• Junto a la diputada Claudia Mix, felicitaron a la secretaria de Estado por la reciente aprobación de este cuerpo legal en el Congreso y le solicitaron apoyar el avance en la tramitación de la Ley Adriana, que sanciona este tipo de violencia y que se encuentra en segundo trámite constitucional.

Con el fin de celebrar la incorporación de la violencia obstétrica en la recientemente aprobada Ley Integral de Violencia Contra las Mujeres, víctimas de este tipo agresiones junto a agrupaciones por los derechos del nacimiento y profesionales de la salud y la diputada Claudia Mix, se reunieron esta mañana con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, en el palacio de La Moneda.

A este encuentro concurrieron representantes de la Mesa de Parto Respetado, Coordinadora por los derechos del nacimiento, Red Chilena de Salud Mental Perinatal, Asociación de Ginecólogas Chile, Relacahupan, ParirNos Chile, Fundación OVO Chile, Red Nacer Madre y el Colegio de Matrona entre otras.

“Nos acabamos de reunir con un conjunto de organizaciones que trabajan en cuento a derechos de las mujeres, derechos de la maternidad, derechos del nacimiento, por el parto respetado, que llevan años trabajando en lo que se llama la Ley Adriana, que vinieron a comentarnos sus impresiones a propósito de la aprobación en ambas Cámaras de la Ley Integral en contra de la Violencia y, en particular, el avance que significa el que dentro de las definiciones de violencia, cumpliendo también con avanzar hacia la demanda históricas, pero también estándares internacionales, hayamos sumado la violencia ginecobstétrica, eso quiere decir la violencia que ocurre durante la atención ginecológica, obstétrica, de matronería y otros y también durante el parto. Y, por supuesto, que eso lleva un correlato entre las normas finales de la ley integral en donde se establece una agravante en el Código Penal”, señaló la ministra Orellana.

Y añadió que “estuvimos conversando sobre cómo seguir avanzando y yo les quiero agradecer de verdad el que nos hayan venido a transmitir su alegría, su convicción de que se puede ir avanzando en estos temas y también su trabajo de años dentro de la salud sexual y reproductiva de las chilenas”.

Por su parte, la diputada Claudia Mix, indicó que junto a las organizaciones y, como una de las autoras de la Ley Adriana, “hemos venido a agradecer al Ministerio de la Mujer y a la ministra en particular, por haber incorporado el concepto de violencia ginecobstétrica” y destacó “la importancia del hito que significa que el Estado de Chile haya incorporado por primera vez en la historia el reconocimiento de la existencia de la violencia ginecobstétrica en una Ley Integral que precisamente busca erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres.

Frente al proyecto de Ley Adriana, René Santana, representante de la Sociedad Chilena de Gestión de Matronería SOCHIGEMA, señaló que “vemos con muy buenos ojos esta ley porque visibiliza el proceso de atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres desde una mirada integral desde las prestaciones que se entregan en atención primaria hasta el nivel terciario cuando finalmente acuden a las maternidades a tener a sus bebés.  Creemos que esta ley eleva los estándares, fija un estándar a nivel nacional el cual va a ser una oportunidad de crecimiento para todos los hospitales y todas las maternidades a lo largo de Chile y para el desarrollo del ejercicio profesional en esta área”.

El proyecto de ley conocido como “Ley Adriana”, que se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Salud del Senado, establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica y actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Salud del Senado.

“Cuando la violencia contra las mujeres retrocede, el país avanza”. Bajo este lema, el Gobierno conmemoró un nuevo 8M, Día Internacional de la Mujer, destacando las acciones emprendidas para prevenir, atender y reparar la violencia contra las mujeres y anunciando que, a fines de este año, existirá un Centro de Atención Especializada en Violencias de Género en cada región del país.

La ceremonia fue encabezada por el Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. “Hoy existen 12 en funcionamiento, hay 8 más que están en proceso de apertura y hoy me comprometo a sumar en otras regiones más de estos centros, en Arica, en Ñuble y en Aysén, cumpliendo, de esta manera, con nuestro compromiso como Gobierno de tener al menos un Centro de Atención Especializada en Violencias de Género en cada región”, señaló el Presidente Boric.

“Tenemos el deber moral, político e histórico de defender el legado de nuestras madres, abuelas y antecesoras. Avanzar y no retroceder”, señaló la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. “Confío en que después de esta semana legislativa, en que por fin aprobamos la Ley Integral contra la Violencia, dejaremos un país más preparado para enfrentar la violencia de género, para prevenirla. En ese desafío esperamos el compromiso de todos los sectores”, agregó la autoridad.

En este sentido, Orellana planteó que “es una ley que se ampara a derecho, que fue aprobada, que trae indicaciones de senadoras, senadores y parlamentarios de todos los sectores y que, además, trae recursos frescos y sistemas de gestión nuevos para que el Estado pregunte menos y haga más para apoyar a las mujeres. Y, por lo tanto, vamos a defender este proyecto aprobado transversalmente a través de los recursos que la propia democracia establece”.

La aprobación de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres fue uno de los avances relevados por el Gobierno. Esta ley, cuya discusión reactivó y priorizó el gobierno, a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y que mandata a los distintos órganos del Estado velar por el debido acceso a la justicia de las víctimas, garantizando, por ejemplo, asistencia y representación judicial y mejorando la vigilancia de las medidas cautelares. Esta ley protege también a niñas, niños y adolescentes, reconociéndoles como víctimas directas de la violencia que reciben sus madres y/o cuidadoras, posibilitando el desarrollo de una oferta programática de atención y reparación para ellas y ellos y repercutiendo en las decisiones que puedan tomar los Tribunales respecto a su custodia.

En cuanto a los avances contra la violencia económica hacia las mujeres, se destacó la implementación el Registro Nacional de Deudores y la puesta en marcha del mecanismo para el pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, que ha permitido el pago de más de 162 mil millones en deudas desde los fondos de AFP de los deudores, lo que ha beneficiado a más de 50.000 familias.

Respecto a la violencia sexual que afecta principalmente a niñas y adolescentes, el Gobierno, a través del Ministerio de la Mujer, ha incorporado las agresiones sexuales al GES, lo que no solo ha permitido la atención a más de 2 mil personas desde que se implementó esta medida, de las cuales más de 800 son menores de edad, sino que también se ha constatado que más mujeres han accedido a la Ley IVE por la causal de embarazo por violación, como resultado de la mejor articulación entre instituciones del Estado.

Dentro de las acciones desarrolladas para abordar la violencia física que entre 2022 y 2023 truncó la vida de 84 mujeres en Chile, en 2023 se promulgó la ley de reparación a víctimas de femicidio y sus familiares, como una respuesta del Estado frente a la violencia extrema que viven cientos de mujeres y sus familias. A 9 meses de su promulgación, ya se han entregado 46 pensiones a niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres producto de femicidios.

Asimismo, se ha rediseñado la oferta del SernamEG para mejorar la atención de las mujeres que viven violencia, en base a evaluaciones y a la evidencia. Esto ha permitido aumentar los recursos de los programas para atención a víctimas de violencia en 5,2% para este año, permitiendo ampliar su cobertura.

Asimismo, en el marco de esta conmemoración, se anunció que este año se inaugurarán nuevos Centros de Atención Especializada en Violencias de Género con el objetivo de contar con al menos uno en cada región del país, cumpliendo con este compromiso presidencial que tiene por objetivo atender las necesidades más urgentes de las mujeres que viven violencia, incluida la violencia sexual, brindándoles asistencia oportuna, adecuada y especializada para su reparación psicosocial y restitución de derechos a través de atención psicológica y psiquiátrica y asesoría de un o una abogada y trabajador/a social.

La ministra Orellana relevó los avances logrados en materia de igualdad y no violencia, no obstante, señaló que “atender y reparar no basta, no es suficiente, necesitamos frenar la violencia, hacer retroceder las cifras, porque cuando la violencia contra las mujeres retrocede, nuestro país avanza”.

Respecto a las prioridades del ministerio, la ministra destacó la modificación al régimen de sociedad conyugal, el seguir avanzando en la implementación del sistema para el pago efectivo de pensiones, la modernización de SernamEG y “tal como nos ha mandatado el Presidente -no sólo a mí, sino también a la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda y el ministro de Educación- a que podamos encontrar un acuerdo en Sala Cuna”.

• El Congreso aprobó de forma transversal la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, la cual establece las bases y lineamientos para abordar la violencia contra las mujeres en sus distintas expresiones, y los deberes del Estado en la materia.
• El Gobierno del Presidente Boric dio prioridad legislativa a la iniciativa, que fue ingresada por la primera ministra de la Mujer de Chile, el año 2017.

“Las mujeres siempre partimos desde el punto que nos dejaron las anteriores. Y si nuestras abuelas pudieron ser de las primeras en ingresar al trabajo remunerado formal, si las mujeres recuperaron la democracia, si pudimos tener las primeras leyes de violencia intrafamiliar, femicidio y la creación del Ministerio de la Mujer, hoy también hemos dado un nuevo paso para las próximas generaciones, para poder tener una Ley Integral en contra de la violencia”, señaló la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, luego de aprobarse esta iniciativa que llevaba cerca de siete años de tramitación y a la cual el Gobierno puso prioridad legislativa e introdujo diversas actualizaciones.

Junto con reconocer a la sociedad civil, “que mantuvo vivo este proyecto durante siete años”, la ministra agradeció la votación transversal que tuvo la ley en la Cámara y el Senado. “Eso nos muestra que la violencia contra las mujeres es una prioridad que debe ser de Estado y que no está circunscrita tan solo a un sector, sino que podemos enfrentarla a través de acuerdos amplios”. En este sentido, valoró el trabajo transversal de las diputadas y senadoras e hizo mención especial a las parlamentarias de Demócratas, Renovación Nacional y de la UDI, “que nos acompañaron en este trámite y que vieron lo importante que es esto para la mayoría de las mujeres y también del país y que estuvieron dispuestas a encontrar acuerdos”.

Se trata de un marco normativo para abordar la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de su género, que establece las bases y lineamientos para su abordaje, y los deberes de los distintos órganos del Estado en esta materia, acorde a los compromisos emanados de la Convención de Belém do Pará, instrumento internacional suscrito y ratificado por Chile desde 1996.

Entre muchos otros aspectos, una vez promulgada, la ley permitirá mejorar la fiscalización de las medidas cautelares y establecer un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia. Además, amplía las medidas cautelares a delitos y agresiones que ocurran fuera de relaciones filiales, afectivas o de convivencia. Hasta ahora, solo se pueden decretar medidas cautelares inmediatas en los casos de violencia intrafamiliar.

Asimismo, la ley fortalecerá el rol de representación jurídica del SernamEG en casos de femicidios o suicidios femicidas para llegar antes y más rápido; garantiza la asistencia y representación judicial gratuita a las víctimas de violencia de género;  incorporará a los niños y niñas como víctimas de la violencia que viven sus madres o cuidadoras y no solo como testigos, y permitirá contar con un sistema de gestión integral de casos, para que todos los organismos que trabajan en la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer, cuenten con la misma información y puedan intervenir y articularse eficientemente, evitando -además- la revictimización.

Esta ley define el concepto de violencia de género y sus distintas expresiones, como, por ejemplo, física, psicológica, sexual, económica, gineco-obstétrica, entre otras. Desde un enfoque preventivo, el objetivo es propiciar la elaboración e implementación de planes, programas y protocolos para su prevención.

Algo fundamental es que esta iniciativa -ingresada por la primera ministra de la Mujer de Chile, Claudia Pascual- establece los deberes de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación protección, sanción y reparación de violencia contra las mujeres, y les mandata a actuar con estándares de debida diligencia, lo que implica que investiguen o juzguen hechos de violencia de género, según corresponda, y adopten medidas oportunas, idóneas, y exhaustivas para garantizar el acceso a la justicia, y así evitar el archivo de casos.

Otro cambio fundamental es que dispone que no se podrá aplicar la atenuante de haber actuado por arrebato o una ofuscación tenaz.

• A esta cifra, informada por la Superintendencia de Pensiones, se suman los pagos realizados de forma regular y aquellos con cargo a las cuentas bancarias.

El sistema para el pago efectivo de las pensiones alimenticias comenzó a regir en Chile en mayo de 2023, una vez promulgada la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo, impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la cual estableció un nuevo mecanismo de pago para hacer frente a la magnitud de la deuda de pensiones de alimentos en nuestro país.

Este mes, la Superintendencia de Pensiones informó que, al 16 de febrero de este año, se pagaron 162.731 millones de pesos con cargo a los fondos de AFP, a través de 49.604 operaciones.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, señaló que esta política implementada por la cartera se hace cargo de “resguardar el derecho y la calidad de vida de miles de niños y niñas, y también de sus madres, pues este problema ha afectado históricamente la autonomía económica de miles de jefas de hogar, que por muchos años han debido sustentar solas a sus hijos e hijas, con el consiguiente empobrecimiento y deterioro de su calidad de vida y la de sus familias”.

El pago de deudas de pensiones alimenticias desde los fondos de pensiones de los deudores es uno de los mecanismos definidos por la Ley, que establece que una vez adeudadas tres mensualidades de pensión alimenticia, ya sea total o parcial, continua o discontinua, los Tribunales de Familia tienen la facultad de autorizar el pago mediante los fondos que existan en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del deudor, sí y solo sí, el alimentante no mantiene fondos en cuentas bancarias, cuentas de APV o instrumentos financieros o de inversión, o si estos son insuficientes para el pago total de la deuda.

En tanto, al 29 de enero, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos cuenta con 188.600 deudores, 97% de los cuales son hombres. Esta situación afecta a más de 255 mil niños, niñas y jóvenes con derecho a percibir esta pensión. Asimismo, las deudas fijadas en pesos alcanzan los 77.620 millones de pesos.

A la misma fecha, se registran 31.249 cancelaciones, 76% más que en noviembre, cuando se contabilizaban 17.749 cancelaciones y el monto adeudado en pesos superaba los 95 mil millones de pesos.

“Estamos implementando diversas iniciativas y mejoras para seguir avanzando en el pago de las deudas de pensiones alimenticias. En la discusión del Presupuesto 2024 logramos asegurar la inyección de más de $11 mil millones para agilizar los procesos de la ley y disponer de más funcionarios en los Tribunales de Familia, y en coordinación con la Comisión para el Mercado Financiero y las instituciones involucradas, estamos trabajando en innovaciones tecnológicas que permitan abordar los grandes desafíos que involucra la puesta en marcha de esta institucionalidad”, concluyó la ministra Orellana.