la violencia de género, y ya no se limita a jóvenes de determinado rango etario.

La finalidad de este programa es fortalecer el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia de género en trabajo con organizaciones sociales y educacionales de Chile, para que cuenten con las herramientas que les permitan prevenir la violencia de género en sus comunidades. Está centrado en el

ámbito educativo y comunitario para llegar a las mujeres, hombres y jóvenes sin distinción de edad, a través de la vinculación directa con las organizaciones comunitarias, como juntas de vecinos, organizaciones sociales y clubes deportivos, mediante la coordinación con los municipios. El objetivo es establecer un proceso de incidencia y educación en temas de prevención de género en los territorios.

 2.Programa de Atención Inicial (Ex APR)

El objetivo de este programa es fortalecer el derecho a una vida libre de violencia de género y está destinado a la diversidad de mujeres sobrevivientes que solicitan orientación e información en violencia de género, ya sea de manera presencial, telefónica o telemáticamente, o que tengan una evaluación de riesgo inicial y que soliciten voluntariamente acompañamiento psicosocial y jurídico.

La atención será focalizada y personalizada, y se entregará orientación y acompañamiento en relación con el nivel de afectación de cada persona. Este es el proceso más importante, ya que a través de este programa se entrega una primera acogida para casos de violencia de género, que entrega orientación e información; contención emocional, intervención psicosocial y apoyo jurídico. Asimismo, permite realizar una evaluación del riesgo de derivación y/o coordinación interinstitucional con otros servicios de respuesta frente a la violencia de género, dependiendo de cada caso.

3. Programa Recuperación del ejercicio de la Autonomía para Víctimas y Sobrevivientes de Violencias de Género (ex APR)

 La finalidad de este programa es contribuir a fortalecer el derecho a una vida libre de violencia de género destinado a mujeres adultas víctimas/sobrevivientes de violencia sexual grave/extrema. Para ello, se utilizan herramientas para apoyar la recuperación de las autonomías en los procesos de reparación de las víctimas en diferentes instancias.

Este programa permite integrar de mejor forma la atención de los casos graves o vitales, reduciendo la derivación entre distintos centros de atención.

En este contexto se considera la opción de derivación a residencias transitorias, garantizar la provisión de alimentación, habitación con fines de seguridad, para las mujeres y sus hijas e hijos mientras se encuentren en la residencia.

Conjuntamente, se dispone voluntariamente de atención psicoterapéutica reparatoria, tanto individual como grupal y orientación, asesoría y representación legal.