• El Congreso aprobó de forma transversal la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, la cual establece las bases y lineamientos para abordar la violencia contra las mujeres en sus distintas expresiones, y los deberes del Estado en la materia.
• El Gobierno del Presidente Boric dio prioridad legislativa a la iniciativa, que fue ingresada por la primera ministra de la Mujer de Chile, el año 2017.

“Las mujeres siempre partimos desde el punto que nos dejaron las anteriores. Y si nuestras abuelas pudieron ser de las primeras en ingresar al trabajo remunerado formal, si las mujeres recuperaron la democracia, si pudimos tener las primeras leyes de violencia intrafamiliar, femicidio y la creación del Ministerio de la Mujer, hoy también hemos dado un nuevo paso para las próximas generaciones, para poder tener una Ley Integral en contra de la violencia”, señaló la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, luego de aprobarse esta iniciativa que llevaba cerca de siete años de tramitación y a la cual el Gobierno puso prioridad legislativa e introdujo diversas actualizaciones.

Junto con reconocer a la sociedad civil, “que mantuvo vivo este proyecto durante siete años”, la ministra agradeció la votación transversal que tuvo la ley en la Cámara y el Senado. “Eso nos muestra que la violencia contra las mujeres es una prioridad que debe ser de Estado y que no está circunscrita tan solo a un sector, sino que podemos enfrentarla a través de acuerdos amplios”. En este sentido, valoró el trabajo transversal de las diputadas y senadoras e hizo mención especial a las parlamentarias de Demócratas, Renovación Nacional y de la UDI, “que nos acompañaron en este trámite y que vieron lo importante que es esto para la mayoría de las mujeres y también del país y que estuvieron dispuestas a encontrar acuerdos”.

Se trata de un marco normativo para abordar la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de su género, que establece las bases y lineamientos para su abordaje, y los deberes de los distintos órganos del Estado en esta materia, acorde a los compromisos emanados de la Convención de Belém do Pará, instrumento internacional suscrito y ratificado por Chile desde 1996.

Entre muchos otros aspectos, una vez promulgada, la ley permitirá mejorar la fiscalización de las medidas cautelares y establecer un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia. Además, amplía las medidas cautelares a delitos y agresiones que ocurran fuera de relaciones filiales, afectivas o de convivencia. Hasta ahora, solo se pueden decretar medidas cautelares inmediatas en los casos de violencia intrafamiliar.

Asimismo, la ley fortalecerá el rol de representación jurídica del SernamEG en casos de femicidios o suicidios femicidas para llegar antes y más rápido; garantiza la asistencia y representación judicial gratuita a las víctimas de violencia de género;  incorporará a los niños y niñas como víctimas de la violencia que viven sus madres o cuidadoras y no solo como testigos, y permitirá contar con un sistema de gestión integral de casos, para que todos los organismos que trabajan en la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer, cuenten con la misma información y puedan intervenir y articularse eficientemente, evitando -además- la revictimización.

Esta ley define el concepto de violencia de género y sus distintas expresiones, como, por ejemplo, física, psicológica, sexual, económica, gineco-obstétrica, entre otras. Desde un enfoque preventivo, el objetivo es propiciar la elaboración e implementación de planes, programas y protocolos para su prevención.

Algo fundamental es que esta iniciativa -ingresada por la primera ministra de la Mujer de Chile, Claudia Pascual- establece los deberes de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación protección, sanción y reparación de violencia contra las mujeres, y les mandata a actuar con estándares de debida diligencia, lo que implica que investiguen o juzguen hechos de violencia de género, según corresponda, y adopten medidas oportunas, idóneas, y exhaustivas para garantizar el acceso a la justicia, y así evitar el archivo de casos.

Otro cambio fundamental es que dispone que no se podrá aplicar la atenuante de haber actuado por arrebato o una ofuscación tenaz.

• A esta cifra, informada por la Superintendencia de Pensiones, se suman los pagos realizados de forma regular y aquellos con cargo a las cuentas bancarias.

El sistema para el pago efectivo de las pensiones alimenticias comenzó a regir en Chile en mayo de 2023, una vez promulgada la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo, impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la cual estableció un nuevo mecanismo de pago para hacer frente a la magnitud de la deuda de pensiones de alimentos en nuestro país.

Este mes, la Superintendencia de Pensiones informó que, al 16 de febrero de este año, se pagaron 162.731 millones de pesos con cargo a los fondos de AFP, a través de 49.604 operaciones.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, señaló que esta política implementada por la cartera se hace cargo de “resguardar el derecho y la calidad de vida de miles de niños y niñas, y también de sus madres, pues este problema ha afectado históricamente la autonomía económica de miles de jefas de hogar, que por muchos años han debido sustentar solas a sus hijos e hijas, con el consiguiente empobrecimiento y deterioro de su calidad de vida y la de sus familias”.

El pago de deudas de pensiones alimenticias desde los fondos de pensiones de los deudores es uno de los mecanismos definidos por la Ley, que establece que una vez adeudadas tres mensualidades de pensión alimenticia, ya sea total o parcial, continua o discontinua, los Tribunales de Familia tienen la facultad de autorizar el pago mediante los fondos que existan en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del deudor, sí y solo sí, el alimentante no mantiene fondos en cuentas bancarias, cuentas de APV o instrumentos financieros o de inversión, o si estos son insuficientes para el pago total de la deuda.

En tanto, al 29 de enero, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos cuenta con 188.600 deudores, 97% de los cuales son hombres. Esta situación afecta a más de 255 mil niños, niñas y jóvenes con derecho a percibir esta pensión. Asimismo, las deudas fijadas en pesos alcanzan los 77.620 millones de pesos.

A la misma fecha, se registran 31.249 cancelaciones, 76% más que en noviembre, cuando se contabilizaban 17.749 cancelaciones y el monto adeudado en pesos superaba los 95 mil millones de pesos.

“Estamos implementando diversas iniciativas y mejoras para seguir avanzando en el pago de las deudas de pensiones alimenticias. En la discusión del Presupuesto 2024 logramos asegurar la inyección de más de $11 mil millones para agilizar los procesos de la ley y disponer de más funcionarios en los Tribunales de Familia, y en coordinación con la Comisión para el Mercado Financiero y las instituciones involucradas, estamos trabajando en innovaciones tecnológicas que permitan abordar los grandes desafíos que involucra la puesta en marcha de esta institucionalidad”, concluyó la ministra Orellana.

• En su agenda en la región, la ministra Antonia Orellana visitó las comunas de Curicó, Hualañé y Licantén, donde se reunió con agrupaciones de jefas de hogar y pescadoras.

Este martes 27 de febrero, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través del SernamEG, inauguró el primer Centro de Atención Especializada en Violencias de Género de la Región del Maule, sexto centro de este tipo a nivel nacional.

Este Centro de Atención Especializada, que será ejecutado por la Municipalidad de Curicó, permitirá a todas las mujeres de la provincia que vivan actos de violencia de género grave o extrema, incluyendo violencia sexual, acceder a una atención oportuna, adecuada y especializada para la reparación psicosocial y restitución de sus derechos.

“Estamos cumpliendo con el mandato del Presidente Gabriel Boric, quien en su primera cuenta pública comprometió que al final de nuestro gobierno todas las regiones del país contarán con un centro de atención especializada para los casos más graves de violencia de género”, señaló la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

A través de un equipo de profesionales especializados, entre ellas trabajadores/as sociales, abogados/as y psicólogos/as, el centro se focalizará en la recuperación de las mujeres, mediante intervenciones individuales y grupales.

“El enfoque de nuestra gestión -señaló la ministra Orellana- tiene que ver, en primer lugar, con mejorar la atención para que podamos revertir trayectorias de violencia antes de que lleguen a hechos graves, por eso estamos inaugurando nuevos centros, ampliando la capacidad de atención y es por eso también que llamamos a todos los parlamentarios y parlamentarias a que este mes podamos por fin promulgar la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, que contiene medidas esenciales para revertir esta situación: mejores medidas cautelares, mejores calificaciones de delitos, un Sistema Integrado de Gestión para que ninguna víctima quede sola; mejoras en el proceso judicial, y muy importante, incorpora a los niños y niñas como víctimas y no solo como testigos. Esto acompañado de todos nuestros planes para ayudar a recuperar la autonomía económica de las mujeres, que es fundamental para prevenir”.

El centro inaugurado en Curicó incluye salas de atención individual, de recepción, con habilitación de espacios para niños, niñas y adolescentes; y accesibilidad universal para mujeres en situación de discapacidad o con movilidad reducida.

“Hoy estamos inaugurando este espacio para las mujeres de la provincia de Curicó, y junto con ello, incorporando una nueva mirada para trabajar con las mujeres que han sufrido violencia grave o extrema, en la recuperación de sus autonomías, fortaleciendo sus herramientas para una vida libre de violencia. El Centro de Atención Especializada en Violencias de Género, el primero de esta región, es parte de la nueva oferta de programas del SernamEG, la cual busca adaptar las atenciones a la realidad de las mujeres, logrando una respuesta mucho más eficiente”, señaló la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, valoró el trabajo que ha desplegado la ministra de la Mujer y Equidad de Género en la región del Maule. “Esta inauguración se condice mucho con los principios que el Presidente nos ha establecido para las políticas públicas en relación a la seguridad económica, seguridad social y seguridad pública”.

La ejecución de este nuevo centro estará a cargo de la Municipalidad de Curicó, quien además administra un Centro Inicial en Violencias de Género y una Residencia Transitoria para mujeres que se encuentran en situación de riesgo grave y/o vital, perteneciente al SernamEG.

El alcalde de Curicó, Javier Muñoz, valoró la alianza estratégica entre el municipio y el Ministerio de la Mujer, en beneficio de las mujeres de la provincia de Curicó. “Hoy tenemos este dispositivo especializado que nos va a permitir enfrentar, orientar y acompañar a las mujeres en cada una de las etapas”, señaló el edil.

El recinto fue inaugurado este martes por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco; el delegado Regional Presidencial, Humberto Aqueveque; la seremi de la Mujer del Maule, Claudia Morales, la directora regional del SernamEG, Ana Cecilia Ratamal; y el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, entre otras autoridades presentes.

Visita a Hualañé e Iloca

Durante la tarde, las autoridades llegaron hasta la comuna de Hualañé para reunirse con mujeres participantes del Programa Mujeres Jefas de Hogar de SernamEG, el que se encuentra activo en 26 de las 30 comunas de la región del Maule. A su alero, se han realizado ferias de comercialización, campañas en beneficio de las mujeres damnificadas por las inundaciones, giras y encuentros zonales para compartir buenas prácticas, reuniones de asesoría técnica, participación en fondos concursables y escuelas de emprendimiento para mujeres que participan del Programa jefas de hogar en las comunas de Constitución, Río Claro y Curicó.

Posteriormente, las autoridades visitaron el sector La Pesca, de Licantén, donde visitaron el Centro de la Mujer Móvil, que atiende a mujeres de sectores rurales de Hualañé, Vichuquén y Licantén.

Por último, la ministra Orellana y la directora de SernamEG se reunieron con pescadoras de Licantén para conocer en terreno su experiencia respecto del trabajo que están realizando SernamEG, la secretaría regional ministerial de la Mujer y Prodemu en el marco de la mesa de mujeres lideresas.

La Delegación Presidencial Metropolitana y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), presentaron este viernes dos querellas por el delito de femicidio contra de imputado acusado por la muerte de Ari Salgado Arango, ocurrido esta semana en la comuna de Maipú. La acción penal fue ingresada en el 9° Juzgado de Garantía y se espera la máxima pena en este caso, calificado como el femicidio consumado número 6 del 2024.

El delegado presidencial (s) de la Región Metropolitana, Jaime Fuentes, declaró que “hechos de este tipo, por sus circunstancias y motivación, afectan a toda la sociedad. Es por eso que como Delegación hemos presentado esta querella, y trabajaremos en todas las acciones que sean necesarias para que no queden impunes”.

Por su parte, la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, confirmó que se tomó contacto con la familia de la víctima apenas se conoció de este hecho, para brindar orientación y apoyo en materia jurídica y psicosocial, logrando el patrocinio y agregó que “los hechos de violencia de género deben ser parte de la preocupación de todos y todas, son un delito, un problema de seguridad pública, por eso es vital entregar estas señales y estar coordinados como instituciones del Estado”.