En el marco de la conformación de la Mesa Conciliación Trabajo, Familia y Vida Personal que comenzó a sesionar el 26 de septiembre, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, junto al subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, se reunieron con parlamentarias de la Cámara de Diputados y Diputadas, con el objetivo de presentar los primeros resultados de las audiencias realizadas en la mesa.

“Como Gobierno hemos tomado como una de nuestras primeras tareas la recuperación del empleo femenino. Eso ha tenido muchas medidas como la ampliación del Subsidio Protege que apoya con el gasto en sala cuna a las mujeres que trabajan en empresas de menos de 20 trabajadoras. También, esta nueva extensión del permiso Postnatal parental que estamos muy contentas porque ayer ya avanzó en el Congreso, pero sabemos que hay muchos más desafíos para poder lograr la inserción laboral, pero también para poder acoger lo que aprendimos de la pandemia. Por eso es que en conjunto con la Subsecretaría del Trabajo hemos iniciado esta mesa”, afirmó la ministra Orellana.

A las parlamentarias se les entregó información de un primer diagnóstico en el que se abordaron temáticas como crisis de cuidados, brechas de género, regulación laboral que promueva la empleabilidad femenina, avance en informalidad de empleo en mujeres, teletrabajo y corresponsabilidad.

El subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, valoró el encuentro y la disposición de las parlamentarias para trabajar colaborativamente en beneficio de las mujeres, y agregó que a la fecha “son 160 organizaciones de madres, mujeres, empleadoras, dirigentas sindicales y expertas, con el acompañamiento técnico de la OIT, que son parte de esta mesa. Como Ministerio estamos convencidos que con escucha y diálogo lograremos los acuerdos necesarios para mejorar la calidad de vida de todas y todos”.

Posterior a este encuentro se seguirán teniendo conversaciones para analizar las audiencias de la mesa, de cara a posibles medidas legislativas para contribuir a la conciliación trabajo y familias.

Un encuentro con alcaldes y alcaldesas de distintas regiones del país fue encabezado hoy por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana y la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, para entregar detalles respecto de la implementación del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, que comienza a regir desde el próximo 18 de noviembre.

La alcaldesa Leitao señaló que “como municipios queremos fortalecer y trabajar una agenda de género municipal que sea relevante y que tenga impacto en nuestras comunidades, y en ese contexto, un tema muy importante es esta nueva ley, que genera un registro de personas deudores de pensión alimenticia y que contempla una serie de medidas para incentivar el pago de las pensiones, como la posibilidad de denegar la entrega del permiso de conducir para quienes figuren en este registro”, señaló.

“Quienes estén en el registro – y esa es la patita que le compete, por ejemplo, a los municipios – no van a poder renovar su licencia de conducir, pero tampoco van a poder renovar el pasaporte, se les va a retener su devolución de impuestos de la operación renta, no van a poder inscribir ventas de vehículos o bienes muebles o inmuebles si no se acredita que los recursos van para el niño o niña y otra serie de apremios”, dijo la ministra Orellana, respecto de los alcances de la medida, quien agregó que en conjunto con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, “cuyo Registro Civil depende administrativamente el Registro Nacional de Deudores, ya enviamos un oficio a más de 600 instituciones solicitando que se enrolaran”.

Además, señaló que desde el gobierno “vamos a generar un calendario de capacitación para los municipios, entregando la información necesaria para lograr una correcta implementación de esta ley”.

Cabe señalar que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género impulsó durante el primer semestre, de este año, la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos que fue aprobada en agosto de manera unánime por el Congreso y que busca establecer un mecanismo de pago permanente de la deuda que mantiene el deudor con uno o más hijos/hijas; mejorar el acceso sobre la información financiera de los deudores, siendo el Estado el encargado de investigar las cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión o financieros que éste tenga y que el proceso se realice con criterios de justicia y dignidad.

Con el fin de dar a conocer en terreno los avances que impulsará el proyecto de ley de Presupuesto 2023 del gobierno, especialmente las medidas en apoyo de las mujeres y niñas del país, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo un diálogo con vecinas, organizaciones sociales y autoridades de la provincia de San Antonio, en las nuevas instalaciones del Centro de Formación Técnica Estatal de dicha comuna en la región de Valparaíso.

En la oportunidad, la secretaria de Estado señaló que con este primer presupuesto del gobierno del Presidente Gabriel Boric se busca entregar soluciones concretas en materia de seguridad ciudadana, reactivación económica y protección social.

Junto con ello, se refirió a algunas medidas que irán en apoyo especialmente de las mujeres, como la continuidad del IFE Laboral-Subsidio Protege; el fortalecimiento de la Atención, Protección y Reparación Integral de Violencia contra las Mujeres; la Implementación de la Ley de Monitoreo Telemático; y la Ampliación Pensión Básica Garantizada que beneficia a cerca de 2,2 millones personas.

“También aproveché de contarles cuáles son nuestros énfasis como Ministerio de la Mujer, que están puestos principalmente, por un lado, en mejorar la inserción laboral de las mujeres, poder recuperar la economía y el empleo de las mujeres y, por otro lado, seguir trabajando por nuestra ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, cuya discusión se reactivó el miércoles”, precisó la ministra Orellana.

En ese sentido, la autoridad expresó que con el Presupuesto 2023 se busca fortalecer al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y al SernamEG para brindar una mejor atención, protección y reparación en violencia y para apoyar la inserción y permanencia de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado.

“Dentro de las cosas que estamos haciendo en el presupuesto 2023, está el mantener nuestro programa de 4 a 7 funcionando para comunas rurales agrícolas y también para comunas con énfasis turístico para que las mujeres que se emplean en esas industrias, que son muchas, puedan mantener la tranquilidad de que sus niños están a buen recaudo mientras desarrollan sus tareas”, explicó la ministra de la Mujer.

Y agregó que “otro de los énfasis es cómo vamos a seguir potenciando el trabajo de los dispositivos de atención, de prevención y reparación de la violencia contra las mujeres. Esta región también tiene cifras altas, tanto de violencia intrafamiliar como de femicidios y de femicidios frustrados. Aprovecho de contar que hemos tenido un muy buen trabajo del SernamEG con todos los dispositivos asociados: el Servicio Médico Legal, la Fiscalía, los servicios de salud, que nos han permitido ir mejorando la primera acogida, la urgencia, pero también después la persecución penal. Y, una tercera cuestión que es lo que nos llevamos como tarea, es como seguimos profundizamos el apoyo de las mujeres de las distintas ciudades, no estaban aquí solo mujeres de San Antonio, había mujeres de El Quisco, de Algarrobo, de Cartagena, así que vamos a seguir trabajando para poder seguir mejorando nuestra presencia”, concluyó.

En la oportunidad, la secretaria de Estado expresó su pesar por al asesinato del suboficial mayor Carlos Retamal e indicó que “hay una inyección importante de fondos para la seguridad ciudadana, en especial para el trabajo de las policías”.

• Esta será la última ampliación, a menos que el país vuelva a condiciones sanitarias extremas.
• La medida está en línea con la extensión de la alerta sanitaria hasta diciembre.

 El Gobierno ingresó este miércoles un proyecto de ley para extender el Permiso Posnatal Parental, en línea con la ampliación de la alerta sanitaria decretada por el Ejecutivo.

De acuerdo con lo informado por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, la extensión del beneficio tendrá un plazo de 60 días, desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, y tendrá carácter retroactivo.

La ministra Jara señaló, en un punto de prensa en el Congreso, que “el Gobierno del Presidente Boric ha tomado esta decisión porque, como sabemos, es necesario tener a la vista tanto los derechos que les asisten a los niños y a las niñas de nuestro país, como también el cuidado del empleo de las mujeres. Y, en ese contexto, queremos señalar que el Permiso Posnatal Parental se va a extender retroactivamente, al igual que lo han sido los últimos que se ha legislado, desde el día 1 de octubre hasta el día 30 de noviembre, por el plazo de 60 días”.

“Es importante la empleabilidad de las mujeres y se abren puestos de trabajo a partir de los períodos estivales, en el comercio, en el turismo y en otras áreas productivas, que es importante tener también a la vista para recuperar las tasas de participación laboral que teníamos previo a la pandemia”, agregó la ministra Jara.

Por su lado, la ministra Orellana recalcó que esta será la última extensión del beneficio que se llevará a cabo, a menos que cambien las condiciones sanitarias.

Manifestó que “hemos estado en permanente conversación con el Ministerio de Salud, velando en especial por la salud de las mujeres y niños recién nacidos y, por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que podemos extender nuevamente el posnatal (parental), por un periodo de hasta 60 días. Creemos que es muy importante y responsable comunicar que no va a haber una nueva extensión, a menos que volvamos entonces a condiciones sanitarias de extrema emergencia como las de mayo, por ejemplo, del 2020”.

El proyecto 

El proyecto de ley, que ingresó con discusión inmediata por el Senado, donde será revisado por las comisiones unidas de Trabajo y Hacienda, otorga, en primer lugar, el derecho de las y los trabajadores de decidir extender el Permiso Posnatal Parental cuando se encuentren haciendo uso de este beneficio y cuyo término ocurra entre el 1 de octubre y el 29 de noviembre de 2022, haciéndose efectivo al día siguiente del término del Permiso Posnatal Parental, de forma que la prórroga será, a todo evento, hasta el 30 de noviembre de 2022. Así, se otorga a las y los trabajadores la posibilidad de decidir entre la utilización de este mecanismo o la reincorporación a sus funciones.

Al mismo tiempo, la iniciativa propone prorrogar el fuero maternal establecido en el Artículo 201 del Código del Trabajo, sumándose, al término de este, el período efectivo de extensión del permiso al que se acceda en caso de aprobarse el proyecto ley.

Además, se otorgan facultades de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) para dictar una o más normas de carácter general que regulen la extensión y otras materias de la ley, como también fiscalizar su correcto uso, pudiendo aplicar las sanciones que correspondan.

Pese a que las normas contempladas en el proyecto entrarán en vigor desde el día de su publicación en el Diario Oficial, la iniciativa beneficiará a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que hayan regresado a sus funciones laborales entre el 1 de octubre de 2022 y la fecha de publicación de la ley, por no haber tenido aún derecho a la extensión del Permiso Posnatal Parental establecido en el proyecto de ley.

Asimismo, se aplicará a quienes fueron beneficiados por la ley que extendió por 60 días continuos el Permiso Posnatal Parental para aquellos trabajadores cuyo permiso haya terminado entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2022 y que, adicionalmente, no hubieren completado el total de 60 días continuos establecidos en dicha normativa.

Argumentos

El Mensaje Presidencial fundamenta la extensión del Permiso Posnatal Parental en que, en la fase de apertura en que se encuentra el país en el marco de la pandemia, el Ministerio de Salud ha decidido mantener acciones adicionales para la gestión sanitaria de los próximos meses, de forma de prevenir y controlar la propagación del Covid-19. Es por ello que la mencionada cartera ha decidido prorrogar la vigencia de la alerta sanitaria hasta el 31 de diciembre de este año.

En ese contexto, y como se solicitó en el Proyecto de Acuerdo aprobado de forma transversal por casi 40 senadores el 27 de septiembre, el Mensaje indica que “como Gobierno continuaremos promoviendo la seguridad y protección sanitaria, y también de la salud de los niños y niñas causantes del Permiso Posnatal Parental”.

Con todo, el Mensaje señala que, “con el objetivo de adoptar medidas tendientes a atender las particularidades del proceso de apertura de la emergencia sanitaria Covid-19, compatibilizando la protección de niños y niñas y el resguardo de las fuentes de empleo, el Gobierno manifiesta su compromiso de extender transitoriamente el posnatal parental para facilitar la reincorporación laboral de las y los trabajadores en el contexto actual de la pandemia”.

Informe Financiero

De acuerdo con el Informe Financiero aparejado al proyecto, se estima en 27.720 los subsidios bajo la extensión del Permiso Posnatal Parental.

En esa línea, el reporte señala que el mayor gasto adicional de este beneficio corresponde a $ 22.805 millones durante el año 2022, que se financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público.

• En comisiones unidas de Constitución y Mujer del Senado, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, presentó las principales indicaciones a la iniciativa, prioridad en la agenda legislativa del Ministerio.

Hoy se retomó la discusión del Proyecto de Ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, conocida como ley integral de violencia, prioritario en la agenda legislativa del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

El gobierno presentó un paquete de indicaciones a la iniciativa, que ingresó en 2017 durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, las cuales buscan robustecer el proyecto y establecer una mejor articulación y coordinación del Estado para la prevención, erradicación y reparación de la violencia de género, en concordancia con los compromisos de Chile al suscribir y ratificar la Convención de Belém do Pará.

“Este proyecto, gracias al acuerdo de la Comisión de Constitución del Senado y también de la Comisión de Mujer presidida por la senadora Claudia Pascual, va a poder verse en conjunto en ambas comisiones. Y lo más importante es que no solo reactivamos la discusión de esta ley que llevamos esperando por tanto tiempo, sino que además lo hacemos con contenidos nuevos”, dijo la ministra Orellana.

Dentro de las indicaciones más importantes se encuentra la incorporación de la violencia de género que sufren niños y niñas, ejercida con el objeto de dañar a sus madres y cuidadoras; además se precisa las formas de violencia que existen y los principios que fundan esta ley marco, para efectos de facilitar su aplicación. Todo ello con el objeto de que el sistema de justicia tenga un abordaje integral, y no seccionado, del problema.

A lo anterior, se suma la creación de un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género que consistirá en la creación de un expediente único de organización de datos personales e información sobre casos de violencia de género. Esto permitirá, entre otras cosas, levantar alertas tempranas sobre víctimas que estén siendo asistidas por el Estado, generar información anonimizada con el fin de evaluar y analizar el impacto de políticas públicas, identificar la necesidad de legislación, políticas o procedimientos para responder a la violencia de género. Es decir, se establece una mejor articulación entre las distintas instituciones pertinentes, mejorando la capacidad respuesta ante la violencia de género.

Respecto al acceso a la justicia, se propone el fortalecimiento de las medidas cautelares y un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia. Además, se refuerza la facultad para decretar medidas cautelares respecto de obligaciones de alimentos y se faculta a las magistraturas para decretar suspensión de régimen comunicacional, en casos de violencia de género, y se establecen medidas especiales para los casos de violencia sexual, con el fin de reducir la victimización secundaria y la existencia de estereotipos de género contra las víctimas, entre otros aspectos.

“Estamos muy contentas porque hemos logrado, de acuerdo común con todo el gobierno, el poder establecer un informe financiero que le entrega recursos a la implementación de esta ley, lo que va a permitir poder tener un impacto mayor que no solamente esto quede en el papel, sino que se empiece a implementar a través de una plataforma integrada de gestión de casos. Qué quiere decir eso, que las mujeres dejen de tener que estar recurriendo de institución en institución, en un largo peregrinar, para poder tener una ficha única que permita prevenir y también atender más a tiempo”, concluyó la ministra Orellana.