• La visita buscó reforzar la presencia del Estado en el territorio insular y fortalecer la institucionalidad de género mediante la instalación de la oferta programática del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
• El Centro de Atención Especializada en Violencias inaugurado en Isla de Pascua es el número 26 de todo el país.

La Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Donaire, junto a la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, encabezaron una visita oficial a la isla para fortalecer la respuesta del Estado en la prevención y abordaje de la violencia de género en la zona.

En la visita, las autoridades inauguraron el primer Centro de Atención Especializada en Violencias de Género (CAEVG) “HARE ŊĀ VI’E”. Además, firmaron convenios para asegurar una presencia profesional estable, sostuvieron encuentros con autoridades locales y organizaciones de mujeres de la comunidad rapanui, así como también fueron parte del primer Comité Intersectorial de Femicidio (CIF) provincial para coordinar la respuesta ante hechos de violencia extrema.

“El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género regresa con toda la potencia a respaldar la labor realizada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el cual busca desplegarse con su oferta programática en la isla con pertinencia cultural y territorial. Esto gracias a un trabajo colaborativo con las autoridades de la localidad”, señaló la subsecretaria Donaire.

Esta reincorporación responde a una demanda sostenida por parte de las mujeres de la isla, expresada formalmente en marzo de 2023 a través de una carta firmada por 147 mujeres, en la que solicitaban el regreso del Servicio que dejó su presencia en dicho territorio en 2021.

“Esta visita consolida el compromiso del SernamEG por llegar con nuestros programas a la mayor cantidad de mujeres del país. Asumimos este desafío en coordinación con instituciones del gobierno local, autoridades indígenas y diversas mujeres de Rapa Nui para ejecutar acciones que prevengan y atiendan las violencias de género, así como el apoyo en el fortalecimiento de su autonomía económica. Después de cuatro años retornamos al territorio insular con cinco programas, resultado del fruto del trabajo para promover el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres de la isla”, destacó la directora nacional, Priscilla Carrasco.

La oferta programática de SernamEG en la zona, que beneficiará a más de 170 mujeres, considera atención integral a mujeres víctimas de violencia —tanto inicial como especializada—, acciones de prevención comunitaria, apoyo al emprendimiento a través del programa Mujer Emprende, y conciliación de la vida laboral y familiar mediante el programa 4 a 7, que operará durante todo el año desde 2025.

Además, se contempla la contratación de una Encargada Insular de Gestión de Programas y un equipo profesional multidisciplinario compuesto por psicólogas, trabajadoras sociales, abogada, monitora, psiquiatra y asesora externa.

• El centro que se instalará en la isla ofrecerá atención psicosocial, legal y programas de prevención; apoyo al emprendimiento y en labores de cuidado para más de 170 mujeres del territorio insular.

Tras cuatro años sin presencia institucional, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, regresará a Rapa Nui con la inauguración de un centro ejecutado por la Municipalidad del mismo nombre y que albergará distintos programas del servicio y beneficiará directamente a más de 170 mujeres en una primera etapa, además de diversas organizaciones sociales y educativas del territorio insular.

Con este hito, el Estado se despliega en la isla, con una oferta integral en prevención y reparación de las violencias de género por primera vez, mientras que en atención inicial retorna la oferta del Centro de las Mujeres, gracias también al compromiso de la gestión municipal de la alcaldesa Elizabeth Arévalo Pakarati, y que ha sido clave para concretar esta iniciativa en el territorio.

La subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Donaire, junto a la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, y la directora regional, María Paz Rengifo, encabezaron la inauguración de la oferta, desplegando en el territorio una completa agenda para monitorear la instalación de los programas, además de sostener encuentros con lideresas locales. Durante la gira de las autoridades también está agendado el lanzamiento de la convocatoria del programa 4 a 7 —parte del sistema Chile Cuida—, que desde el 2025 funcionará de manera continua durante todo el año.

El centro en Rapa Nui contará con programas orientados a prevenir y abordar las violencias de género. Entre ellos, el Centro de las Mujeres que entregará atención psicosocial y orientación legal a víctimas de violencia de menor gravedad, mientras que el Centro de Atención Especializada en Violencias de Género brindará acompañamiento en los procesos reparatorios de mujeres víctimas de violencia grave o extrema. Además, se implementará un programa de prevención que trabajará con comunidades, escuelas y organizaciones sociales para promover una cultura libre de violencias.

En el ámbito de la autonomía económica y la conciliación laboral, el programa Mujer Emprende apoyará a mujeres que desarrollan o desean iniciar actividades económicas. A su vez, el programa 4 a 7 ofrecerá apoyo a las mujeres en las labores de cuidado fuera del horario escolar a niñas y niños de 6 a 13 años.

“Volver a Rapa Nui con una oferta programática integral y con pertinencia cultural es una señal concreta de compromiso de nuestro Gobierno con las mujeres del territorio. El Centro de Atención Especializada en Violencias que inauguramos en la isla es el número 26 en el país, y éste no solo responde a una demanda expresada por parte de las propias mujeres, sino que también reafirma nuestro deber de garantizar una vida libre de violencias sin importar la ubicación geográfica. Desde nuestro Ministerio junto al SernamEG, llegamos para quedarnos, para acompañar, proteger y empoderar a las mujeres del territorio peninsular, con acciones concretas que fortalecen su autonomía, visibilizan su realidad y respetan su cultura”, señaló la subsecretaria Donaire.

Para fortalecer la respuesta del Estado en un territorio que hasta ahora no contaba con seguimiento y protección en casos de violencia de género, la visita también incluyó el desarrollo de la primera sesión del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF), reuniendo a instituciones clave como Carabineros, Fiscalía, Poder Judicial, PDI, la Delegación Provincial y la Municipalidad. Esta coordinación permitirá actuar de forma rápida y articulada ante casos de femicidio y violencia extrema.

“Como servicio nos propusimos regresar a Rapa Nui luego de que, en 2021, la gestión municipal de la época decidiera cerrar nuestra oferta programática. Sabíamos que la presencia de la institucionalidad de género era un anhelo profundamente sentido por las mujeres y organizaciones del territorio. Por ello, desde 2023 iniciamos las gestiones para retornar a la isla e implementar los programas de Violencias de Género y de Mujer y Trabajo” sostuvo la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco. Agregó “este retorno constituye un hito significativo y refleja la voluntad de este gobierno, resultado del trabajo colaborativo con diversas instituciones y autoridades locales. Hoy podemos afirmar que estamos llegando a más mujeres, respetando su diversidad cultural y fortaleciendo su autonomía mediante políticas públicas con enfoque de género”.

La alcaldesa Elizabeth Arévalo Pakarati explicó que “desde que era Consejera Regional trabajé para hacer posible la instalación de este servicio en la isla, que fue interrumpido y ahora retorna con mayor presupuesto y una batería de programas especializados. Sin duda, un apoyo que será clave para la ejecución de nuestro Programa de Gobierno Municipal Haka Ara, cuyo eje central es la familia. Todos sabemos que las mujeres son el pilar fundamental del desarrollo del núcleo familiar y nuestro objetivo hoy es brindarles mayor protección, fomentar su independencia económica e inserción laboral”.

Retorno a Rapa Nui

El retorno de la institucionalidad de género obedece a una decisión del Gobierno de asumir un compromiso firme con las mujeres de Rapa Nui, orientado a prevenir y erradicar la violencia de género. Una carta enviada por 147 mujeres de Rapa Nui en 2023, en la que solicitaron formalmente la apertura de una oficina del SernamEG, fue un insumo clave que reafirmó la necesidad de implementar programas de apoyo y acompañamiento.

El SernamEG inició un proceso de instalación progresiva que, en los últimos seis meses, ha permitido atender 24 casos de violencias de género, de los cuales 10 cuentan actualmente con presentación de querella. A ello se suma un dato relevante: según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito de este año, solo en 2024 se registraron 46 denuncias por violencia intrafamiliar en Rapa Nui, cifra que supera el promedio regional y a nivel nacional durante los últimos tres años. La instalación del SernamEG es clave no solo para atender y prevenir estas violencias, sino también para visibilizar la realidad local, sistematizar cifras actualizadas y generar conocimiento territorial que oriente las decisiones de política pública.

• La iniciativa -comprometida por el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública 2024- busca regular la interrupción voluntaria hasta la semana 14 de gestación.

Este miércoles 28 de mayo, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, anunciaron el ingreso del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con plazos al Congreso.

La iniciativa fue comprometida por el Presidente de la República, Gabriel Boric, en la Cuenta Pública 2024, junto con anunciar la modificación del reglamento para mejorar la implementación de la Ley de Interrupción del Embarazo (IVE) en 3 causales. La Contraloría General de la República tomó razón de estas modificaciones el pasado 23 de mayo, lo que permitirá fortalecer el acceso de las mujeres y las niñas que lo requieren a este derecho ya consagrado en la Ley.

Habiendo cumplido este compromiso, las autoridades de Gobierno anunciaron el ingreso del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y establece mecanismos en el sistema de salud para ello. La iniciativa mantiene las normas de objeción de conciencia establecidas en la ley chilena, tanto personal como institucional; busca garantizar el acceso a la prestación en el plazo más breve posible, así como el acceso a la información.

“A quienes nos escuchan, en especial a quienes han abortado -que sabemos por estadísticas que son miles en nuestro país- queremos que sepan que el Gobierno de Chile considera que no deben seguir siendo tratadas como criminales y que no deben seguir siendo perseguidas penalmente, sino que por el contrario debemos abrir la salud pública para esto. Los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las tres causales; ninguna mujer se embaraza para abortar. Queremos abrir un debate respetuoso, con base en evidencia, donde todas las posiciones, según en lo que se basen, tengan un espacio, pero donde no sigamos vetando un tema que sabemos sigue ocurriendo”, expresó la ministra Antonia Orellana, quien además señaló que “A 35 años de que se ilegalizara vía decreto antidemocrático, hoy abrimos la discusión en el Congreso”.

“Nosotros tenemos razones sanitarias como para empujar esta política”, señaló por su parte la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien explicó que “si bien hemos avanzado mucho en temas de regulación de la natalidad, siempre siguen ocurriendo abortos y el que sea en clandestinidad produce riesgos para la salud de las mujeres, riesgos que finalmente se traducen en hospitalizaciones que son aproximadamente más de 20.000 al año, y cerca de 260.000 en un acumulado de más de 10 años, aproximadamente. También se producen muertes que, si bien afortunadamente no es la situación que ocurría 60, 70 años atrás, donde era una causa muy importante de muerte, siguen ocurriendo fallecimientos, alrededor de cuatro por año y son situaciones que nosotros no podemos dejar de ver”.

En tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, planteó “la importancia que tiene para una sociedad democrática, en pleno siglo XXI, tener un debate con altura de miras, en un marco de respeto recíproco respecto de las distintas miradas. Aquí más que discutir sobre la base de prejuicios o caricaturas, lo que se requiere es tener a la vista la evidencia científica y sobre todo, que se desarrolle un debate en una propuesta que han discutido otros países del mundo y democracias avanzadas”. Asimismo, la autoridad llamó a “que la voz de las mujeres sea escuchada en este debate”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, señaló que “actualmente las mujeres que cometen aborto se encuentran criminalizadas o penadas en nuestro sistema u ordenamiento jurídico. Y eso es precisamente lo que con este proyecto se quiere terminar, es decir, que las mujeres que hasta un cierto plazo realicen un aborto por distintas razones, no se vean expuestas a ser perseguidas penalmente”.

Según una investigación de la Corporación Miles, entre 2012 y 2022 se abrieron 444 investigaciones por el delito de aborto, incluso, cuando en el 10% de los casos se trataba abortos espontáneos acreditados.

Avances del Gobierno en derechos sexuales y reproductivos

En octubre de 2022, a través del Minsal, se ingresaron las agresiones sexuales agudas al sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES). Desde entonces, se han atendido 4.590 personas, de las cuales 4.018 corresponden a mujeres y 1.958 a personas menores de 19 años.

Asimismo, se redujo el precio de seis anticonceptivos de uso frecuente entre las mujeres, por medio del Ministerio de Salud y con la colaboración de la Central de Abastecimiento CENABAST, y se implementó, junto al Instituto de Salud Pública, una nueva medida que instruye el retiro de anticonceptivos defectuosos en un máximo de cinco días, además de la obligación de emitir un mensaje de advertencia a las consumidoras, acciones que previamente no ocurrían, afectando a cientos de mujeres.

Además, este año el Ministerio de Salud incorporó nuevas coberturas de Fonasa con foco en la salud sexual y reproductiva, entre ellas, la del examen de la hormona antimulleriana (AMH), una herramienta esencial para evaluar la reserva ovárica, crucial para las mujeres que planifican su maternidad. Asimismo, en el marco de la actualización en el arancel de la Modalidad de Libre Elección, se amplió la cobertura a tratamientos para la endometriosis y dispositivos anticonceptivos hormonales de larga duración.

En enero de 2023, el MinMujer y el Minsal presentaron un Manual de Fiscalización de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Desde entonces se han realizado cerca de 130 fiscalizaciones en todas las regiones del país.

Es importante señalar que durante los 7 años de vigencia de la Ley IVE en 3 causales, se han constituido

6.249 casos de mujeres y niñas que han llegado a un centro de salud en una de las tres causales. El 85% de ellas ha decidido interrumpir su embarazo y el 15% continuarlo. La edad donde se constituyen más casos por ley IVE en la causal de violación son los 13 años. Es importante recordar que en estos casos, los establecimientos de Salud están obligados a denunciar el delito de violación.

• Un monto equivalente a más de 52 teletones han ordenado pagar los tribunales a más de 282 mil familias, gracias a esta ley impulsada por el Gobierno a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Este martes 20 mayo se cumplen dos años desde que comenzó a implementarse la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, también conocida como Ley “Papito Corazón”, iniciativa impulsada y promulgada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y liderada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

La normativa -que contribuye a saldar una deuda histórica con miles de niños, niñas y adolescentes- permite a los tribunales acceder a la información financiera de los deudores y establece dos mecanismos efectivos para el pago de pensiones adeudadas desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de pensiones.

De esta forma, a mayo de 2025 los tribunales de familia han ordenado pagar un total de $2.496.135.793.791, es decir, el equivalente a más de 52 teletones. Estos recursos han sido o serán transferidos a más de 282 mil familias afectadas por el no pago de pensiones alimenticias.

“Hasta hace algunos años, la deuda de pensión de alimentos y la expresión “papito corazón” eran vistas casi como una muestra de picardía, más que como lo que hoy reconocemos: una situación grave. El abandono parental no solo es reprochable, sino que constituye una falta con consecuencias profundas en el desarrollo de niños y niñas”, sostuvo la ministra Orellana y agregó: “Aunque el afecto y el cuidado no pueden imponerse por ley, sí existen responsabilidades mínimas, como el pago de la pensión de alimentos, que deben ser exigidas. En ese sentido, el Estado tiene un rol fundamental: garantizar el acceso a la información disponible y actuar en base a ella”, agregó la secretaria de Estado.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, indicó que “lamentablemente, antes de la existencia de esta ley y de la implementación del Registro de Deudores, las mujeres se hacían cargo del cuidado y del pago de las necesidades de cada uno de sus hijos, a pesar de que los padres habían sido demandados o se había tratado de cobrar las pensiones. Las cifras, que dio la ministra Orellana dan cuenta de que esta ley está logrando sus objetivos, lo que implica que un gran conjunto de niñas, niños y adolescentes están recibiendo algo que les corresponde, que son los dineros para cubrir sus necesidades básicas”.

En esa línea, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, manifestó que “esta es una ley muy importante desde el punto de vista de la protección de niños, niñas y adolescentes. Una de las medidas que se han tomado en esta coordinación e interoperabilidad del Estado es conectar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos con el Registro Social de Hogares, para que cuando las familias con niños y niñas no están recibiendo la pensión de alimentos, se vea reflejado Registro Social de Hogares y, eventualmente, va a bajar de tramo en la calificación socioeconómica. Y al revés: el hogar de un padre que no está pagando la pensión de alimentos, que aparecía con menos ingresos, ahora podría subir de tramo en el RSH”.

Más información sobre la ley en www.pagodedeudasdealimentos.cl/

Actualmente, existen más de 270 mil inscritos con deuda vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias; 96% de ellos son hombres. Esta deuda afecta a más de 385 mil niños, niñas y jóvenes con derecho a recibir una pensión para su manutención. Sin embargo, gracias a estos avances, desde la creación del registro más del 53% de los deudores que han ingresado al registro han pagado sus deudas o han llegado a un acuerdo de pago ante tribunales. Es importante señalar que, de incurrir nuevamente en deuda, la persona puede ser inscrita nuevamente en el registro de deudores y se puede activar el proceso nuevamente.

Paso a paso: ejecución del mecanismo de pago