• En el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda se realizó hoy la instalación de la mesa que busca construir, en conjunto, el diagnóstico y las principales demandas de las diversidades y disidencias, para establecer orientaciones de futuras políticas públicas en estas materias.
• La instancia fue encabezada de manera conjunta por Irina Karamanos y por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, junto con la diputada Emilia Schneider.

Hoy se realizó la sesión de instalación de la mesa de trabajo entre el Gobierno y las organizaciones sociales LGBTIQA+, anunciada el pasado 31 de marzo, la cual busca establecer el diagnóstico y las demandas prioritarias de las diversidades sexo-genéricas, que permitan dar las primeras orientaciones para el desarrollo de políticas públicas en esta materia.

La instancia, que fue encabezada de manera conjunta por Irina Karamanos y por la ministra de la Mujer Antonia Orellana, contó con la presencia de la diputada Emilia Schneider, con la participación de las asesoras de género ministeriales y con 21 organizaciones sociales LGBTIQA+.

La mesa, que prolongará su trabajo hasta fines de año, busca ser un espacio de encuentro entre el Gobierno y las organizaciones sociales: “Para este Gobierno es muy importante esta instancia, ya que damos inicio al trabajo conjunto con las organizaciones sociales, pues tenemos un compromiso con la construcción de una sociedad realmente justa”, señaló Irina Karamanos al abrir esta primera sesión. “Si no estamos haciendo algo activamente por la garantía de los derechos de personas de las diversidades sexo-genéricas, estamos aportando a la reproducción de la estructura que sistemáticamente les ha discriminado, excluido y violentado”, agregó.

A través de la conformación de esta mesa, se levantará información, tanto con las organizaciones sociales, como con los distintos ministerios, el poder legislativo y distintas instituciones públicas, para tener un amplio diagnóstico de las dificultades a las que se ven enfrentadas las diversidades y disidencias en el día a día, lo cual permitirá generar orientaciones hacia el quehacer del Estado en la materia.

“Los avances para la población LGBTIQA+ han sido a contrapelo del Estado, con mucho esfuerzo para lograr leyes. Hoy como Gobierno sí tenemos ese impulso, pero enfrentamos un déficit importante respecto a información sobre diversidad y disidencias: no contamos con cifras claras”, señaló la ministra Orellana. “Por otra parte, a la espera de que tengamos una institucionalidad adecuada, es muy importante para mí invitar a las disidencias y las diversidades, a que vean en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género una institución aliada a la que pueden recurrir”, enfatizó.

Por su parte, la diputada Emilia Schneider, explicó que, “es un avance muy importante que nuestro Gobierno haya comenzado una mesa de trabajo con organizaciones sociales LGBTIQA+, espero que sea un espacio muy fructífero de reparación y avance de derechos de la población trans, por ejemplo, el cupo laboral trans que es una demanda tan sentida como comunidad”.

En esta sesión, se dio a conocer la situación actual de las acciones y/o políticas públicas que se están realizando en materia de derechos de personas de las diversidades sexo-genéricas por parte de los diferentes ministerios, así como materias que se están revisando en el Congreso, tales como, ley de identidad de género, cupo laboral trans, reforma a la ley antidiscriminación, ley José Matías y Educación sexual integral.

También se presentó una síntesis de los diagnósticos entregados por las organizaciones sociales en la actividad de conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, el 31 de marzo en el Palacio de La Moneda.

Para cerrar, las los y les participantes acordaron que las sesiones serán mensuales y abordarán temáticas como violencia, salud, discriminación, trabajo, entre otras, con la finalidad de dar una mirada integral a la propuesta que surja desde esta instancia.

Las organizaciones sociales participantes de la mesa son:

1. ACCIONGAY.
2. Asexuales y arromántiques Chile.
3. Agrupación Lésbica Rompiendo El Silencio.
4. Colectiva Transforma Concepción.
5. Colectivo Neutres.
6. Cooperativa Bolsa Laboral Disidente La Causa.
7. Disidencias en Red.
8. Féminas Latinas.
9. Fundación Acuarela.
10. Fundación Iguales.
11. Fundación Juntos Contigo.
12. Fundación Margen.
13. Fundación Dr. René Panozo
14. Fundación Todo Mejora.
15. Intersexuales Chile.
16. Movilh.
17. MUMS.
18. Organización Migración Diversa.
19. OTD.
20. Pies Disidentes.
21. Sindicato Amanda Jofré.

Hasta la Comisión de Constitución del Senado llegó la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, para exponer sobre los cambios que busca incorporar el gobierno del Presidente Gabriel Boric, al proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, al cual se le puso urgencia simple en marzo pasado.

La iniciativa, que fue ingresada al parlamento durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, tiene como objeto “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cualquiera sea su edad, estado civil, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política, o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, situación laboral, nivel educacional, de embarazo, orientación sexual, identidad y expresión de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición”.

Además, en el cuerpo legal se precisa el concepto de violencia contra las mujeres y las definiciones de sus manifestaciones: física, sicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, laboral y gineco-obstétrica. También establece los deberes de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación protección, sanción y reparación de violencia contra la mujer y dispone medidas generales de prevención de la violencia contra la mujer en el ámbito de la educación y la seguridad pública.

Dentro de las principales indicaciones que busca ingresar el Ejecutivo se encuentran:

Incorporar a los niños, niñas y adolescentes como víctimas directas de la violencia de género e

incorporar a niñas y adolescentes como personas que sufren violencia de género y que requieren una representación jurídica especializada.

En relación al primer punto, la ministra Orellana señaló que “hemos dicho que los niños y niñas no son testigos solamente, son víctimas de este círculo de violencia y por lo tanto necesitan ser atendidos. Incorporarlos de este modo permite que haya una interacción más virtuosa entre los Tribunales de Familia y los Tribunales de Garantía que ven los delitos de maltrato. Esto va a permitir también que haya menos revictimización, que haya reparación a esos niños y niñas y que, sobre todo, se pueden ver en conjunto todos los factores que producen la violencia”, dijo.

En tanto, respecto del segundo punto la secretaria de Estado precisó que: “Lo que hemos detectado es que no hay oferta programática para las adolescentes que viven violencia de género, se las llama continuamente a denunciar, pero actualmente no tienen representación jurídica ni en los servicios especializados de niñez ni en nuestro Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género”.

La ministra Orellana valoró el apoyo transversal de la iniciativa, de senadoras y senadores de todas las bancadas que estuvieron presentes en la instancia. En ese sentido la presidenta de la Comisión de Mujer y la Equidad de Género del Senado, la senadora Claudia Pascual, señaló “nuestra disponibilidad absoluta para que este proyecto avance lo más rápidamente posible, porque de verdad sentimos que, no solo le hace falta a las mujeres de nuestro país, sino que a nuestro país, para tener un cambio profundo cultural que realmente nos permita erradicar la violencia de género”, dijo.

En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador Matías Walker, dijo que “hemos acordado en la sesión de hoy que, tan pronto se ingresen en las indicaciones – que además vamos a trabajar en conjunto y se agradece el diálogo prelegislativo- vamos a sesionar, ojalá como comisiones unidas, Constitución y Comisión de Mujer y Género, de manera de despachar las indicaciones del Gobierno del Presidente Gabriel Boric lo antes posible y sumar todas las voluntades”.

“Queremos fortalecer la institucionalidad, queremos fortalecer la prevención, pero queremos que efectivamente vayamos avanzado como país en ir terminando con la violencia hacia las mujeres, que tiene un sustrato muy potente en una sociedad donde todavía persiste, anacrónicamente, la mirada casi que, de alguna manera, las mujeres son responsables de esa violencia y eso es algo que no podemos permitir”, dijo por su parte la senadora Isabel Allende.

La jefa de la bancada de senadores y senadoras de Renovación Nacional, la senadora Paulina Núñez, hizo hincapié en la necesidad de darle celeridad a esta iniciativa. “Desde ya adelanto nuestra disposición para que este proyecto avance rápidamente y sea ley. Es muy importante que, en estos temas, nuestras diferencias políticas queden de lado y pongamos por delante la necesidad de tener en este caso una Ley Integral que permita tener una vida libre de violencia”, señaló.

En el punto de prensa también estuvieron presentes la senadora Loreto Carvajal y el senador Gustavo Sanhueza.

“Las cifras nos muestran el importante abandono parental que viven hoy nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy ingresamos este proyecto de ley que trabajamos con parlamentarias y con organizaciones sociales, para dar una efectiva solución a miles de familias a las que se les adeuda el pago de pensión de alimentos”

Con estas palabras la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, explicó el proyecto de Ley sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deuda de Alimentos, que ingresó hoy con suma urgencia a través del Senado, el cual busca generar un mecanismo de pago permanente de la deuda, mejorar el acceso sobre la información financiera de los deudores y que este proceso se realice con criterios de justicia y dignidad.

“Buscamos mejorar la experiencia de miles de personas, una abrumadora mayoría mujeres, que tienen que deambular por tribunales actuando casi en las 3 funciones: como denunciante, como investigadora y como aportante de la prueba”, señaló la ministra, acompañada de diputadas de distintas bancadas que apoyan el proyecto.

La iniciativa establece que, si existe una deuda de pensión de alimentos, de tres meses impagos o cinco meses de pagos parciales, que está lista para ser cobrada en favor de un hijo o hija, éste o su representante legal:

1. Podrá solicitarle al tribunal que dictó la resolución donde consta la deuda, que ordene el pago de la misma, a través de los fondos que el deudor tenga en sus cuentas bancarias u otro instrumento de inversión.
2. En el caso de que no existan fondos en tales instrumentos o estos sean insuficientes para el pago total de la deuda, ésta podrá cobrarse en la cuenta de capitalización individual obligatoria del deudor, a través de la información solicitada a la AFP en la cual se encuentra afiliado.

“Lo que vamos a hacer con este proyecto que hemos trabajado en conjunto con parlamentarias de distintas bancadas y también con organizaciones de mujeres y expertas, es precisamente establecer plazos oportunos, establecer la obligación del tribunal de ser la institución que indague el patrimonio del deudor y ahí donde encuentren y detecte patrimonio ejecutar el pago para la cuenta del alimentante, del niño niña y adolescente. Con eso buscamos cautelar, de acuerdo a las recomendaciones internacionales el derecho a la pensión de alimentos, el derecho al cuidado y sobre todo mejorar la experiencia en tribunales”.

Mecanismo

Una vez solicitado el pago de la deuda el tribunal iniciará una investigación sobre el patrimonio del deudor: revisará a través de los sistemas de interconexión que mantiene con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros servicios del Estado que estime pertinente, las cuentas bancarias y/o los instrumentos de inversión que el deudor mantenga en las instituciones bancarias y financieras.

Además, por medio del Sistema Informático del Tribunal, se revisará si existen otros niños, niñas y/o adolescentes con los cuales el deudor mantenga deuda de pensión de alimentos. De ser así, la solicitud de pago será conocida conjuntamente y en un solo proceso por el tribunal que tenga la causa vigente más antigua, el cual ordenará el pago del monto de cada deuda alimentaria.

Con líderes de distintas organizaciones sociales se reunió este sábado la ministra Antonia Orellana Guarello, con la finalidad de exponer la propuesta general del proyecto de ley que está trabajando el gobierno sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, el cual será presentado en los próximos días.

Hasta el Salón O’Higgins del Palacio de La Moneda, llegaron representantes de la Corporación Humanas, de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), de la ONG Acción Mujer y Madre, de la Asociación Yo Cuido y de la agrupación Indignadas con AFP Provida, quienes plantearon sus principales preocupaciones respecto a esta materia.

“Conversamos principalmente sobre cual es nuestro objetivo con este proyecto de ley, que es mejorar la experiencia de quienes han tenido que, por largos años, perseguir incansablemente por tribunales a quienes han demostrado que no quieren cumplir con sus obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes” dijo la ministra Orellana.

El proyecto busca generar un mecanismo de pago permanente de la deuda, mejorar el acceso sobre la información financiera de los deudores y que este proceso se realice con criterios de justicia y dignidad. “Nuestro compromiso es establecer un mecanismo efectivo, eficaz y que además no haga a las mujeres deambular por tribunales, ni que tengan que transformarse en investigadoras financieras y tributarias, en un rol que debería competerle al Estado”, dijo la jefa de la cartera.

“Agradecemos esta instancia porque puede ser un comienzo que permita crear nuevas instituciones, establecer mecanismos de garantía estatal para el efectivo cumplimiento y para el pago de pensiones de todos los niños, niñas y adolescentes que lo requieran, porque ellos no pueden seguir esperando”, señaló Carolina Araya de la agrupación Indignadas con ProVida.

En tanto, para la vocera de la ONG Acción Mujer y Madre, Virginia Palma, “al fin se está trabajando mancomunadamente con las organizaciones sociales, escuchando a las personas que estamos día a día viviendo las consecuencias de normas mal hechas, muchas veces de injusticias que se visibilizan solo cuando pasan cosas tan graves como, por ejemplo, la pandemia, que develó que un 80% de los y las deudores de pensiones de alimentos estaban en incumplimiento”, señaló.

Poly Vega de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, afirmó que en la instancia pudieron comentarle a la ministra Orellana además, “la gran preocupación que tenemos con respecto a la violencia que sufren las mujeres. Sufrieron mucha violencia en el cobro del 10% y nuestro temor de que siga aumentando la violencia en contra de ellas”, dijo.

El proyecto que se presentará en el Congreso, busca facilitar el proceso que hoy deben realizar miles de mujeres para que se haga efectivo el pago respecto de las deudas de pensiones de alimentos: “Son avances importantes, para las mujeres que están en sus casas cuidando, porque cuidar es un trabajo – a propósito que mañana es 1 de mayo-. Se agradecen estos avances y que trabajen con las organizaciones sociales para nosotros es lo más importante”, concluyó la coordinadora de la Asociación Yo Cuido, Romina Fuentealba.

La ministra Antonia Orellana, enfatizó además, que se ha desarrollado un trabajo prelegislativo con parlamentarias y parlamentarios de distintas bancadas, con la finalidad de presentar un proyecto robusto y “para poder hacer su trámite legislativo lo más eficaz posible” concluyó.

Con la presencia de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze; la directora nacional (s) de Sernatur, Beatriz Román; el gerente general de BancoEstado Microempresas, Emilio Vélez; y representantes de gremios de turismo, se lanzó el concurso Mujer Empresaria Turística 2022.

La iniciativa organizada por Sernatur con el apoyo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y BancoEstado este año premiará a pequeñas y medianas empresarias que, a partir de la creatividad y el esfuerzo, han logrado levantar negocios turísticos con sellos de innovación, digitalización y sostenibilidad para seguir funcionando en medio de la pandemia.

Al respecto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo que “como gobierno, es muy importante que, en la reactivación, en el plan Chile Apoya, podamos incluir aquellos sectores que no solo tienen una alta empleabilidad femenina, sino que también dinamizan las economías hacia las mujeres y las regiones. Es por eso que hoy estamos apoyando el lanzamiento de este concurso, porque el turismo no solo reactiva el empleo femenino, también aporta a la situación económica en las regiones. Además, hemos acordado con la subsecretaria profundizar el trabajo de colaboración entre nuestros organismos en miras de la transversalización del enfoque de género, que nos unamos entre distintas organizaciones, con el objetivo común de mejorar el día día de las mujeres en Chile”.

Durante 2021, se estimó un total de 504.000 personas ocupadas en las actividades características del turismo (ACT), de las cuales 230.828 fueron mujeres. De ahí la importancia de relevar el rol de la mujer en actividades económicas donde ellas puedan desarrollarse.

Al respecto, la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, destacó que “para nosotros, es muy importante, así lo establece nuestro programa de gobierno, potenciar el empleo turístico, principalmente de las mujeres, cerca del 47% de las personas que trabajan en turismo son mujeres y, si bien los trabajos se han recuperado, la empleabilidad femenina ha sido más lenta en comparación los hombres que han alcanzado cerca de un 23%, mientras que las mujeres llegan solo al 18%. Por eso, las acciones en conjunto que se desarrollen potencian el desarrollo y la reactivación del turismo. Contar con la presencia de Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género nos impulsa a trabajar en diversas instancias que promuevan la recuperación de un sector tan importante para las economías locales de nuestro país”.

Por su parte, el gerente general de BancoEstado Microempresas, Emilio Vélez, añadió que “estamos muy contentos de participar una vez más en este concurso, el cual hoy es una herramienta concreta de apoyo a un segmento que ha pasado situaciones muy complejas con todo lo que hemos vivido durante la pandemia. Invitamos a todas las mujeres empresarias turísticas a participar. Hay excelentes premios y, sin duda, como banco, vamos a seguir comprometidos con la reactivación económica y visibilizando el gran trabajo de las mujeres de nuestro país”.

¿Cómo postular al concurso Mujer Empresaria Turística?
El concurso Mujer Empresaria Turística lleva premiando a la fuerza femenina del turismo desde 2011, tiempo en el cual han participado más de 5.400 mujeres. En el concurso de este año pueden participar empresarias de todo Chile que estén a cargo empresas que desarrollen experiencias y
productos turísticos innovadores, digitalizados y sustentables.

“El llamado de la Organización Mundial del Turismo para este año es que repensemos el turismo. Por eso, queremos potenciar a las mujeres que sí lo han hecho a través de la innovación, con empresas y productos turísticos sustentables y amables con la comunidad y que han generado alianzas para seguir aportando al turismo. Estamos buscando esos casos de mujeres líderes que inspiren a otras”, explicó la directora nacional (s) de Sernatur, Beatriz Román.

¿Cómo participar? Las postulaciones estarán abiertas hasta las 23:59 horas del lunes 27 de junio de 2022 a través del formulario disponible en www.sernatur.cl/mujerempresariaturistica. Los premios son $4.000.000 en efectivo a repartir entre dos ganadoras, es decir, $2.000.000 para cada una. A esto se suma un kit audiovisual: videos promocionales y un book de 40 imágenes profesionales, para la difusión de cada una de las experiencias ganadoras.