• La iniciativa contó con 105 votos a favor y una abstención. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, señaló que la aprobación “da cuenta de que somos capaces de construir grandes acuerdos y atender las necesidades ciudadanas como una prioridad”.

  Por 105 votos a favor y 1 abstención, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto, presentado por el Gobierno, que concilia la vida laboral, familiar y personal.

Previamente, el 14 de noviembre, la iniciativa fue visada por el Senado con un respaldo transversal y, luego, ratificada de forma unánime por la Comisión de Trabajo de la Cámara en su segundo trámite constitucional.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró el respaldo de los parlamentarios al proyecto, señalando que “esta aprobación del Congreso da cuenta de que somos capaces de construir grandes acuerdos y atender las necesidades ciudadanas como una prioridad”.

“Esta es una buena noticia para Chile y viene en sintonía con la necesidad, además, de fortalecer el empleo de las mujeres y a contribuir a tener mayor autonomía y capacidad para poder compatibilizar la vida laboral, la vida personal y la vida familiar”, dijo la secretaria de Estado, acotando que la ley entrará en vigencia 30 días hábiles después de su publicación en el Diario Oficial.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, manifestó que “yo solo quiero agradecer a los diputados y diputadas, y también a senadores y senadoras que hicieron eco de la demanda de muchas organizaciones de la sociedad civil, que están acá presentes. Queremos agradecer también el trabajo dedicado para llegar a acuerdos, porque esto, además de un trámite muy discutido en ambas cámaras, tuvo un trabajo prelegislativo muy largo; una mesa de la que participaron más de 80 organizaciones, también empresariales e internacionales”.

Agregó que,  “a propósito de lo que señalaba la ministra Jara sobre el empleo de las mujeres, queremos darle esta buena noticia a las más de 300 mil trabajadoras bajo el Código del Trabajo que van a poder optar a los beneficios de esta ley”.

En septiembre del año pasado, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social impulsó la creación de una mesa técnica con el objeto de que organizaciones de la sociedad civil, académicos y representantes del sector privado y público, pudieran presentar propuestas sobre la materia. Posteriormente, el Presidente Gabriel Boric ratificó el compromiso del Gobierno con esta iniciativa en su última Cuenta Pública, en junio de este año.

El subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, destacó que “este es un paso significativo para consolidar nuestra agenda del Trabajo Decente con miras a generar condiciones más favorables para la igualdad de género en el mercado laboral, avanzando también en corresponsabilidad social. Siendo ellas, las mujeres de nuestro país, quienes esperamos cuenten con las condiciones para que no tengan que decidir criar o trabajar, así como también los hombres y todo quien ejerza labores de cuidado no remunerado”.

A su vez, Boccardo agradeció a “todas y todos quienes colaboraron en el proyecto en sus distintas etapas; sin su esfuerzo no hubiera sido posible avanzar en un ámbito tan fundamental para las y los trabajadores de Chile”.

Contenido del proyecto

El proyecto de ley establece el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo, de modo que las o los trabajadores puedan efectuar todo o parte de su jornada diaria o semanal en esas modalidades en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita.

Quienes podrán acceder serán las o los trabajadores que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años, o que tenga a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida. Debe tratarse de labores de cuidados no remuneradas.

La propuesta reconoce también derechos laborales destinados a favorecer la conciliación de la vida familiar. Por ejemplo, el derecho al uso preferente del feriado legal, estableciendo que las y los trabajadores que tengan a su cuidado a un niño o niña menor de 14 años o un adolescente menor de 18 años con una discapacidad, tendrán derecho a solicitar el feriado legal durante el periodo de vacaciones establecido por el Ministerio de Educación, debiendo analizar su solicitud en forma preferente a aquellas personas sin estas responsabilidades.

De igual modo, reconoce el derecho a solicitar ajustes de sistemas de turnos. Es decir, las y los trabajadores que se encuentran en los presupuestos descritos tienen el derecho, durante el período de vacaciones definido por el Ministerio de Educación y cuando la naturaleza de las funciones lo permita, a solicitar que se modifiquen transitoriamente turnos o la distribución de la jornada diaria y semanal para conciliar el trabajo con las necesidades de cuidado durante dichos periodos.

En ambas situaciones las o los trabajadores deberán acreditar que son cuidadores de personas causantes del derecho. Por ejemplo, mediante certificados de nacimiento del niño o niña; de inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad; o de registro de cuidador de una persona en situación de dependencia moderada o severa.

Por otro lado, el proyecto incorpora en el Título II del Libro II del Código del Trabajo los siguientes principios:

• Parentalidad positiva: Incluye las capacidades prácticas y funciones propias de las y los adultos responsables para cuidar, proteger, educar y asegurar el sano desarrollo de sus hijos e hijas.
• Corresponsabilidad Social: Comprende la promoción en la sociedad de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, especialmente de quienes trabajan y ejercen labores de cuidado no remunerado.
• Protección a la maternidad y paternidad: Busca promover la igualdad de oportunidades y de trato entre las mujeres y hombres, preservando tanto la salud y bienestar de los niños y niñas como el de sus progenitores y progenitoras.

• Comisión Mujer y Equidad de Género de la cámara alta despachó la iniciativa para su tercer trámite constitucional.

Este miércoles 20 de diciembre la Comisión Mujer y Equidad de Género del Senado, despachó a la sala de esta corporación, el proyecto de Ley que Modifica el Régimen de Sociedad Conyugal del Matrimonio para continuar con su tercer trámite constitucional.

La iniciativa, que se encuentra en el Congreso desde el 2008, busca establecer la plena igualdad entre los cónyuges en la administración de los bienes sociales, como también reconocer, en forma efectiva, la total capacidad de la mujer para la administración de sus bienes.

La ministra Antonia Orellana, destacó que “hoy es un día de mucha alegría para el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y creo que también para la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado y, en general, para todo el país, porque después de 15 años se despacha a sala el proyecto de ley que modifica la Sociedad Conyugal, que a la fecha continúa estableciendo que es el hombre el jefe y el administrador de la Sociedad Conyugal y, por lo tanto, de los bienes, trámites y muchas otras implicancias de su cónyuge: la mujer”.

“Esto era una obligación internacional de nuestro país, a propósito de un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras una demanda de la señora Sonia Arce. Pero como bien hemos discutido en la comisión, no era solamente una recomendación o un compromiso internacional, sino también una desigualdad consagrada en la ley que trataba aún, a la fecha de 2023, a las mujeres como ciudadanas de segunda clase. Y aquí lo que estamos proponiéndole el Senado es que tenga a bien poder consagrar la coadministración, la igualdad en la administración y el resguardo de los bienes familiares, del haber social y de lo que pueda haber conseguido la mujer con su esfuerzo propio”, señaló.

El senador Gustavo Sanhueza, presidente de la Comisión Mujer, dijo que “hoy es un día histórico para las mujeres de nuestro país porque pudimos despachar un proyecto que elimina una desigualdad que estaba consagrada en la ley.  Y agregó que “esperamos que en el mes de enero esté en sala para su aprobación y pase al siguiente trámite en la Cámara de Diputados”.

“Nos parece que la modificación a la Sociedad Conyugal nos va a presentar alternativas de justeza, tanto para aquellas mujeres y matrimonios que quieran seguir sosteniendo el régimen tal cual como está hoy, como para aquellas que quieran cambiar al nuevo régimen y que se les va a proteger”, manifestó la senadora Claudia Pascual.

En tanto, la senadora Isabel Allende, indicó que “esta comisión trabajó durante un buen tiempo y arduamente, prácticamente unánime, para terminar con una de las mayores discriminaciones, que es que las mujeres seamos ciudadanas de segunda clase, que no podamos administrar nuestros bienes, que tengamos que depender de la tutela del marido, es algo inconcebible en el año 2023 y estábamos atrasados como país”.

• En 2022, en nuestro país hubo 43 femicidios consumados, 180 frustrados y 27 tentados, de acuerdo a las cifras oficiales del Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF) 2022.
• La secretaria de Estado destacó las iniciativas legales, presupuestarias y programáticas que está impulsando el Gobierno para prevenir y abordar la violencia contra la mujer.

 Este martes, en el marco del Día Nacional Contra el Femicidio, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, acompañada de la subsecretaria Luz Vidal Huiriqueo y la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la EG, Priscilla Carrasco Pizarro, entregaron las primeras pensiones para hijos e hijas menores de 18 años víctimas del femicidio de sus madres.

Esta iniciativa es posible luego de que en abril de este año el Congreso aprobara, sin votos en contra, la Ley de Reparación para Víctimas de femicidio, un proyecto presentado por diputadas de diversas bancadas, apoyada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y que tuvo a su base la movilización y el trabajo de agrupaciones ciudadanas como Ni una Menos y Familiares Víctimas de Femicidio.

Dentro de las indicaciones ingresadas por el Gobierno para reforzar las medidas de reparación y acompañamiento, estuvo la entrega de una pensión para hijas e hijos menores de 18 años de víctimas de femicidio consumado y suicidio femicida, y fuero laboral por un año para sobrevivientes de femicidio frustrado y tentado.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género explicó las distintas iniciativas que está llevando adelante la cartera para prevenir y abordar este grave problema social. En materia legislativa, la autoridad destacó el proyecto de Ley Integral por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, iniciativa priorizada por este gobierno y que ha avanzado en su tramitación luego de seis años en el Congreso. El proyecto permitirá -entre varios otros aspectos- un mejor control de las medidas cautelares de protección y fortalecer el rol de representación jurídica del SernamEG, “además de establecer deberes estrictos de prevención para todo el circuito del Estado”, señaló la ministra Orellana.

“El día de ayer, como otras 39 veces durante este año 2023, lamentamos un femicidio en nuestro país, y queremos insistir, con fuerza, en que este no debe ser el destino para ninguna mujer en Chile. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencias”, expresó la ministra Orellana. “Nuestro gobierno está trabajando incansablemente para disminuir y erradicar todas las formas de violencia que afectan a las mujeres, para buscar las raíces de por qué ocurre, para repararla y para hacer justicia”, agregó.

La autoridad también destacó el aumento del Presupuesto 2024 del Ministerio de la Mujer, que creció en 1,7% con énfasis en las iniciativas para la autonomía física y económica de las mujeres, dimensiones clave en la prevención y eliminación de la violencia. En particular, dentro del ámbito de la Autonomía Física, los programas Violencia Contra la Mujer de SernamEG crecerán en un 5,2%, en el marco de un rediseño programático que busca mejorar las intervenciones del programa. De esta forma, se proyecta dar cobertura de atención intermedia integral a más de 79 mil mujeres.

Femicidios en Chile

En 2022, en nuestro país hubo 43 femicidios consumados, 180 frustrados y 27 tentados, de acuerdo a las cifras presentadas este 19 de diciembre por las autoridades y que son parte del Informe 2022 del Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF). Estos datos dan cuenta de un aumento constante en el número de femicidios frustrados durante los últimos años: de 151 en 2020; 163 en 2021, a 180 en 2022. Esta tendencia se mantendría este año, con un total de 208 femicidios frustrados al 18 de diciembre de 2023, según cifras del SernamEG.

“Esperamos que este informe sea un aporte a la planificación y elaboración de políticas públicas eficientes en materia de prevención de estos delitos, que nos permita avanzar con todas las instituciones involucradas hacia el registro de cifras unificadas, lo cual facilitará la detección temprana de los casos”, señaló la directora del SernamEG, Priscilla Carrasco. “Desde el SernamEG y como parte del CIF, seguiremos trabajando en mejorar la articulación con los integrantes de este mecanismo, para entregar atención oportuna a las víctimas de femicidio, desde un enfoque de género, considerando la diversidad de mujeres: migrantes, indígenas o trans, entre otras”, añadió.

De acuerdo a estas cifras del año 2022, la Región Metropolitana es la que concentra mayor número de femicidios consumados (11), y junto a La Araucanía, encabezan el número de femicidios frustrados (ambas con 29).

Respecto a la tasa por cada 100.000 habitantes, las regiones que encabezan la lista en caso de femicidios consumados son Arica y Parinacota (1,6), Los Lagos (1,5) y Los Ríos (1,0). Respecto a la tasa de femicidios frustrados, lideran Tarapacá (7,1) y Los Lagos (5,7).

La mayoría de las víctimas de femicidio consumado tenían entre 30 y 45 años (47%); mismo rango que lidera en el caso de femicidios frustrados (46%), seguido por mujeres de entre 18 y 29 años (34%).

En 2022, en aproximadamente 1 de cada 3 femicidios consumados que ingresaron al CIF el victimario tenía al menos una denuncia anterior por algún delito. En el caso de femicidios frustrados, el 61,7% de los agresores tenía al menos una denuncia anterior.  Finalmente, de los 250 femicidios ingresados en 2022 (consumados, frustrados o tentados) se identificaron 506 víctimas indirectas, 429 de las cuales eran niñas, niños y adolescentes (NNA).

Tipificación del delito de femicidio

La tipificación del delito y su mejor definición es uno de los factores que explican el aumento de las cifras. El femicidio fue incorporado al Código Penal el año 2010 como una ampliación del término parricidio y vinculado a delitos ocurridos dentro de relaciones afectivas (convivencia o exconvivencia), y en 2020, a través de la Ley 21.212, conocida como Ley Gabriela, fue definido en su versión más exhaustiva, como un delito de género contra las mujeres, cometido por hombres y con dolo por razones de odio, desprecio o misoginia, expresado en dos figuras, el femicidio íntimo de pareja y el femicidio no íntimo, es decir, todo asesinato de mujeres y niñas por razón de su género.

El Día Nacional contra el Femicidio se conmemora desde el año 2020 en memoria de Javiera Neira Oportus, asesinada por su padre en 2005, cuando tenía seis años, en el contexto de violencia contra su madre, a quien intentó defender. El femicidio ha sido catalogado como la expresión más extrema de la violencia de género que viven las mujeres en Chile y en el mundo.

De acuerdo a la información actualizada por SernamEG, al 18 de diciembre de este año se registran 39 femicidios consumados y 208 femicidios frustrados en Chile.

“Todos y todas podemos contribuir a prevenir la violencia contra las mujeres, acompañando, interviniendo, interpelando, y denunciando, cuando corresponda. Como país podemos y debemos llegar a cero violencia hacia las mujeres”, concluyó Antonia Orellana.

• Chile se plegó a mociones intersectoriales fuertemente orientadas a transversalizar el enfoque de género en la respuesta institucional, principalmente hacia la protección en el ámbito de la violencia sexual y de género.
• La subsecretaria Luz Vidal representó al país en el encuentro internacional, el más importante en la materia.

Ginebra, Suiza – Del 13 al 15 de diciembre, se llevó a cabo el Segundo Foro Mundial sobre Personas Refugiadas (Global Refugee Forum) en Palexpo, Ginebra, encuentro que marcó un hito al destacar el liderazgo de Chile en materia de género. Este evento internacional, el más destacado en materia de refugiadas y refugiados, fue co-convocado por Colombia, Francia, Japón, Jordania y Uganda, y organizado conjuntamente por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Gobierno de Suiza.

La subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Luz Vidal Huiriqueo, representó a Chile en el foro. Acorde a la Política Exterior Feminista del país, presentó cinco compromisos en temáticas de género y de la protección a la Violencia Sexual y de Género (VSG). “Es un honor para Chile coliderar la movilización de múltiples partes interesadas por la igualdad de género junto con Alemania, el Reino Unido y Australia, con el apoyo de ACNUR y Mujeres Expertas en Refugiados en este Foro Mundial”, destacó la subsecretaria Vidal.

La autoridad ministerial, además expuso en el Evento Paralelo de Alto Nivel “Fortalecimiento de los sistemas nacionales y el acceso a servicios de prevención y respuesta a la violencia de género, en países que acogen a refugiados, a lo largo del enfoque integrado y en colaboración con organizaciones lideradas por mujeres”. Compartió panel con representantes de Moldavia, Australia, Francia, Naciones Unidas y la Asociación Mundial de Mujeres (WWWA). En su ponencia, la subsecretaria Vidal fue enfática: “Creemos que los compromisos que ofrecemos para mejorar la respuesta ante la violencia de género que viven mujeres, niñas y personas de la diversidad sexo genérica que buscan refugio en Chile, mejorarán sustantivamente la forma como acogemos y damos asilo a quienes lo necesitan, y servirán como ejemplo a seguir en la región”.

Compromisos de género presentados por Chile

Bajo la coordinación de la División de Migraciones de la Cancillería de Chile, se han articulado una serie de compromisos intersectoriales situados en diversos ejes temáticos.  En particular, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es la institución que más compromisos ha asumido, luego del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).

Los compromisos de género están fuertemente orientados a transversalizar el enfoque de género en la respuesta institucional a las crisis humanitarias producidas por necesidades de protección internacional. Las cinco mociones presentadas por Chile a este foro son las siguientes:

1)         Evaluar el otorgamiento de protección complementaria a mujeres y niñas víctimas/sobrevivientes de violencia basada en género en sus países de origen o a personas con diversidades sexo genéricas que han sido víctimas de violencia a causa de su sexo, orientación sexual e identidad de género en sus países de origen, cuando no hayan sido reconocidas como refugiadas, priorizando y acelerando la resolución de sus solicitudes, luego de realizar un análisis individual de los casos y conforme a los criterios establecidos en la normativa.

2)         Diseñar e implementar un protocolo de atención integral de manera articulada e interinstitucional que procure la atención psicosocial para las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia basada en género.

3)         Diseñar e implementar mecanismos efectivos de difusión orientados a las mujeres y niñas solicitantes de refugio, refugiadas y con necesidades de protección internacional, a fin de garantizar el acceso a la información sobre sus derechos y sobre los distintos programas y dispositivos existentes en el país para abordar las violencias basadas en género.

4)         Crear canales institucionales de participación de las organizaciones de la sociedad civil de mujeres solicitantes de refugio, refugiadas y con necesidades de protección internacional, en el MMEG y su servicio, para el diseño e implementación de programas y políticas que se dispongan en favor de este grupo.

5)         Mejorar la calidad de los datos estadísticos para lograr una desagregación por edad, sexo, orientación sexual e identidad de género que se ajuste a los estándares que permita promover la formulación de programas y políticas efectivas de inclusión socioeconómica y protección para mujeres y niñas solicitantes de refugio, refugiadas y con necesidades protección internacional con enfoque de género, interseccional e intercultural.

Estos esfuerzos posicionan a Chile como un referente en la respuesta institucional a las crisis de movilidad humana desde un enfoque de género e interseccional, con perspectivas de seguir recibiendo apoyo técnico y financiero de actores clave.

Fotografías:

(1) © UNHCR/Pierre Albouy
(2) © Las Reinas Pepiadas

• Seminario organizado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Universidad Diego Portales, para abordar esta iniciativa que se tramita actualmente en el Senado.

Con el fin de analizar la importancia de un proyecto de ley integral para el abordaje de la violencia de género, conocer perspectivas comparadas sobre la materia, y también, referirse a las indicaciones propuestas por el actual Ejecutivo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, encabezó el Seminario “Proyecto de Ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

El seminario se realizó en el contexto de la tramitación de la iniciativa que se encuentra actualmente en el Senado y participaron como panelistas, para comentar sus objetivos y avances, la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz; Graciela Angriman, jueza argentina; Diana Arango, representante del Banco Mundial; y Lidia Casas, académica de la Universidad Diego Portales.

En la oportunidad, la ministra Antonia Orellana destacó que “este proyecto de ley lo que buscaba, desde un inicio, cuando se presentó el 2017, fue establecer una ley marco, una ley de protección integral en armonía con lo dispuesto en la Convención de Belem do Pará, ratificada por nuestro país en el año 1996. Cuando asumimos decidimos reimpulsar este proyecto de ley y a fines del 2022 y a principios del 2023, con indicaciones sustitutivas del Ejecutivo, se ha estado tramitando en las Comisiones Unidas de Constitución y Mujer del Senado. Nos quedan muy pocas indicaciones para ser votadas, son 126 y hoy vamos en la 119, y esperamos poder aprobar el proyecto en Sala durante este verano”.

Principales contenidos de las indicaciones al proyecto

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género señaló que los aspectos más relevantes consolidados en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo a esta iniciativa “es, en primer lugar, actualizar definiciones de las distintas formas en que se manifiesta la violencia de género con el objeto que sean coherentes tanto con tratados internacionales ratificados por nuestro país, para que estas definiciones sean también útiles desde una perspectiva de no considerar que toda definición arroja como consecuencia la creación de un delito, sino que en algunos casos esta definición es útil para que se puedan generar y desplegar políticas, planes y programas que la prevengan y que la identifiquen”.

También se establece un borde conceptual para la violencia física, la violencia sicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia simbólica y este último es un ejemplo de que no lo estamos abordando desde el ámbito penal sino desde el mecanismo regulador que el Consejo Nacional de Televisión; la violencia institucional, la violencia política, bastante abordada en las legislaciones de países vecinos.

Asimismo, la violencia y acoso en el lugar de trabajo, “en donde tuvimos el desafío de hacer coincidentes los términos y estándares que se establecían con la tramitación en paralelo de la ratificación del Convenio 190 de la OIT, como hoy la ley para poder hacer esto con las indicaciones del Ejecutivo a la llamada Ley Karin; y la violencia ginecoobstétrica que esté definida como una forma de violencia precisamente en la búsqueda de generar una tutela estatal y no judicial, sino a través del desarrollo de planes, políticas y programas que contribuyan a erradicarla”, destacó la secretaria de Estado.

Se incorporó el concepto de violencia vicaria y esto permitirá reconocer a niños y niñas como víctimas directas de la violencia que se ejerce en contra de sus madres y cuidadoras, y no solo como testigos.

Por otra parte, el Ejecutivo en sus indicaciones crea nuevas figuras sustanciales para la operatividad de la ley integral como la Comisión para el abordaje de la violencia de género, que busca la coordinación a nivel nacional de las medidas adoptadas por el Estado para la prevención, la sanción, la erradicación de la violencia contra las mujeres y para la atención y reparación de las víctimas de esta. Así como un Sistema Integrado de información sobre violencia de género.