Fortalecer la agenda continental de género, promover la participación de organizaciones feministas, contribuir a mejorar la vida de millones de mujeres y niñas y no retroceder en los avances ya alcanzados por las mujeres, son algunos de los objetivos que planteó Chile para postular a la vicepresidencia de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que entre el 25 y 26 de mayo desarrolló su 39 Asamblea de Delegadas en la Ciudad de Panamá, con la participación de las Ministras de la Mujer y/o las más altas autoridades de género de los 34 países del continente que componen la OEA.

Al término del encuentro se votó la nueva directiva del organismo, reñida elección en la que hubo más postulantes que puestos disponibles y en la que se escogió a Chile con 17 votos a favor para ocupar durante los próximos tres años la vicepresidencia de esta instancia.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, valoró la posición que ahora toma el país en uno de los organismos internacionales más importantes para la región.  “La Comisión Interamericana de mujeres fue una conquista del movimiento sufragista continental, fue fundada en 1928 antes de que las mujeres chilenas pudiéramos siquiera votar y por lo tanto para nosotras era muy importante tener presencia a través de una de las vicepresidencias, para así cumplir un rol de cuidar a nuestro continente de retrocesos”, dijo.

A lo anterior agregó que “sabemos que en muchos de los problemas que tienen las mujeres en Chile hoy, hay factores que son comunes en todo el continente: la violencia, la crisis de los cuidados y también la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Lo que hemos hecho aquí es fortalecer la mirada de que cuando se ponen en duda nuestros derechos en un país, eso inmediatamente tiene repercusiones en otro y por lo tanto necesitamos estar firmes y coordinadas a nivel interamericano para defender lo que ya son derechos ya sentados en el sistema internacional y que aún nos falta por cumplir”.

En tanto la secretaria ejecutiva de la CIM y máxima autoridad de género de la OEA, Alejandra Mora Mora, evaluó de manera positiva el ingreso de Chile a la directiva de la CIM y el camino que está tomando en temas relacionados a mujer y la equidad de género.
“Estamos orgullosas de tener al país que tiene como bandera la paridad, la igualdad, que tiene las estrategias de género, que está avanzando en materia de cuidados. Todo esto es parte y coincide con la agenda (regional), y en este sentido, la CIM será una ventana para que Chile pueda dar cuenta de lo que está haciendo, ponerlo como buena práctica y desde la multilateralidad ser un motor de cambio en lo nacional”, dijo.

La Presidencia de la CIM la obtuvo el país anfitrión, Panamá. “Las desigualdades de género que persisten en nuestros países nos obligan a una acción urgente”, dijo en su discurso la ministra de la Mujer, María Inés Castillo, recalcando la importancia de seguir avanzando en estas materias.

Historia de la CIM

La Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA es la instancia internacional que cada tres años reúne a las ministras de la mujer del continente para para examinar y definir los temas de la agenda de género y debatir soluciones políticas para el mejoramiento de la vida de las mujeres y las niñas en el continente.

La CIM nace del movimiento sufragista de mujeres de EEUU en 1928. Dentro de sus conquistas está la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, que en 1933 buscaba que las mujeres mantuvieran su propia nacionalidad en caso de matrimonio con un hombre de otra nacionalidad, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres “Convención Belem do Pará”, que en 1994 se convirtió en el primer tratado internacional del mundo en esta materia y que ha sido modelo para otras convenciones similares como la Convención de  Estambul, en Europa.

En su versión número 39 tuvo como eje central el fortalecimiento de alianzas y articulaciones para asegurar que las mujeres y el enfoque de género estén en el centro de la recuperación económica post-COVID19.

“La instancia está llamada a poder pensar que todas las políticas del gobierno, todas las medidas que se adopten contemplen también las situaciones de las mujeres urbanas y rurales de la región”, dijo la secretaria de Estado.

Hasta la comuna de Hualañé, Región del Maule, llegó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, para participar, con las distintas autoridades regionales, de la instalación del Comité Político regional por la Igualdad de Derecho y la Equidad de Género, que se traduce en el compromiso de pensar y ejecutar las políticas públicas con enfoque de género.

La actividad se desarrolló con la presencia de la Delegada Presidencial de la región, Priscila González, la Gobernadora Regional Cristina Bravo, la Senadora Ximena Rincón, la Diputada Mercedes Bulnes, alcaldesa de Hualañé, Carolina Muñoz , además de los Seremis de las distintas carteras y Consejeros Regionales, entre otros. En la ceremonia participó el grupo de canto “Armonía de Mujer”, agrupación de mujeres que en la música encontraron una forma de expresar un mensaje claro contra la violencia y fueron las encargadas de iniciar la actividad.

La instancia se desarrolló en un encuentro cálido, donde asistieron diferentes autoridades tales como; Senadora, Diputada, Delegados provinciales, Consejero regional, Alcaldes y Seremis de las distintas carteras, quienes en la oportunidad presenciaron al grupo de canto “Armonía de Mujer”, agrupación de mujeres que en la música encontraron una forma de expresar un mensaje claro contra la violencia y fueron las encargadas de iniciar la actividad.

“Un problema que tenemos actualmente, y que el Presidente, Gabriel Boric, lo dice siempre, es el centralismo (…) Necesitamos que las personas que acceden a los servicios que entrega el Estado, que los ocupan, que se benefician de las obras públicas que se hacen, se sientan integrados y puedan debatir hacia donde se dirigen”, dijo la ministra Orellana. A lo anterior agregó que en ese contexto “juega un rol muy importante la transversalización”.

Pero ¿qué significa? Que “nos ponemos los lentes para mirar no solo a la mitad de la población que era a lo que estuvimos por mucho tiempo acostumbradas, en la que no había mujeres en espacio de tomas de decisiones. Muchas veces los problemas de las mujeres no llegaban a considerarse siquiera como problema porque no había nadie que los visibilizara”, dijo la autoridad.

Para la Delegada Presidencial (s) Priscila Castillo “este es un hito en el cual la política de género se transversaliza en todas las esferas de la gobernanza y por tanto permite no solo acoger las demandas de la ciudadanía, sino también ir transformando el modo en que se construye la política y en la que se construye la democracia”, señaló.

La Gobernadora de la Región del Maule, Cristina Bravo, señaló que “tenemos muchos compromisos desde el gobierno regional por avanzar en materia de género y equidad y el compromiso es con las 30 comunas. Valoramos que la ministra Orellana esté en Hualañé, acompañando a nuestra querida alcaldesa”.

Quien también valoró la visita de la ministra fue la Alcaldesa de Hualañé, Carolina Muñoz, quien afirmó que “nosotras somos comunas que tienen muchas dificultades y esto muestra que las políticas públicas tienen que apuntar también a comunas que quizás podemos estar alejadas, pero con una realidad que también hay que abordar. En ese sentido agradecemos que la ministra pueda acompañarnos y podamos hacer visibles cuál es nuestra realidad”.

“Para nosotras es importante venir a conversar con ustedes, que se instalé el Comité Político por la Igualdad de Derechos, que todos los seremis, que todos los consejeros y consejeras regionales, que todos los alcaldes piensen también en esta perspectiva, es que puedan levantar desde aquí las necesidades de las mujeres también poder hacerla un coro de voces de mujeres con las que vamos definiendo cual es nuestro futuro y el futuro de las niñas”, concluyó la ministra.

Encuentro con autoridades regionales

En horas de la tarde la ministra Orellana se reunión con 18 de los 30 alcaldes de la Región y con parte de los CORES regionales, a quienes expuso el plan de trabajo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género hacia el territorio.

En la oportunidad las autoridades locales plantearon las distintas problemáticas que existen en las comunas de la región, en las que señalaron como una necesidad prioritaria avanzar hacia un sistema de prevención de la violencia contra la mujer.

• Expertas de distintas organizaciones sociales han valorado la iniciativa que incorpora la creación de mecanismos para hacer efectivo el cobro de las deudas de pensiones de alimentos.
• El proyecto pasará a discusión particular.

Generar un mecanismo de pago permanente de la deuda, mejorar el acceso sobre la información financiera de los deudores y que, además, el proceso se realice con criterios de justicia y dignidad. Esos son los objetivos principales del proyecto de ley responsabilidad parental y pago efectivo de pensión de alimentos que fue aprobado hoy en general de manera unánime por las senadoras y senadores de la Comisión de Mujer e Igualdad de Género: su presidenta Claudia Pascual, Isabel Allende, Loreto Carvajal, Paulina Núñez y Gustavo Sanhueza.

“Estamos muy contentas por el apoyo de todas las senadoras y senadores en particular de la Comisión de Mujer, esto fue una votación unánime. También queremos agradecer a las parlamentarias de todas las coaliciones que nos apoyaron tanto en la Comisión de Mujer del Senado como también en el trabajo prelegislativo que hicimos junto a diputadas y organizaciones de mujeres”, dijo la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

El proyecto, que fue ingresado el 2 de mayo pasado, ha sido ampliamente debatido durante las jornadas de trabajo de esta comisión, a la que han asistido distintas organizaciones sociales que, en general, han valorado positivamente la iniciativa, recalcando la importancia de legislar sobre esta materia e indicando, en sus intervenciones, las posibilidades de mejora que consideran se pueden incorporar en el proyecto.

Para Alejandra Sepúlveda de la organización Comunidad Mujer, el problema que viene a enfrentar la iniciativa tiene relación directa con “violencia económica y pudimos conocer la magnitud del menoscabo que viven las mujeres, gracias al retiro del 10% de las AFP que fue desenmascarando esta problemática soterrada”, dijo.

Javiera Fuller, abogada del Movimiento Ciudadano “Todas Juntas” detalló algunos de los problemas asociados que viven las mujeres cuando los deudores no realizan el pago de las pensiones: “Están los padres que para no pagar pensión llegan a amedrentar a las madres para lograr un cuidado personal compartido, si es que no demandan derechamente el cuidado personal (…) Tenemos que visibilizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y cuando se echa a andar un proceso judicial, también existe una revictimización”, explicó.

Es por esto que, los mecanismos que establece el proyecto de ley asociados al cobro efectivo de la pensión son valorados por las expertas. “Consideramos que este proyecto, por cierto, viene a facilitar el cobro de las pensiones de alimentos”, dijo la Coordinadora de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, María Soledad Santana.

Cabe recordar que la iniciativa señala que, si existe una deuda de pensión de alimentos, de tres meses impagos o cinco meses de pagos parciales, que está lista para ser cobrada en favor de un hijo o hija, éste o su representante legal:

1. Podrá solicitarle al tribunal que dictó la resolución donde consta la deuda, que ordene el pago de la misma a través de los fondos que el deudor tenga en sus cuentas bancarias u otro instrumento de inversión.
2. En el caso de que no existan fondos en tales instrumentos o estos sean insuficientes para el pago total de la deuda, ésta podrá cobrarse en la cuenta de capitalización individual obligatoria del deudor.

El rol del Estado

Susana Cristi , directora nacional de APROJUNJI, afirmó que “reconocemos un avance extraordinario en las reformas propuestas, en especial, en lo relativo a entregarle al Tribunal de la Familia en un rol activo en la investigación del patrimonio de deudor, y no como era hasta ahora, en que dicha misión le era encomendadas a los alimentarios demandantes en el respectivo juicio de alimentos”.

En esa misma línea, Jessica Castillo, de Colectiva Resistencia Materna Chile explicó la importancia de que en la ley exista “un rector absoluto de responsabilidad del Tribunal de Familia y no depositar en nuestros hombros nuevamente la responsabilidad, obligación de investigar y retener los fondos”.

“Sabemos que cuando las mujeres llegan a Tribunales deben realizar casi una investigación financiera para identificar donde está el patrimonio que podría permitir el pago de la deuda. Con este proyecto de ley, ese rol debe asumirlo el Estado, el cual tendrá acceso a las cuentas bancarias y de inversión de los deudores”, dijo al respecto la ministra Orellana.

Para Virginia Palma, vocera de la ONG Acción Mujer y Madre, la iniciativa es un primer paso para comenzar a regular esta materia. “Estamos en una situación crítica respecto del no pago de deudas de pensión de alimentos. En primera instancia, sacar adelante estos proyectos, viene a dar una solución rápida, oportuna y a suplir una necesidad que están teniendo hoy día las familias”, señaló.

A lo anterior agregó que “me parece perfecto que sea incorporado el que primero se busquen ciertos mecanismos para establecer el pago y que en el último ratio, se establezca el retiro de los fondos previsionales de los deudores o deudoras de alimentos”, explicó.

En tanto, en su exposición en el Senado la abogada, jueza de Tribunal de Familia y representante de la Asociación de Magistradas de Chile,  Susan Sepúlveda señaló que “el incumplimiento de las obligaciones de alimentos es un hecho grave, sistémico y multicausal, no obstante uno de los factores principales, es el cultural, que requiere para su erradicación cambios de paradigma de más largo aliento”, y agrega que el proyecto va “en la línea de que se haga efectiva la igualdad material de niños niñas y adolescentes que en la actualidad se encuentran en desprotección y en consecuencia, desfavorecidos en el desarrollo y acceso al sistema en general”.

La académica y jefa de la Oficina Internacional de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, Javiera Verdugo explicó que hoy “existe una falencia del sistema y una necesidad de una reforma de este tipo en cuanto a efectivamente poder obtener el pago real, medidas que signifiquen la obtención de dinero para cubrir la pensión de alimentos en lugar de sanciones o apremios de otra índole, que en definitiva no significan un pago real”.

Dentro de las posibles mejoras que plantean las lideres y representantes de las distintas organizaciones que asistieron a la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género del Senado, se encuentra la necesidad de incorporar precisiones en los plazos para que el pago se realice a los alimentarios  y que pueda generarse un mecanismo de retención de los fondos del deudor cuando se inicie la búsqueda del patrimonio, una vez que se determine la existencia de éstos, con la finalidad de impedir que sean trasladados a otras cuentas.

La importancia se avanzar

Las parlamentarias que son parte de la Comisión de Mujer valoraron la presencia de las organizaciones y los aportes que realizaron a la discusión. En este sentido la senadora Isabel Allende explicó que “llevamos mucho tiempo con esta inquietud porque estamos demasiado conscientes que en nuestro país hay una cultura de no pago y esto afecta y es una forma de violencia brutal hacia las mujeres y los niños niñas y adolescentes. Cuando oigo las propuestas de ustedes creo que van a posibilitar mejorar muchísimo el proyecto de ley”.

En tanto la senadora Paulina Núñez, señaló que “hemos trabajado en conjunto en forma transversal para poder sacar adelante este proyecto que busca el pago efectivo de pensiones de alimentos. De los deudores de alimentos, solo un 16% responde, más de un 84% de los deudores derechamente no paga los alimentos a sus hijos. Por eso valoro este proyecto, nos hemos sumado con mucha fuerza y recogió además una iniciativa que presentamos las senadoras de la Comisión de Mujer y la Igualdad de Género”.

“Necesitamos que se respete el derecho de los niños y niñas y también el de muchas madres que hoy además de asumir solas el cuidado de sus hijos deben asumir una carga muy dura peregrinando por tribunales para conseguir que esta obligación económica de los padres se haga efectiva.  La aprobación unánime de este proyecto es una señal muy positiva, es un tema por el que venimos peleando desde hace mucho tiempo, y   estoy segura de que muy pronto se convertirá en ley”, dijo por su parte la senadora Loreto Carvajal.

La iniciativa, pasará a la etapa de discusión en particular, donde los parlamentarios incorporarán sus indicaciones con el propósito de precisar el proyecto para que pueda prontamente pasar a su segundo trámite legislativo. La presidenta de la Comisión de Mujer y la Igualdad de Género, Claudia Pascual, señaló que la idea es que luego de la semana distrital se pueda “comenzar a trabajar en indicaciones que nos permitan la posibilidad de avanzar con este proyecto”.

• En el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda se realizó hoy la instalación de la mesa que busca construir, en conjunto, el diagnóstico y las principales demandas de las diversidades y disidencias, para establecer orientaciones de futuras políticas públicas en estas materias.
• La instancia fue encabezada de manera conjunta por Irina Karamanos y por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, junto con la diputada Emilia Schneider.

Hoy se realizó la sesión de instalación de la mesa de trabajo entre el Gobierno y las organizaciones sociales LGBTIQA+, anunciada el pasado 31 de marzo, la cual busca establecer el diagnóstico y las demandas prioritarias de las diversidades sexo-genéricas, que permitan dar las primeras orientaciones para el desarrollo de políticas públicas en esta materia.

La instancia, que fue encabezada de manera conjunta por Irina Karamanos y por la ministra de la Mujer Antonia Orellana, contó con la presencia de la diputada Emilia Schneider, con la participación de las asesoras de género ministeriales y con 21 organizaciones sociales LGBTIQA+.

La mesa, que prolongará su trabajo hasta fines de año, busca ser un espacio de encuentro entre el Gobierno y las organizaciones sociales: “Para este Gobierno es muy importante esta instancia, ya que damos inicio al trabajo conjunto con las organizaciones sociales, pues tenemos un compromiso con la construcción de una sociedad realmente justa”, señaló Irina Karamanos al abrir esta primera sesión. “Si no estamos haciendo algo activamente por la garantía de los derechos de personas de las diversidades sexo-genéricas, estamos aportando a la reproducción de la estructura que sistemáticamente les ha discriminado, excluido y violentado”, agregó.

A través de la conformación de esta mesa, se levantará información, tanto con las organizaciones sociales, como con los distintos ministerios, el poder legislativo y distintas instituciones públicas, para tener un amplio diagnóstico de las dificultades a las que se ven enfrentadas las diversidades y disidencias en el día a día, lo cual permitirá generar orientaciones hacia el quehacer del Estado en la materia.

“Los avances para la población LGBTIQA+ han sido a contrapelo del Estado, con mucho esfuerzo para lograr leyes. Hoy como Gobierno sí tenemos ese impulso, pero enfrentamos un déficit importante respecto a información sobre diversidad y disidencias: no contamos con cifras claras”, señaló la ministra Orellana. “Por otra parte, a la espera de que tengamos una institucionalidad adecuada, es muy importante para mí invitar a las disidencias y las diversidades, a que vean en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género una institución aliada a la que pueden recurrir”, enfatizó.

Por su parte, la diputada Emilia Schneider, explicó que, “es un avance muy importante que nuestro Gobierno haya comenzado una mesa de trabajo con organizaciones sociales LGBTIQA+, espero que sea un espacio muy fructífero de reparación y avance de derechos de la población trans, por ejemplo, el cupo laboral trans que es una demanda tan sentida como comunidad”.

En esta sesión, se dio a conocer la situación actual de las acciones y/o políticas públicas que se están realizando en materia de derechos de personas de las diversidades sexo-genéricas por parte de los diferentes ministerios, así como materias que se están revisando en el Congreso, tales como, ley de identidad de género, cupo laboral trans, reforma a la ley antidiscriminación, ley José Matías y Educación sexual integral.

También se presentó una síntesis de los diagnósticos entregados por las organizaciones sociales en la actividad de conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, el 31 de marzo en el Palacio de La Moneda.

Para cerrar, las los y les participantes acordaron que las sesiones serán mensuales y abordarán temáticas como violencia, salud, discriminación, trabajo, entre otras, con la finalidad de dar una mirada integral a la propuesta que surja desde esta instancia.

Las organizaciones sociales participantes de la mesa son:

1. ACCIONGAY.
2. Asexuales y arromántiques Chile.
3. Agrupación Lésbica Rompiendo El Silencio.
4. Colectiva Transforma Concepción.
5. Colectivo Neutres.
6. Cooperativa Bolsa Laboral Disidente La Causa.
7. Disidencias en Red.
8. Féminas Latinas.
9. Fundación Acuarela.
10. Fundación Iguales.
11. Fundación Juntos Contigo.
12. Fundación Margen.
13. Fundación Dr. René Panozo
14. Fundación Todo Mejora.
15. Intersexuales Chile.
16. Movilh.
17. MUMS.
18. Organización Migración Diversa.
19. OTD.
20. Pies Disidentes.
21. Sindicato Amanda Jofré.

Hasta la Comisión de Constitución del Senado llegó la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, para exponer sobre los cambios que busca incorporar el gobierno del Presidente Gabriel Boric, al proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, al cual se le puso urgencia simple en marzo pasado.

La iniciativa, que fue ingresada al parlamento durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, tiene como objeto “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cualquiera sea su edad, estado civil, etnia, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política, o de otro tipo, origen nacional o social, filiación, situación socioeconómica, situación laboral, nivel educacional, de embarazo, orientación sexual, identidad y expresión de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, discapacidad de cualquier tipo o cualquier otra condición”.

Además, en el cuerpo legal se precisa el concepto de violencia contra las mujeres y las definiciones de sus manifestaciones: física, sicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, laboral y gineco-obstétrica. También establece los deberes de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación protección, sanción y reparación de violencia contra la mujer y dispone medidas generales de prevención de la violencia contra la mujer en el ámbito de la educación y la seguridad pública.

Dentro de las principales indicaciones que busca ingresar el Ejecutivo se encuentran:

Incorporar a los niños, niñas y adolescentes como víctimas directas de la violencia de género e

incorporar a niñas y adolescentes como personas que sufren violencia de género y que requieren una representación jurídica especializada.

En relación al primer punto, la ministra Orellana señaló que “hemos dicho que los niños y niñas no son testigos solamente, son víctimas de este círculo de violencia y por lo tanto necesitan ser atendidos. Incorporarlos de este modo permite que haya una interacción más virtuosa entre los Tribunales de Familia y los Tribunales de Garantía que ven los delitos de maltrato. Esto va a permitir también que haya menos revictimización, que haya reparación a esos niños y niñas y que, sobre todo, se pueden ver en conjunto todos los factores que producen la violencia”, dijo.

En tanto, respecto del segundo punto la secretaria de Estado precisó que: “Lo que hemos detectado es que no hay oferta programática para las adolescentes que viven violencia de género, se las llama continuamente a denunciar, pero actualmente no tienen representación jurídica ni en los servicios especializados de niñez ni en nuestro Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género”.

La ministra Orellana valoró el apoyo transversal de la iniciativa, de senadoras y senadores de todas las bancadas que estuvieron presentes en la instancia. En ese sentido la presidenta de la Comisión de Mujer y la Equidad de Género del Senado, la senadora Claudia Pascual, señaló “nuestra disponibilidad absoluta para que este proyecto avance lo más rápidamente posible, porque de verdad sentimos que, no solo le hace falta a las mujeres de nuestro país, sino que a nuestro país, para tener un cambio profundo cultural que realmente nos permita erradicar la violencia de género”, dijo.

En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador Matías Walker, dijo que “hemos acordado en la sesión de hoy que, tan pronto se ingresen en las indicaciones – que además vamos a trabajar en conjunto y se agradece el diálogo prelegislativo- vamos a sesionar, ojalá como comisiones unidas, Constitución y Comisión de Mujer y Género, de manera de despachar las indicaciones del Gobierno del Presidente Gabriel Boric lo antes posible y sumar todas las voluntades”.

“Queremos fortalecer la institucionalidad, queremos fortalecer la prevención, pero queremos que efectivamente vayamos avanzado como país en ir terminando con la violencia hacia las mujeres, que tiene un sustrato muy potente en una sociedad donde todavía persiste, anacrónicamente, la mirada casi que, de alguna manera, las mujeres son responsables de esa violencia y eso es algo que no podemos permitir”, dijo por su parte la senadora Isabel Allende.

La jefa de la bancada de senadores y senadoras de Renovación Nacional, la senadora Paulina Núñez, hizo hincapié en la necesidad de darle celeridad a esta iniciativa. “Desde ya adelanto nuestra disposición para que este proyecto avance rápidamente y sea ley. Es muy importante que, en estos temas, nuestras diferencias políticas queden de lado y pongamos por delante la necesidad de tener en este caso una Ley Integral que permita tener una vida libre de violencia”, señaló.

En el punto de prensa también estuvieron presentes la senadora Loreto Carvajal y el senador Gustavo Sanhueza.