• La ministra Orellana expresó que los hechos que han afectado a mujeres y niñas de la zona son motivo de especial preocupación para la cartera, por lo cual no solo está entregando representación legal para varios de estos casos, sino que también se está reforzando la acción de SernamEG en la región.

09.08.2024-. Familiares y organizaciones feministas de la Región de Atacama se reunieron este viernes 9 de agosto con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, para abordar los diferentes casos de violencia de género y desapariciones de mujeres y niñas que han conmocionado a las y los habitantes de Atacama durante los últimos años.

“Atacama es un punto de especial preocupación para nuestro ministerio. Nos hemos reunido con algunas de las familias en varias ocasiones”, indicó la ministra Orellana, quien planteó que uno de los primeros compromisos que asumió en 2022, en su primer viaje a la región, fue gestionar la búsqueda georreferenciada de Catalina Álvarez, búsqueda que se encuentra en curso. Catalina, joven de 16 años desaparecida el 23 de junio del año 2019, fue secuestrada por Hugo Pastén, sujeto que también fue condenado por los asesinatos de Sussy Montalván y Marina Cabrera.

La ministra Orellana relató que estos graves hechos, a los que se suman otros, como la desaparición de Tanya Aciares, motivaron que la Región de Atacama fuese la primera donde se instaló un Centro de Atención Especializada en Violencias de Género de SernamEG, espacios que cuentan con distintos especialistas para brindar atención jurídica, psicológica y psiquiátrica en casos de violencia grave contra las mujeres, “porque sabemos que hay una conflictividad especial respecto a la violencia contra las mujeres y niñas en la zona y es por eso que hemos querido aumentar la capacidad de atención, de persecución penal y de reparación psicosocial en Copiapó”, explicó la autoridad.

El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género es representante legal en algunas de estas causas, pero más allá de dichos casos, la ministra se comprometió con las familias que asistieron al encuentro y las organizaciones a estudiar aquellos requerimientos que están dentro de las competencias del servicio y a coordinar otras solicitudes con distintos organismos públicos.

Dentro de quienes participaron del encuentro se encontraban Alejandra Carrasco, representante de Tejido Feminista de Atacama, organización que desde el año 2018 han acompañado a las familias; el Observatorio Gafas Morada; el abogado Joel Moya, quien representa la causa de Tanya Aciares, y su padre, Danny Aciares; la madre de Catalina Álvarez, Ximena Godoy, y de Thiare Elgueda, Evelyn Acuña. Las organizaciones y familiares de víctimas viajaron a la Región Metropolitana para reunirse con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y posteriormente, con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

• El documento busca reconocer el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en todos los aspectos de su vida: físico, mental, emocional y social, así como su acceso a la educación, vivienda, alimentación adecuada, cuidado, protección y su participación en las decisiones que los afectan.

Este jueves en el edificio del ex Congreso Nacional, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; la subsecretaria de La Niñez, Verónica Silva; e integrantes del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, la presidenta Antonia Romero, la vicepresidenta Francisca Cataldo, y el secretario Samuel Rodríguez, lanzaron la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia y su Plan de Acción 2024-2032, la primera que se constituye por mandato de una Ley.

En la ceremonia estuvieron presentes ministras, ministros, subsecretarias, subsecretarios, directores y directoras de servicios, parlamentarios y representantes de organizaciones sociales, y niños, niñas y adolescentes.

Los objetivos estratégicos de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia se enmarcan en cuatro ejes de derecho que son: supervivencia, desarrollo, protección y participación, y busca aumentar y mejorar las condiciones político-institucionales que garanticen el ejercicio efectivo de derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco de la instalación del Sistema de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y reconocer su desarrollo en todos los aspectos de sus vidas: físico, mental, emocional y social, así como su acceso a la educación, vivienda, alimentación adecuada, cuidado, protección y participación.

Tras firmar el decreto que ratifica la Política Nacional de la Niñez por los próximos 9 años, el Presidente de la República, Gabriel Boric, le habló a los niños y niñas presentes, señalando que “ustedes no solamente han sido escuchados, sino que están siendo protagonistas de la política pública en Chile. Hoy todos los niños, niñas y adolescentes que puedan ejercer sus derechos cumpliendo las convenciones internacionales y el sentido más profundo de un país donde la felicidad de Chile empieza por los niños y niñas, va a ser en alguna medida gracias a ustedes.”

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que “esta es una política y plan de acción que interpela al conjunto de la sociedad. Aquí todos y todas somos responsables de la protección y el bienestar de la niñez y la adolescencia y en particular, interpela a todas las instituciones del Estado, que implica que nos hagamos cargo de un cambio de paradigma de qué significa la protección integral de la niñez y la adolescencia, ya que el Estado tiene que pensarse también de manera distinta. No es una política que está pensada según lo que cada ministerio creyó que podía hacer, sino cómo nos pusimos a disposición de los objetivos que plantearon los niños, niñas y adolescentes”.

Francisca Cataldo, vicepresidenta del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, reconoció que como órgano “ayudamos a la difusión y promoción de esta política, quisimos centralizar el foco de todas estas encuestas y todas estas políticas en los niños, niñas y adolescentes. Esperamos que esta política tenga varios cambios, porque visualizamos un Chile donde estemos todos unidos, dejemos la discriminación. ¿Cómo es posible que consigamos más armas, drogas antes que una hora de salud mental? Queremos que esta política pueda solucionar todos estos problemas, y que nuestro bienestar sea para todos”.

El documento se construyó en base a un plan de trabajo de la Subsecretaría de la Niñez, y en la que se avanzó hacia una participación significativa de las niñas, niños y adolescentes, garantizando que sus intervenciones fueran debidamente consideradas. Asimismo, la Subsecretaría promovió la creación de espacios de diálogo regional, los que ofrecieron retroalimentación a las niñas, niños y adolescentes, así como a los participantes del proceso “La Fuerza de tus Derechos”.

En ese sentido, la subsecretaria de La Niñez, Verónica Silva, puntualizó que los niños, niñas y adolescentes fueron protagonistas en el diseño de la política, “nos impulsaron muchos de los objetivos específicos, por eso quiero decir que esta es una política donde efectivamente están con metas, acciones e indicadores, como decía el Presidente, todos los ministerios y todos los servicios públicos. Por lo tanto, hay una muestra de un compromiso muy fuerte del Estado en su totalidad con los derechos de los niños y sobre todo con su bienestar. Así que tenemos una gran tarea por delante”.

Por su parte, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que “como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y parte del Consejo Interministerial que contribuyó a que las propuestas de los niños, niñas y adolescentes llegaran a esta política nacional, estamos muy satisfechas con el resultado, pero también por el proceso. Este es un hito. Chile había tenido planes anteriores, pero ahora está obligado por ley – gracias a la Ley de Garantías y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia- y eso quiere decir que cada uno de los ministerios, servicios públicos, organismos autónomos y más, vamos a tener que revisar nuestro actuar para adaptarlo a este plan”.

02.08.2024. Este año se eligen en nuestro país representantes del gobierno regional, alcaldías y concejos municipales. En este contexto, y a propósito del conocimiento de casos de violencia contra mujeres por parte de candidatos y autoridades políticas, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género solicitó un pronunciamiento del Servicio Electoral (Servel).

Mediante un oficio de la ministra Antonia Orellana Guarello, se solicitó al Servel analizar estas situaciones en el marco de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres. Esta ley establece el deber del Estado de adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, y dispone que dichas acciones estatales deben ser diseñadas e implementadas conforme a los objetivos y principios definidos en el mencionado cuerpo legal.

En el documento, dirigido al director del organismo, Raúl García, se destaca que “la Ley de Violencia Integral no solo establece garantías para las víctimas, sino que también sistematiza las acciones estatales para abordar la violencia contra las mujeres, definiendo claramente requisitos, objetivos y obligaciones en relación con estas acciones”.

Esta nueva ley habla expresamente de violencia política, definida como una forma de agresión contra las mujeres que limita el ejercicio de sus derechos de participación política y, por tanto, cuenta con una regulación específica. Con el fin de realizar un trabajo conjunto y colaborativo en la materia, el Ministerio de la Mujer solicitó a este servicio estatal pronunciarse sobre las medidas que consideren debiesen adoptarse para la implementación efectiva de esta ley en contextos políticos y electorales, de modo de avanzar efectivamente en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, garantizando también su participación política, fundamental para el fortalecimiento de la democracia.

“Nos parece fundamental que los órganos estatales encargados de supervisar y fiscalizar las normas sobre campañas electorales, así como los partidos políticos, se pronuncien sobre las medidas que resulta necesario adoptar para la implementación efectiva de los mandatos contenidos en la nueva ley”, concluye el documento.

Este martes la Vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, junto a las ministras de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; y el director general de la PDI, Eduardo Cerna; hicieron un llamado a denunciar la trata de personas, en el marco del Día Internacional que busca generar conciencia frente a este delito que afecta principalmente a mujeres, niños y niñas.

Desde el Complejo fronterizo Los Libertadores, la titular de Interior señaló que “una tarea fundamental que se hace en las fronteras -y se hace también dentro del territorio y se hace también al controlar la migración irregular- es vigilar la trata de personas. La trata de personas es, ni más ni menos, que esclavitud moderna. Personas que son traídas a nuestro territorio para ser utilizadas con fines laborales o sexuales, secuestrando su identidad y su posibilidad de insertarse en la sociedad”.

La autoridad explicó que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública lidera la Mesa Intersectorial contra la Trata de Personas (MITP), comisión asesora de carácter permanente encargada de coordinar el Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas con acciones en prevención, protección de víctimas, sanción y cooperación internacional contra este delito. Esta instancia está compuesta por 22 instituciones del Estado, Sociedad Civil y Organismos Internacionales y es la encargada de ejecutar el Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas.

En este contexto, Tohá adelantó que en los próximos días se dará a conocer una nueva etapa del plan de acción donde será fundamental “involucrar activamente a toda la ciudadanía para que entendamos qué es la trata de personas, aprendamos a identificarla, que sepamos orientar a las víctimas, que nos atrevamos a denunciarla y generemos una red alerta para impedir que este delito se asiente en nuestro país. Estamos a tiempo de hacerlo”.

“Hoy en día, con el trabajo que se realiza a través de las policías y la Mesa Intersectorial, logramos identificar muchos casos de trata y liberar a muchas personas que son víctimas. Solo el día de hoy 20 personas en la Región de Tarapacá quedaron liberadas de la condición de víctimas de trata en que estaban y durante el transcurso del año 2024 llevamos 222 personas liberadas de su situación de trata de personas”, confirmó la Vicepresidenta y anunció que se distribuirá en los pasos fronterizos del país material informativo con los canales oficiales para denunciar este delito, así como las redes de apoyo con las que cuentan las víctimas.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, enfatizó que la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual y comercial, que afecta principalmente a mujeres y niñas, “es la esclavitud moderna y es además un fenómeno que está asociado a un montón de otros delitos y, por lo tanto, combatiéndola estamos también mejorando la seguridad de nuestro país, per también de toda la región”.

En este sentido, señaló que “en materia de trata de personas, desde el año 2022 hemos estado delineando una nueva estrategia, lo que se suma a lo ya avanzado en la última década. Esto tiene que ver, principalmente, con adaptarnos a un nuevo fenómeno, lo que ha requerido la modernización de todas las instituciones y el establecimiento de medidas contra el crimen organizado”. En este sentido, la ministra Orellana destacó la adaptación de SernamEG, que atiende a más de 120.000 mujeres al año, para “saber detectar y acoger a las víctimas de trata, para que adhieran al proceso de persecución penal y no caigan nuevamente en estas redes”.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, resaltó que “el llamado es identificar si uno tiene una sospecha de que pudiera haber una persona, un niño o niña víctima de trata de personas víctimas de explotación sexual comercial, víctima de otros delitos que están asociados como la explotación laboral, como la adopción ilegal, poder levantar esas alertas, poder hacer las denuncias”.

Algunas cifras que da cuenta de la magnitud del problema

De acuerdo con cifras del Programa Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito: