• La ministra Antonia Orellana realizó un balance del trabajo desarrollado por el Circuito Intersectorial del Femicidio, instancia creada el 2009 que entrega una respuesta especializada en casos de violencia grave contra las mujeres.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, dio a conocer el Informe del Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF), donde explicó el trabajo articulado por esta instancia que entrega una respuesta integral y coordinada, de parte de actores del Estado, en casos de violencia grave y extrema contra las mujeres y los desafíos para el año en curso.

El CIF, que funciona desde el año 2009, actualmente se encuentra integrado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Servicio Médico Legal, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Al respecto, la ministra Orellana destacó que el nuevo Fiscal Nacional haya manifestado la voluntad de integrar a tal institución al espacio. “Es una buena noticia para las víctimas, porque cuando Sernameg y Fiscalía actúan juntos tenemos mejores resultados”.

En el mismo sentido se manifestó Mónica Maureira, integrante del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). “Cuando el Sernameg no patrocina, la Fiscalía no formaliza por femicidio” indicó, además de llamar la atención sobre el aumento de la tasa de femicidios en la Región de Tarapacá.

Algunas cifras

Al observar todo el período de registros de la SRAV CIF entre el 2014 y 2021, destaca que el año con menos casos fue el 2014 y el año con mayor número de casos fue el 2020 (con 151 casos). Se observa una importante alza en el año 2020, marcado por el contexto de la pandemia por covid-19. Además, el CIF identificó 395 víctimas indirectas de femicidio (72 de consumados y 323 frustrados) –y 6 de parricidio.

 Así, durante el año 2021, hubo un total de 44 casos de femicidios consumados y 163 casos de femicidios frustrados.

A nivel país, los femicidios consumados que en total ocurrieron en 44 casos durante el 2021, se concentraron en la Región Metropolitana (20 casos).

En el caso de los femicidios frustrados que ocurrieron en total en 163 casos durante el 2021, si bien se concentraron en la Región Metropolitana (57 casos), también ocurrieron con elevados casos en las regiones de Valparaíso (36 casos), La Araucanía (19 casos) y Biobío (15 casos).

De modo que, si bien es esperable que la mayoría de los casos se concentren en la Región Metropolitana por el número de habitantes y mujeres en relación con la densidad poblacional, este no es un factor determinante para la ocurrencia de los femicidios. Pues fuera de la RM ocurrieron en mayor medida en regiones menos pobladas. Así, la mayor tasa de femicidios se ubicó en la Región de Tarapacá.

Durante 2021 la mayor cantidad de casos se concentró en mujeres entre 30 y 45 años, y, en segundo lugar, mujeres entre 18 a 29 años. En años anteriores, el tramo etario ha sido el mismo.

La mayoría de las víctimas directas de femicidio consumado, registradas en 2021, tenían nacionalidad chilena (36 casos), mientras que el resto de los casos correspondió a mujeres de otras nacionalidades, donde hay más casos con nacionalidad colombiana (3 casos) y venezolana (2 casos).

La mayoría de las mujeres sobrevivientes de femicidios frustrados tienen nacionalidad chilena (139 casos). Además, se registraron casos de mujeres de otras nacionalidades correspondientes en mayor medida a nacionalidades venezolanas (8 casos), colombiana y boliviana (5 casos en cada una).

En aproximadamente uno de cada tres femicidios consumados ingresados al CIF, que ocurrieron en el 2021, el victimario tenía al menos una condena anterior por algún delito. En el caso de los femicidios frustrados, en casi la mitad el agresor tenía al menos una condena anterior.

Al 19 de enero de 2023, y tras dos meses de funcionamiento, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos acumula 14.512 deudores inscritos, de ellos 14.091 son hombres (97,1%), y 421 son mujeres (2,9%). En total, las deudas de las personas inscritas suman más de 23 mil millones de pesos.

“Las cifras que vemos a solo dos meses de iniciado el proceso de inscripción de deudores en el Registro dan cuenta de la magnitud del fenómeno. Más de veintitrés mil millones de deuda en pensiones de alimentos, que son un derecho de toda niña, niño y adolescente, y eso solo entre quienes han formalizado las pensiones en Tribunales. Hoy el llamado es a seguir formalizando los montos de pensión alimenticia de cara al inicio del mecanismo de pago efectivo que comienza en mayo”, señaló la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

Durante la implementación de este Registro, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género detectó e impulsó medidas para mejorar el cumplimiento de la ley en el caso de los prestadores de servicios financieros, entregándole atribuciones expresas a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para fiscalizar y sancionar a estos actores, lo que fue aprobado por el Congreso en diciembre recién pasado. La Ley dispuso que, a partir de marzo, la CMF comenzará a supervisar el cumplimiento de las obligaciones de consulta del Registro por parte de los proveedores de servicios financieros que fiscaliza.

Cómo funciona el Registro Nacional de Deudores

Para ingresar al Registro debe existir una causa por pensión de alimentos ante los Tribunales de Justicia, los cuales deben evaluar los antecedentes. Los alimentarios deben solicitar al Tribunal correspondiente la liquidación de la deuda, que será puesta en conocimiento del alimentante. Si éste tiene una deuda de tres meses continuos y/o cinco discontinuos y no hace el pago una vez realizada la liquidación, el Tribunal enviará los antecedentes al Servicio de Registro de Identificación, para que éste inscriba al alimentario deudor en el Registro Nacional de Deudores.

Este mecanismo es un sistema electrónico remoto, gratuito e inmediato, y puede ser consultado por cualquier persona o institución que tenga la obligación legal de hacerlo, tales como deudores, demandantes, representantes legales, tribunales, bancos, notarías, municipalidades, entre otras instituciones públicas y privadas.

Dentro de las consecuencias de ingresar al Registro Nacional de Deudores se encuentran: la retención de las devoluciones de impuestos en la operación renta de cada año, la imposibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir y/o el pasaporte y la retención de operaciones de crédito (desde 50 UF o más alcanzará un 50%), entre otras medidas.

Este Registro se sumará a la entrada en vigor, en mayo próximo, de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, impulsada el 2022 por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y aprobada de manera unánime por el Congreso Nacional.

• Ahora pasa a Comisión de Hacienda para continuar con su discusión.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, y la subsecretaria de la cartera, Luz Vidal, destacaron la aprobación en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, del proyecto de Ley que garantiza la protección y reparación a las víctimas de femicidio y sus familias.

“Estamos muy contentas como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y diría que también como Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, porque pudimos hoy despachar desde la comisión, el proyecto de ley de Reparación Integral para Víctimas de Femicidio, una moción que ha sido liderada por la diputada Cariola, que fue potenciada por el conjunto de esta comisión en toda su diversidad y que patrocinamos y también le pusimos recursos como Ejecutivo”, destacó la ministra Antonia Orellana.

Junto con ello, indicó que “este proyecto de ley plantea, entre otras cosas, un régimen de pensión para los niños y niñas que quedan huérfanos de su madre producto de un femicidio, plantea también otras medidas de reparación que tienen que ver con la protección del fuero laboral, y, además, busca interactuar de mejor forma con el régimen de protección social para que quienes reciben estos beneficios producto de un crimen tan terrible como un femicidio, no vean afectada su situación socioeconómica”.

“Queremos agradecer el compromiso de todas las diputadas, de todos sus sectores, por haber contribuido al acuerdo que permitió poner este proyecto y esperamos, por supuesto, su pronta aprobación en la sala”, concluyó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

Tras esta aprobación, la iniciativa ahora pasa a la Comisión de Hacienda de la cámara baja para continuar con su discusión legislativa.

• Las autoridades de ambas carteras dieron cumplimiento al compromiso de gobierno en esta materia.

En el Hospital San Juan de Dios, las ministras de Salud, Ximena Aguilera, y de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, encabezaron el lanzamiento del Manual de Fiscalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, dirigido a profesionales de las Seremis y/o de la Superintendencia de Salud, para supervisar el correcto funcionamiento de esta norma.

El objetivo del manual es estandarizar el proceso de supervisión de la Ley 21.030 para las instituciones públicas y privadas, entregando una pauta técnica para evaluar el cumplimiento de los cuerpos normativos de la ley, basado principalmente en las funciones de la red asistencial, nivel de atención, entrega de información, consentimiento informado y constitución de las causales

Adicionalmente, se proporcionan recomendaciones para la constitución de la visita en terreno y elementos críticos que el o la profesional de la Seremi de Salud y eventualmente de la Superintendencia del ramo, en su rol fiscalizador, debe considerar.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó el monitoreo social que han hecho diferentes organizaciones de la aplicación de esta ley y dijo que “este Manual refuerza nuestro compromiso por garantizar y tener acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, muy preliminarmente, va a permitir hacernos cargo de las falencias que han ido identificando los monitoreos sociales. Como, por ejemplo, identificar qué se les informa a las mujeres sobre su derecho a hacer uso de esta prestación en caso de constituirse alguna de estas causales, o también el poder revisar si es que se ofreció un método anticonceptivo a la usuaria post interrupción voluntaria del embarazo. También, por ejemplo, constatar que en caso de la tercera causal exista la denuncia por parte del director o directora del establecimiento”.

Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que “esta es una deuda que tiene el Ministerio de Salud desde que se publicó la ley por lo que estamos muy contentos de dar este hito en el que avanzamos en la fiscalización de las consideraciones para la inspección sanitaria, para la pauta de chequeo para la interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos lo que significa también en respaldo para las funcionarias y los funcionarios y para garantizar las condiciones de las mujeres que están solicitando este este acceso a la interrupción y las gestantes que están solicitando el acceso a interrupción voluntaria del embarazo”.

Algunas cifras

A 5 años de promulgada la ley, cuatro de cada 10 médicos obstetras en hospitales públicos son objetores de conciencia en causal de violación, lo que corresponde a un 43%; un 15% lo es ante el riesgo de vida de la madre y un 23% ante inviabilidad fetal.

Al implementar la ley se proyectaban 3.000 casos anuales, sin embargo, se han realizado 3.300 intervenciones entre 2018 y 2022, lo que podría estar traduciéndose en procedimientos que se desarrollan en la clandestinidad.

El mayor porcentaje de casos está vinculado con la inviabilidad con la vida del embrión o feto, con un 51 % (segunda causal), seguidas por peligro de vida de la persona gestante, con un 31 % (primera causal) y por último violación, con un 18% (tercera causal).

La gran mayoría de las interrupciones se realizan en la red pública de salud, por atención a través de FONASA, con un 84%.

• “Será un beneficio para quienes se les adeuda el pago y entrega mayor certeza jurídica al sector financiero”, señaló la ministra.

En noviembre pasado entró en vigencia el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, un listado electrónico que promueve el pago de estas deudas respecto de quienes tengan impagos tres meses consecutivos o cinco discontinuos y que el Tribunal haya ordenado incorporar en el Registro. A la fecha, ya hay más de 10 mil deudores en este listado que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Una de las consecuencias de figurar en el Registro es la retención del dinero de operaciones de crédito, por montos superiores a 50 UF, con el fin de pagar la pensión adeudada. Durante su implementación, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género detectó e impulsó medidas para mejorar el cumplimiento de la ley en el caso de los prestadores de servicios financieros, entregándole atribuciones expresas a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para fiscalizar y sancionar a estos actores.

La Ley dispuso que, a partir de marzo, la CMF comenzará a supervisar el cumplimiento de las obligaciones de consulta del Registro por parte de los proveedores de servicios financieros que fiscaliza.

“Esto es beneficioso tanto para quienes buscan el pago de las pensiones de alimentos, porque si no se cumplen los apremios tienen una vía clara de reclamo, como para el sector financiero, porque tienen mayor certeza jurídica respecto de cómo funciona el Registro”, explicó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

Por su parte, desde la CMF se destacó que “se está preparando para asumir esta nueva función, sin perjuicio de seguir dispuesta a colaborar con el Comité de Coordinación y Evaluación de este Registro, liderado por el Ministerio de la Mujer”.

Según la ley, los proveedores de servicios financieros deben consultar el Registro y, en caso de que el cliente esté inscrito, deberá retener fondos para pagar la deuda al alimentario, depositando esos recursos en la cuenta bancaria que corresponda. El proveedor que incumpla será sancionado con una multa, a beneficio fiscal, equivalente al doble de la cantidad que debió retener y pagar.

Otras consecuencias de ingresar al Registro Nacional de Deudores

Entre las otras consecuencias que tienen para los deudores de ser parte del Registro está la no renovación de sus licencias de conducir y/o pasaportes. Además, en caso de que el deudor pueda acceder a beneficios económicos del Estado, estos fondos se destinarán al pago, mientras que los empleadores de quienes sean deudores podrán descontar los montos de las liquidaciones de sueldo para pagar la deuda de pensión de alimentos.

En caso de enajenarse inmuebles o vehículos motorizados, se inscribirá la transferencia por parte del Conservador de Bienes Raíces o el Registro Civil solamente si es que el deudor acredita que con las ganancias de la venta se pagarán las pensiones adeudadas. También se retendrá la devolución de impuestos, de la misma forma en que se retendrá un porcentaje del sueldo si es que el deudor ejerce algún cargo en algún organismo público, al igual que en cargos de elección popular y de Alta Dirección Pública. Cuando corresponda, dicha deuda deberá ser informada en la Declaración de Intereses y Patrimonios.

Más información: https://www.gob.cl/registrodedeudores/