Con el propósito de fortalecer la coordinación intersectorial y las respuestas efectivas ante los recientes hechos de violencia de género en el Barrio Yungay, se conformó una mesa de trabajo para abordar esta problemática.

La reunión, encabezada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, contó con la participación de representantes de diversas instituciones, quienes coincidieron en la importancia de brindar una respuesta contundente, concreta y oportuna a los sucesos que han afectado recientemente a la comunidad del barrio capitalino.

En una coordinación entre la Delegación Presidencial, el Ministerio de la Mujer y la Municipalidad de Santiago se acordó reforzar la seguridad y confianza en la denuncia, así como el mejoramiento del entorno de la zona. Este trabajo se basará en tres pilares fundamentales. El primero consiste en mapear zonas consideradas inseguras junto a las comunidades educativas del sector, el Gobierno Regional de Santiago y el Programa Sister. En segundo lugar, la Dirección de Transportes Metropolitano, Metro y la Municipalidad de Santiago reforzarán los trayectos problemáticos identificados por las comunidades escolares. Por último, se trabajará junto a vecinas y vecinos, organizaciones comunitarias y locatarios para capacitaciones en herramientas de denuncia y acogida ante hechos de violencia de género.

“Como Ministerio de la Mujer, hemos convocado a diversas instituciones para aumentar la seguridad de las personas que habitan en el Barrio Yungay. Tramos una ruta de trabajo con organizaciones del Estado para mejorar la seguridad de la zona y asegurar que ninguna niña tenga miedo de ir al colegio”, enfatizó la ministra Orellana.

En la reunión participaron la Delegada Presidencial Metropolitana, Constanza Martínez; la Directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapiala; la Directora del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Marcela Gaete; la Directora Metropolitana de SernamEG, Miriam Bertuzzi; la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Ana Martínez; la seremi de Educación Metropolitano, Raquel Solar; y representantes del Gobierno Regional de Santiago, la Municipalidad de Santiago, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Los acuerdos son parte del compromiso articulado de los organismos estatales para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, especialmente aquella que pueda afectar a niñas, niños y adolescentes.

11 de junio. – En la sede de la Cepal, en Santiago de Chile, se dio inicio a la primera jornada de la IX Conferencia de Estados Parte (CEP) del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI); un histórico tratado interamericano que, desde su adopción hace 30 años en 1994, propuso por primera vez la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos en el ámbito público y privado.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien preside este encuentro internacional, señaló que “el desafío de esta conferencia es concordar estrategias para acelerar el proceso de cambio, para que esta generación sea la última que viva bajo condiciones de violencia de género estructurales”. Asimismo, destacó la oportunidad de que nuestro país lidere este diálogo, pues “celebramos 30 años de esta convención que marcó un antes y un después en la vida de las mujeres americanas, porque permitió que, desde que se ratificó, todos los países, incluyendo Chile, comenzaran a desarrollar legislación contra la violencia hacia las mujeres”.

La ministra Orellana también relevó que esta instancia internacional está en línea con las políticas públicas en materia de género impulsadas por el Gobierno, enfocadas en promover una sociedad libre de violencia. “Acabamos de dar un paso decisivo como país a través de la promulgación de la Ley Integral en contra de la violencia de género. Esto es un hito y va en línea con el espíritu de la Convención”, señaló la autoridad.

En esta IX Conferencia, que se realizó con el apoyo de CEPAL, participaron las principales autoridades de género de 26 países de América Latina y el Caribe, incluidas 14 ministras de Estado, y representantes de organismos internacionales, como Alejandra Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (CIM), y María Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres.

La Secretaria Ejecutiva de la CIM/OEA, Alejandra Mora Mora, destacó que “la Convención de Belém do Pará es el instrumento más importante que tiene nuestra región y el mundo para enfrentar y poner un límite a la violencia. No obstante, cada dos horas muere una mujer en nuestra región. Por eso estamos aquí, en este espacio, de la mano del liderazgo de Chile, porque queremos acelerar y profundizar todas las medidas y que así no nos falte ninguna más en la región”.

En tanto, la Directora Regional de ONU Mujeres, María Noel Vaeza, felicitó a Chile por la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia, señalando que “eso es lo que la región necesita: más iniciativas que definan los nuevos tipos de violencia, sobre todo porque hoy existen nuevas formas, como la cibernética. Es clave que todos nos pongamos a trabajar para seguir avanzando, y llegar así a la igualdad deseada”.

En esta instancia se abordarán diversas temáticas, incluyendo el desarrollo de una Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género desde las tecnologías; como también el diseño de estrategias aceleradoras para la implementación efectiva de la Convención en los distintos territorios.

Las actividades continuarán este 12 de junio, donde se definirá el país sede para el próximo encuentro y se abordarán temáticas relativas a la violencia de género contra mujeres afrodescendientes, además de aquellas asociadas al acceso a la justicia, verdad y reparación en Latinoamérica.

La Conferencia de Estados Parte fue precedida por dos paneles de la sociedad civil, uno de organizaciones nacionales, realizado el sábado 8 de junio, y otro de organizaciones internacionales, realizado el lunes 10. Además, en preparación a esta conferencia, se realizaron encuentros locales en las 16 regiones del país, en los que participaron cerca de 600 personas y los cuales fueron organizados por las seremis del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Más información sobre esta Conferencia: https://minmujeryeg.gob.cl/?page_id=53567

• Esta normativa busca abordar la violencia estructural que viven las mujeres y establecer mecanismos para su erradicación, a través de la promoción de sus derechos y la prevención, mejorando la respuesta del Estado frente a las diferentes expresiones de violencia que viven mujeres y niñas.
• Más de 200 mujeres de organizaciones de la sociedad civil participaron de esta ceremonia que se realizó ad-portas de la conmemoración en Chile del 30° aniversario de la Convención de Belém do Pará, tratado histórico en esta materia.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, junto a la subsecretaria de la cartera, Luz Vidal Huiriqueo, encabezó este sábado 8 de junio la ceremonia de promulgación de la Ley que establece medidas para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, aprobada luego de 7 años de tramitación en el Congreso. En la actividad, realizada en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, participaron más de 200 mujeres pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil de nuestro país.

El Gobierno del Presidente Boric, a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, reactivó y dio prioridad legislativa a esta iniciativa que había sido ingresada al Congreso por la primera ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el año 2017, y que fue aprobada de manera transversal en el Congreso Nacional en marzo pasado.

“Esta fue la primera urgencia legislativa que anunciamos como Gobierno, incluso antes de asumir, el 8 de marzo de 2022. Requirió el trabajo de comisiones unidas en el Senado y una larga discusión artículo a artículo, pues se pidió discusión separada para cada cosa que dijera ‘género’. Sin embargo -y requerimiento constitucional mediante- hoy estamos promulgando esta ley”, destacó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

La ministra de la Mujer agradeció a las parlamentarias que contribuyeron al avance de esta iniciativa, especialmente a las senadoras Isabel Allende, Claudia Pascual, Yasna Provoste, Loreto Carvajal “y a todas quienes estuvieron ahí para apoyarnos en esta larga pero hoy por fin concluida tramitación”, concluyó.

Asimismo, Orellana informó que los próximos pasos serán la implementación efectiva de la Ley junto a los Tribunales de Justicia, para lo cual se ha designado como coordinadora a la ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich, el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y Carabineros.

Este hito coincide con la conmemoración de los 30 años de la Convención Interamericana Belém do Pará, el primer instrumento internacional de Derechos Humanos que promovió exclusivamente la incorporación de medidas para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres en los Estados de América Latina y El Caribe. De hecho, este martes 11 y jueves 12, Chile será sede de la IX Conferencia de Estados Parte de la Convención, dado que nuestro país se encuentra presidiendo dicha instancia.

En 1991, en Chile se ingresó la primera moción parlamentaria sobre violencia de género. Desde entonces, han existido importantes avances en materia de visibilización y tipificación de la violencia de género, en particular desde 2020, cuando se promulgó la Ley Gabriela, que permitió penalizar el delito de femicidio íntimo y no íntimo. Esta ley integral marca un nuevo avance para nuestro país, pues permitirá contar con un marco legal que reconoce la violencia de género que se ejerce en espacios distintos al ámbito de las relaciones afectivas y/o familiares.

Principales aspectos de la Ley Integral

La Ley promulgada es un marco normativo para abordar la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de su género, que establece las bases y lineamientos para su abordaje, y los deberes de los distintos órganos del Estado en esta materia.

Entre muchos otros aspectos, la ley precisa algunas definiciones sobre distintos tipos de violencia de género y su expresión (física, psicológica, sexual, económica, gineco-obstétrica, etc.); realza el rol preventivo que deben tener los órganos del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres de manera efectiva;; fortalece las medidas cautelares y establece un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia; e incorpora a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas de la violencia de género que viven sus madres o cuidadoras, “permitiendo que se decreten mejores medidas de alejamiento (…) y por otro lado, que como sociedad nos demos la oportunidad de romper con el ciclo de transmisión de la violencia generación a generación”, señaló la ministra Orellana.

Además, amplía las medidas cautelares a delitos y agresiones que ocurran fuera de relaciones filiales, afectivas o de convivencia. Hasta ahora, solo se podía decretar medidas cautelares inmediatas en los casos de violencia intrafamiliar.

Asimismo, la ley garantiza la asistencia y representación judicial gratuita a las víctimas de violencia de género;  fortalecerá el rol de representación jurídica del SernamEG en casos de femicidios o suicidios femicidas, para llegar antes y más rápido; y permitirá contar con un sistema de gestión integral de casos, para que todos los organismos que trabajan en la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer, cuenten con la misma información y puedan intervenir y articularse eficientemente, evitando -además- la revictimización.

Desde un enfoque preventivo, el objetivo de esta ley es propiciar la elaboración e implementación de planes, programas y protocolos para su prevención. Asimismo, algo fundamental es que esta iniciativa mandata a los órganos del Estado a actuar con estándares de debida diligencia, lo que implica que investiguen o juzguen hechos de violencia de género, según corresponda, y adopten medidas oportunas, idóneas, y exhaustivas para garantizar el acceso a la justicia, y así evitar el archivo de casos.

Esta Ley entrará en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial, con excepción de los artículos que decretan la elaboración de Reglamentos, los que deberán dictarse dentro de los próximos 12 meses.

• La ministra de la Mujer y la Equidad de Género fue parte de la comitiva presidencial que llegó este martes 4 de junio a la Región de Arica y Parinacota para inaugurar el primer Centro Comunitario de Cuidados que se instalarán en el país, y que fueron anunciados en la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric.
• En la oportunidad, ministra participó del gabinete regional, de una charla en la Universidad de Tarapacá y de un conversatorio con mujeres beneficiarias del programa 4 a 7 de SernamEG.

Este 4 de junio, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, fue parte de la comitiva que acompañó al Presidente Gabriel Boric en la inauguración del Centro Comunitario de Cuidados de Arica, la primera infraestructura pública dirigida exclusivamente para el cuidado en Chile, materializando uno de los anuncios realizado en su última cuenta pública al país, donde se comprometió la instalación de 100 de estos centros en el país.

Los nuevos Centros Comunitarios serán un programa social dirigido a personas que cuidan, de forma no remunerada, a personas con dependencia severa, moderada y leve y/o niños, niñas y adolescentes. En ellos se desarrollarán actividades diseñadas para abordar las necesidades de las personas que cuidan, desde servicios de atención social hasta terapias psicoemocionales, al mismo tiempo en que quienes requieren cuidados lo recibirán de parte de profesionales.

El primer Centro inaugurado en el país queda emplazado en el barrio El Alto, de la comuna de Arica, y constituye el puntapié inicial para la instalación de Chile Cuida, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó lo importante que es esta iniciativa en el marco de la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que incluye también un proyecto de ley para la sostenibilidad de este sistema en el largo plazo y el apoyo domiciliario, priorizando a las personas con discapacidad severa. Respecto de estos centros, señaló que en ellos “habrá espacios para que las personas con dependencia tengan actividades que las ayuden a tener el máximo de autonomía posible; para que las personas mayores retrasen su dependencia lo más posible y para que las personas cuidadoras, en su gran mayoría mujeres, puedan tener espacios de alivio, descanso, compañerismo y apoyo”.

“Quiero reconocer el gran empuje que han dado a esta política el movimiento de mujeres cuidadoras, el movimiento de las personas que cuidan a personas con enfermedades poco frecuentes, el movimiento de las personas con discapacidad y las uniones comunales de adultos mayores, que han reclamado su espacio y que participaron masivamente en los diálogos “Hablemos de cuidado’”, señaló la ministra Orellana.

Otras actividades en la región

Además, en el marco de esta visita a la región, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, junto a la subsecretaria de la Mujer, Luz Vidal Huiriqueo, y la seremi de la Mujer, Camila Roberts Azocar, participaron del Gabinete regional, encabezado por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Asimismo, junto a la directora regional de SernamEG, Lorena Ríos, la ministra encabezó un diálogo con beneficiarias del Programa 4 a 7 de SernamEG, que ejecuta la Municipalidad de Arica y que busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres, apoyando la conciliación de la vida laboral y familiar a través del acceso al servicio de cuidados a mujeres responsables de niños y niñas de 6 a 13 años.

Por último, la ministra dio una charla sobre legislación en corresponsabilidad y violencia en para estudiantes de Derecho de la Universidad de Tarapacá, organizaciones de mujeres de la región y usuarias de SernamEG.