En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y a un año de la implementación de la Ley 21.369 que regula  el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en las instituciones de educación superior, las 18 universidades que integran el Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) realizaron una conversación junto con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien destacó los avances alcanzados por el CUECH, “La mayoría de las universidades estatales ya tienen políticas de género, el paso siguiente es incorporar los procesos de implementación”, señaló, la ministra.

Esta actividad se realizó en el marco del Proyecto Estructural en Red, “Construcción del Ethos Identitario del Sistema de Universidades del Estado de Chile” y la Mesa de Género, en la que participan las 18 direcciones y unidades de género del CUECH que durante el último semestre están realizando la campaña de igualdad de género y no discriminación de las Universidades Estatales.

El encuentro permitió profundizar sobre las políticas y normativas que se están impulsando desde el gobierno para prevenir la violencia de género en todos los espacios, considerando el aumento de las denuncias por violencia sexual en más de un 55% desde el 2017, además del aumento de intentos de femicidios desde el 2018 hasta la fecha.

Ante esta situación, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género acaba de lanzar una campaña con enfoque preventivo llamada “Sí es mi problema”, que se diseñó a partir de un proceso de conversaciones dirigidas con más de 100 organizaciones de la sociedad civil de todo el país, que trabajan en violencia de género hacia las mujeres.

Transversalizar el enfoque de género

La ministra Orellana recalcó que parte del diseño estratégico del gobierno es la transversalización del enfoque de género en todas las instituciones del Estado, es por ello que desde la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), se están incorporando criterios de equidad de género en la gestión de las universidades como forma de acceder a la acreditación.

 En septiembre de 2021 se promulgó la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en las entidades de educación superior. La normativa ha permitido grandes avances en materia de género, al incentivar el desarrollo de políticas integrales, modelos de prevención, actualización de protocolos de actuación ante denuncias, y la formación de unidades de investigación, y de atención y apoyo a las víctimas. “Esta es una conquista muy importante del movimiento feminista y universitario, después de las movilizaciones de mayo del 2018”, destacó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

Estás políticas, que tienen mandato de prevención, se verán complementadas a partir de la ratificación del Convenio 190 de la OIT, tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, que está en proceso de ratificación para entrar en vigencia en las próximas semanas.

Según la ministra Orellana, todos estos instrumentos permitirán ampliar el abordaje de la violencia hacia las mujeres en las instituciones educacionales. “Tanto en la Ley 21.369 como también en el Convenio 190 de la OIT, se hace una actualización de lo que se entiende como espacio donde puede ocurrir esta violencia que debe ser sancionada.  Por ejemplo, el Convenio 190 considera los espacios de recreación entre compañeros y compañeras de trabajo, considera también el espacio virtual, esto es una buena noticia porque sale del repertorio tradicional y creemos que hay que contribuir a crear un entorno favorable para las denuncias”.

Estas normas permitirán reforzar el compromiso por impulsar un cambio cultural hacia la igualdad de género y la no discriminación al interior de las universidades estatales, desarrollando un trabajo colaborativo para crear modelos e instancias que buscan prevenir y erradicar la violencia de género.

Para revisar en detalle la conversación que tuvo el CUECH con la ministra Antonia Orellana, pueden visitar el siguiente enlace https://www.instagram.com/p/Clhf7VWDCr7/

+ información sobre campaña de igualdad de género y no discriminación de las Universidades Estatales en: https://genero.uestatales.cl/

• En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora cada 25 de noviembre
• El anuncio se enmarca en la campaña nacional del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género #SíEsMiProblema como una de las medidas del ejecutivo hacia la erradicación de la violencia.

En el Palacio de La Moneda, y en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, y la ministra de Salud, Ximena Aguilera, informaron esta mañana que el sistema de Garantías Explícitas de Salud, GES, incluirá la atención integral para víctimas de agresiones sexuales agudas.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que “a partir del primero de octubre incorporamos dentro del programa de Garantías Explícitas en Salud, la atención integral de las agresiones sexuales agudas. Esto implica un compromiso del gobierno con el tema de la violencia sexual en el que se está garantizando la atención en todos los servicios de urgencia de gran tamaño y los servicios de atención primaria de urgencia, la atención médica inmediata, los exámenes y tratamientos para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, así como el acompañamiento de salud mental para las agredidas, de manera de reducir las discapacidades que se generan a raíz de estos eventos”.

“Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el marco de ese día es que estamos recordando que hemos sufrido en los últimos 7 años un alza de los delitos de violencia sexual y que hoy estamos añadiendo a lo que ya existía que era la primera atención con profilaxis, anticoncepción de emergencia en casos de agresión sexual aguda, un acompañamiento que tiene que ver con salud mental”, dijo la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

A lo anterior agregó que “cada 14 minutos una mujer es víctima de una agresión sexual en nuestro país de acuerdo a las cifras del Ministerio Público. Con este anuncio, lo que estamos haciendo como gobierno es extender a toda la red de salud, no solo la atención de urgencia, un acompañamiento con al menos cuatro sesiones de atención en salud mental, lo que nos entrega un piso mínimo de reparación respecto de la violencia sexual, iniciativa que esperamos profundizar a través de la aprobación, ojalá pronta, de la Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres”.

En tanto, la titular de Salud destacó que “este es un esfuerzo económico del gobierno y que sigue ampliando la cobertura de las Garantías Explícitas en Salud y significa un gasto de alrededor de 9 mil 600 millones de pesos. Estamos muy complacidos de que esta garantía exista para las personas que lamentablemente reciben una agresión sexual, y esperamos que esto contribuya a mitigar el impacto que tienen estas terribles agresiones en sus vidas”.

El anuncio se enmarca en la campaña nacional del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género #SíEsMiProblema como una de las medidas del Ejecutivo hacia la prevención y erradicación, de la violencia contra las mujeres.

• La iniciativa hace un llamado a que toda la sociedad se involucre en la erradicación de la violencia de género y se diseñó tras un proceso inédito y participativo con organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema.

En la comuna de Quinta Normal y con la participación de autoridades y representantes de la sociedad civil, se llevó a cabo este martes el lanzamiento de la campaña de prevención de la violencia contra las mujeres 2022, que impulsa el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, bajo el eslogan “Sí es mi problema”.

En la actividad, encabezada por la ministra Antonia Orellana, participaron también la coordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, la ministra de Defensa, Maya Fernández, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson entre otras autoridades. En la instancia Orellana señaló que “luego de un proceso participativo con más de 100 organizaciones de la sociedad civil, en las 16 regiones del país, se nos pidieron tres cosas como Ministerio de la Mujer para esta campaña. Primero que le habláramos a las comunidades y, en especial, a los hombres. Segundo, que no le pusiéramos todo el peso del combate a la violencia contra las mujeres a las víctimas, sino que sumáramos acciones que puede hacer la sociedad. Y, en tercer lugar, que no mostráramos la violencia, que no la replicáramos, sino que más bien evidenciáramos su existencia y cómo todos y todas podemos hacer algo”, dijo la secretaria de Estado.

“Sí es mi problema”, eslogan de la campaña de este año, es una afirmación que nos interpela y nos invita a todas y todos a involucrarnos y a actuar para contribuir a frenar la violencia contra las mujeres, incluso desde los actos más pequeños. Porque cuando asumimos que sí es nuestro problema, nos volvemos parte de la solución.

En tanto, la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco señaló que: “Cada año son cerca de 60 mil mujeres que acuden a nuestros centros. Sin embargo, es responsabilidad de todos y todas como sociedad aportar a la erradicación de esta problemática que tanto daño nos provoca. Nuestra institución siempre estará a disposición de toda mujer a quien hayan vulnerado sus derechos y nos seguiremos fortaleciendo para llegar a la diversidad más amplia de mujeres”.

Cabe señalar que esta campaña se diseñó a partir de un proceso de conversaciones dirigidas a nivel nacional con diversas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a temáticas de violencia de género. Se realizaron 20 diálogos en total, 4 en la Región Metropolitana y 16 en otras regiones, con representantes de 116 organizaciones de todo el país, además de asesoras de género ministeriales y funcionarias del MinMujeryEG y del SernamEG.

Este ejercicio, inédito en el Ministerio, definió las bases para el diseño de una campaña que busca ser efectiva y coherente con las necesidades y los desafíos de la sociedad actual. Los principales resultados de las conversaciones dirigidas a nivel nacional quedaron reflejados en el enfoque de la campaña de este año: una que le habla a la comunidad y no a las mujeres que viven violencia o sobrevivientes.

Acciones del Ministerio de la Mujer

La violencia contra las mujeres es una de las principales preocupaciones para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por lo que esta campaña se suma a las distintas acciones que se han llevado a cabo durante 2022.

Mejor gestión

El MinMujeryEG solicitó un importante aumento de presupuesto para fortalecer el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, brazo ejecutor de las políticas y programas del Ministerio e institución fundamental para el diseño y la ejecución de modelos de abordaje en prevención, atención, protección y reparación en materia de violencia basada en género y, por tanto, oferta directa para las mujeres. Un aumento que permitirá: recuperar dotación y fortalecer los equipos profesionales a cargo de los dispositivos de atención con mayor demanda, mejorar las instalaciones donde operan estos dispositivos, crear dos Centros de Violencia Sexual en la RM y en una región a definir, y una Casa de Acogida por Trata de Personas en alguna región del norte.

Agenda legislativa

• Reactivamos la discusión del proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (sin tramitación en el Congreso desde enero de 2021), incorporándole indicaciones para, entre otras cosas, realzar el rol preventivo del Estado en la erradicación de la violencia contra las mujeres e incorporar a niñas y niños como víctimas de la violencia que viven sus madres y/o cuidadoras. Además de tener una legislación integral que englobe todos los tipos de violencia y canalice la respuesta estatal de manera integrada.
• Referida a la violencia económica, es la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas por Pensiones de Alimentos, propuesta por el MinMujeryEG y aprobada por el Congreso en agosto de 2022 para comenzar a ser implementada en mayo de 2023. Esta ley crea un mecanismo de pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, entregándole al Estado la facultad para buscar los fondos en las cuentas financieras de las personas deudoras y ordenar el pago.

A lo anterior se suma la actualización del Plan Nacional de Acción Contra la Violencia hacia las Mujeres 2018-2030, que es un Instrumento orientador que articula la acción conjunta del Estado y de la sociedad civil. A través del diseño y la implementación entre los diferentes sectores e instituciones, el Plan tiene por objetivo articular e implementar acciones intersectoriales y participativas para entregar una respuesta integral y de calidad que promueva el derecho a una vida libre de violencias para todas las mujeres.

• En diálogo encabezado por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, organizado por la secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Para (MESECVI).

Con el fin de reflexionar sobre los desafíos persistentes y las barreras en la prevención, atención, investigación, sanción y reparación del femicidio, para buscar estrategias que permitan a abordar el tema de desde una perspectiva integral, esta mañana se llevó a cabo la jornada “Estrategias para prevenir la violencia feminicida contra mujeres y niñas: lagunas, desafíos y transformaciones necesarias”, encabezada por la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana junto a Luz Patricia Mejía, Secretaria Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Para (MESECVI), en dependencias de la Universidad de Santiago.

Se trató de un diálogo con autoridades del Estado, la sociedad civil y la academia, donde desatacó la participación de las ministras de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz, y de la Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Patricia Pérez, en torno a 3 paneles sobre el Acceso a la justicia para las víctimas y sobrevivientes; Leyes y transformación social frente al feminicidio; y Política pública feminista.

La ministra Antonia Guarello comentó los desafíos que tiene nuestro país en el abordaje de la violencia contra las mujeres: “estos tienen que ver con la eficacia de la prevención, actualmente la legislación nos impide tener mecanismos preventivos eficaces. En segundo lugar, tener una Ley Integral y Chile ya lo está intentando desde 2017, creemos que ya es hora y el proyecto lo estamos tramitando en el Congreso. Y, en tercer lugar, poder generar una gobernanza, es decir, un sistema de políticas públicas que atiendan a las víctimas y no las llamen solamente a denunciar, sino que también las acompañen en ese camino”.

En este semanario se presentó la “Guía de para la aplicación de la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres por razones de género, femicidio/feminicidio”, elaborada por MESECVI y ONU Mujeres, en el marco del Programa Regional para América Latina de la Iniciativa Spotlight, la cual analiza el caso de Chile y la Ley Gabriela como un ejemplo de prácticas promisorias en la región.

• Junto al ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, el jefe de Estado anunció que este documento permitirá el acceso preferente de las y los cuidadores a distintos servicios del Estado.

Hasta el Palacio de La Moneda llegaron 21 personas que dedican su vida a los cuidados y que se convierten en las primeras en recibir la credencial que las identifica como tales y que les permitirá, en una primera etapa, tener acceso preferente a distintos servicios del Estado, y en una segunda etapa, la posibilidad de contar con una oferta programática exclusiva.

El Presidente Gabriel Boric enfatizó que “lo que estamos haciendo hoy día es justamente avanzar en mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan nuestra Patria y que han sido invisibilizadas durante demasiado tiempo. A mí lo que me moviliza como Presidente de la República y a todos quienes integran nuestro Gobierno es justamente saldar esas deudas, en particular con quienes han sido discriminadas, con quienes han sido olvidadas, con quienes han sido reducidas a la intimidad de sus hogares sin que el resto de la sociedad las vea, siendo que son ustedes las que sostienen la sociedad”.

Se considera a aquellas personas cuidadoras informales no remuneradas, es decir, personas que, sin recibir ingresos por dicha labor, proporcionan asistencia permanente a personas con discapacidad y/o dependencia moderada o severa para la realización de actividades de la vida diaria en el entorno del hogar.

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, planteó que esta es una primera acción administrativa “que crea un módulo del Registro Social de Hogares, para que las personas puedan acceder e identificarse como personas cuidadoras. Queremos que ojalá la mayor cantidad de gente pueda ayudarnos en esta tarea de reconocer a todas las personas que realiza el cuidado de personas con dependencia leve, moderada o severa, es por eso que también estamos capacitando a los municipios que serán de gran ayuda en esta labor. Con esto vamos a poder comenzar una oferta programática que tiene que ver con la atención preferente en algunos servicios públicos y que más adelante eso pueda traducirse en el marco de un sistema nacional de cuidado”.

En tanto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana señaló que con este hito “vamos a poder primero reconocer a las cuidadoras, porque son en su mayoría mujeres, para que puedan tener acceso preferencial a los servicios públicos porque efectivamente trabajan horas sin descanso y tienen mucho menos tiempo para poder hacer sus trámites, para poder atenderse ellas mismas y sus propias necesidades de salud. Y, por otro lado, un paso muy importante también que es saber dónde están, quiénes son y qué apoyo necesitan, porque no es el mismo en todos los casos. Quien cuide a una persona postrada necesita apoyo en el cuidado domiciliario, quien cuide a una persona que necesite apoyo en su autonomía, necesita ayudas técnicas, necesita a veces un poco de conocimiento para poder hacerlo y así van cambiando en las situaciones porque la población es muy diversa”.

De acuerdo con las diversas bases de datos 642.685 personas se encuentran actualmente en alguno de los programas y/o registros que reconocen calidad de persona en situación de dependencia moderada o severa y/o discapacidad.

Hoy existen más de 25 mil personas que podrán recibir la credencial, porque ya participan de programas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que las reconocen como personas cuidadoras. En tanto para quienes no son parte de estos programas el Ministerio de Desarrollo Social abrirá un Módulo de Cuidados, que es un complemento recientemente incorporado al Registro Social de Hogares donde las personas podrán actualizar la información relativa a cuidados de su hogar. Esto es, si existe una persona que ejerza labores de cuidado o si existe una persona que los requiera.

Este módulo se completa con información autoreportada, pero se verifica a partir de los registros administrativos que acrediten la situación de dependencia moderada o severa y/o discapacidad de la persona que requiere cuidados, compuesta por la persona cuidadora y la persona que necesita ese cuidado.

A partir de este complemento se podrá considerar el cuidado no remunerado como una actividad en un registro oficial del Estado y, a partir de esa información, generar oferta pertinente para dichas personas.

Ruby Gutiérrez, quien hoy recibió su credencial que la identifica como persona cuidadora, dijo “agradecer a esta administración porque este fue un compromiso de campaña y estamos muy agradecidas y emocionadas por este primer hito, e insistimos en que el llamado es a visibilizar los cuidados. También tenemos que relevar el valor de las comunidades, de la organización colectiva, de todas las organizaciones que acompañan en los cuidados”.

Por otro lado, este mecanismo abre la posibilidad de sumar nuevos medios en el cálculo de la calificación socioeconómica (CSE) cuando en el hogar exista una persona cuidadora. Por ejemplo, esto permitiría incluir con un mayor factor en el índice de necesidades a las personas que cuidan, tanto por la imposibilidad actual de poder trabajar de forma remunerada como por el hecho de una mayor prevalencia de sufrir el denominado “síndrome del cuidador”, que se ha documentado que tiene consecuencias inmediatas y de largo plazo en la salud física y mental.

En esta primera etapa la credencial brindará acceso preferente en diversos servicios: Atención Preferente en Salud, Sucursales de Fonasa, Sucursales de ChileAtiende – IPS, Sucursales de Banco Estado, Sucursales de Registro Civil, Oficinas de Serviu, Oficinas de Senadis y Oficinas de Senama.

La importante labor de los cuidados

 Según estimaciones del Banco Central, el trabajo doméstico no remunerado -incluyendo las labores de cuidado- representa más de 25% del PIB ampliado del país. Asimismo, según datos de la Encuesta de Bienestar Social del Ministerio de Desarrollo Social, 85% de quienes destinan 8 o más horas diarias al trabajo de cuidados no remunerado son mujeres.

El Sistema Nacional de Cuidados propuesto en el programa de gobierno permitirá avanzar en la redistribución y la reducción de las cargas de cuidado actuales, por medio de la ampliación de la cobertura de los programas existentes y la creación de nueva oferta programática de cuidados provista por el Estado, con el objetivo de reducir el trabajo de cuidado realizado por las familias, particularmente mujeres, y así mismo distribuirlo de manera más justa.