Un total de 196 candidaturas fueron rechazadas por el Servel por tener deuda vigente de pensiones alimenticias

  • Se trata de candidaturas al gobierno y consejo regional, así como alcaldías y concejos municipales

El 10 de agosto, el Servicio Electoral de Chile (Servel) publicó las resoluciones de aceptación y rechazo de candidaturas para las elecciones regionales y municipales que se desarrollarán el 27 de octubre próximo en nuestro país.

Del total de 18.665 candidaturas declaradas para este proceso, 1.430 fueron rechazadas. De ellas, 196 lo fueron por tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. De ellos, 192 corresponden a hombres.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, fue enfática en señalar que “ha habido tiempo” para dar solución a este tema, pues la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas por pensiones alimenticias -impulsada por este Gobierno y que se encuentra en vigencia desde mayo de 2023- permite a los deudores salir del Registro saldando las deudas o llegando a acuerdos de pago.

“Desde mayo de 2023, fecha en que empezó a regir nuestra Ley de Responsabilidad Parental, está la opción de poder salir del Registro de Deudores, lo que quiere decir que, si yo llego a acuerdo de pago o pago mi deuda, puedo salir”, señaló la ministra Orellana, quien explicó que, desde entonces, “más de un cuarto de los deudores que estaban inscritos en esa fecha han salido y, por lo tanto, es responsabilidad de cada persona que mantiene una deuda de pensión de alimentos y que está en el registro, tomar las medidas necesarias”.

“En el caso de las postulaciones de candidatos, está en la responsabilidad de cada persona informar a su partido respecto de su inhabilidad por estar en este registro. No es posible que alguien esté en el registro y no lo sepa, a menos que se haya desentendido del proceso judicial de alimentos”, añadió la autoridad.

Así como el Servel, actualmente hay más de 2.300 instituciones enroladas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, un sistema electrónico administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificaciones, habilitado para personas e instituciones públicas y privadas que tienen la facultad o la obligación legal de consultarlo.

Familiares y organizaciones feministas de Atacama se reúnen con la ministra de la Mujer por violencia de género en la región

  • La ministra Orellana expresó que los hechos que han afectado a mujeres y niñas de la zona son motivo de especial preocupación para la cartera, por lo cual no solo está entregando representación legal para varios de estos casos, sino que también se está reforzando la acción de SernamEG en la región.

09.08.2024-. Familiares y organizaciones feministas de la Región de Atacama se reunieron este viernes 9 de agosto con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, para abordar los diferentes casos de violencia de género y desapariciones de mujeres y niñas que han conmocionado a las y los habitantes de Atacama durante los últimos años.

“Atacama es un punto de especial preocupación para nuestro ministerio. Nos hemos reunido con algunas de las familias en varias ocasiones”, indicó la ministra Orellana, quien planteó que uno de los primeros compromisos que asumió en 2022, en su primer viaje a la región, fue gestionar la búsqueda georreferenciada de Catalina Álvarez, búsqueda que se encuentra en curso. Catalina, joven de 16 años desaparecida el 23 de junio del año 2019, fue secuestrada por Hugo Pastén, sujeto que también fue condenado por los asesinatos de Sussy Montalván y Marina Cabrera.

La ministra Orellana relató que estos graves hechos, a los que se suman otros, como la desaparición de Tanya Aciares, motivaron que la Región de Atacama fuese la primera donde se instaló un Centro de Atención Especializada en Violencias de Género de SernamEG, espacios que cuentan con distintos especialistas para brindar atención jurídica, psicológica y psiquiátrica en casos de violencia grave contra las mujeres, “porque sabemos que hay una conflictividad especial respecto a la violencia contra las mujeres y niñas en la zona y es por eso que hemos querido aumentar la capacidad de atención, de persecución penal y de reparación psicosocial en Copiapó”, explicó la autoridad.

El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género es representante legal en algunas de estas causas, pero más allá de dichos casos, la ministra se comprometió con las familias que asistieron al encuentro y las organizaciones a estudiar aquellos requerimientos que están dentro de las competencias del servicio y a coordinar otras solicitudes con distintos organismos públicos.

Dentro de quienes participaron del encuentro se encontraban Alejandra Carrasco, representante de Tejido Feminista de Atacama, organización que desde el año 2018 han acompañado a las familias; el Observatorio Gafas Morada; el abogado Joel Moya, quien representa la causa de Tanya Aciares, y su padre, Danny Aciares; la madre de Catalina Álvarez, Ximena Godoy, y de Thiare Elgueda, Evelyn Acuña. Las organizaciones y familiares de víctimas viajaron a la Región Metropolitana para reunirse con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y posteriormente, con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

Gobierno lanza nueva Política Nacional de la Niñez y Adolescencia

  • El documento busca reconocer el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en todos los aspectos de su vida: físico, mental, emocional y social, así como su acceso a la educación, vivienda, alimentación adecuada, cuidado, protección y su participación en las decisiones que los afectan.

Este jueves en el edificio del ex Congreso Nacional, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; la subsecretaria de La Niñez, Verónica Silva; e integrantes del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, la presidenta Antonia Romero, la vicepresidenta Francisca Cataldo, y el secretario Samuel Rodríguez, lanzaron la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia y su Plan de Acción 2024-2032, la primera que se constituye por mandato de una Ley.

En la ceremonia estuvieron presentes ministras, ministros, subsecretarias, subsecretarios, directores y directoras de servicios, parlamentarios y representantes de organizaciones sociales, y niños, niñas y adolescentes.

Los objetivos estratégicos de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia se enmarcan en cuatro ejes de derecho que son: supervivencia, desarrollo, protección y participación, y busca aumentar y mejorar las condiciones político-institucionales que garanticen el ejercicio efectivo de derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco de la instalación del Sistema de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y reconocer su desarrollo en todos los aspectos de sus vidas: físico, mental, emocional y social, así como su acceso a la educación, vivienda, alimentación adecuada, cuidado, protección y participación.

Tras firmar el decreto que ratifica la Política Nacional de la Niñez por los próximos 9 años, el Presidente de la República, Gabriel Boric, le habló a los niños y niñas presentes, señalando que “ustedes no solamente han sido escuchados, sino que están siendo protagonistas de la política pública en Chile. Hoy todos los niños, niñas y adolescentes que puedan ejercer sus derechos cumpliendo las convenciones internacionales y el sentido más profundo de un país donde la felicidad de Chile empieza por los niños y niñas, va a ser en alguna medida gracias a ustedes.”

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que “esta es una política y plan de acción que interpela al conjunto de la sociedad. Aquí todos y todas somos responsables de la protección y el bienestar de la niñez y la adolescencia y en particular, interpela a todas las instituciones del Estado, que implica que nos hagamos cargo de un cambio de paradigma de qué significa la protección integral de la niñez y la adolescencia, ya que el Estado tiene que pensarse también de manera distinta. No es una política que está pensada según lo que cada ministerio creyó que podía hacer, sino cómo nos pusimos a disposición de los objetivos que plantearon los niños, niñas y adolescentes”.

Francisca Cataldo, vicepresidenta del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, reconoció que como órgano “ayudamos a la difusión y promoción de esta política, quisimos centralizar el foco de todas estas encuestas y todas estas políticas en los niños, niñas y adolescentes. Esperamos que esta política tenga varios cambios, porque visualizamos un Chile donde estemos todos unidos, dejemos la discriminación. ¿Cómo es posible que consigamos más armas, drogas antes que una hora de salud mental? Queremos que esta política pueda solucionar todos estos problemas, y que nuestro bienestar sea para todos”.

El documento se construyó en base a un plan de trabajo de la Subsecretaría de la Niñez, y en la que se avanzó hacia una participación significativa de las niñas, niños y adolescentes, garantizando que sus intervenciones fueran debidamente consideradas. Asimismo, la Subsecretaría promovió la creación de espacios de diálogo regional, los que ofrecieron retroalimentación a las niñas, niños y adolescentes, así como a los participantes del proceso “La Fuerza de tus Derechos”.

En ese sentido, la subsecretaria de La Niñez, Verónica Silva, puntualizó que los niños, niñas y adolescentes fueron protagonistas en el diseño de la política, “nos impulsaron muchos de los objetivos específicos, por eso quiero decir que esta es una política donde efectivamente están con metas, acciones e indicadores, como decía el Presidente, todos los ministerios y todos los servicios públicos. Por lo tanto, hay una muestra de un compromiso muy fuerte del Estado en su totalidad con los derechos de los niños y sobre todo con su bienestar. Así que tenemos una gran tarea por delante”.

Por su parte, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que “como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y parte del Consejo Interministerial que contribuyó a que las propuestas de los niños, niñas y adolescentes llegaran a esta política nacional, estamos muy satisfechas con el resultado, pero también por el proceso. Este es un hito. Chile había tenido planes anteriores, pero ahora está obligado por ley – gracias a la Ley de Garantías y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia- y eso quiere decir que cada uno de los ministerios, servicios públicos, organismos autónomos y más, vamos a tener que revisar nuestro actuar para adaptarlo a este plan”.

Ministra Antonia Orellana en visita a La Araucanía: “Nadie requiere que la ley lo obligue para tener una posición firme en contra de la violencia hacia las mujeres”

  • En su visita, la ministra difundirá los cambios que conlleva la nueva Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y visitará dos Centros de Atención Especializada para mujeres víctimas de violencia de género, así como el recientemente inaugurado Centro Comunitario de Cuidados de Padre Las Casas.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, se encuentra de visita en la Región de La Araucanía para difundir entre las mujeres y dirigentas de la zona la nueva Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, que entró en vigencia el 14 de junio de este año.

Acompañada del delegado Presidencial Regional, José Montalva; la seremi de la Mujer, Sol Kaechele y el alcalde de Temuco, Roberto Neira, la ministra se reunió con cerca de 100 dirigentas y líderes de la sociedad civil de la comuna de Temuco, con quienes dialogó sobre las necesidades de las mujeres de la zona y las herramientas que entrega la nueva Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres. Lo mismo hizo posteriormente con mujeres de la comuna de Perquenco.

“La Ley Integral apunta hacia los principales motivos por los que las mujeres no están denunciando, que tienen que ver, por un lado, con la dificultad en la búsqueda de apoyo por parte de las instituciones y otros aspectos que tienen que ver con el proceso judicial”, señaló la ministra Orellana.

En su primera jornada, la ministra también se reunió con la directiva de la Mesa Regional de Mujeres Rurales, que integra a 32 comunas de La Araucanía, y visitó el nuevo Centro Comunitario de Cuidados ubicado en Padre Las Casas.

“La Araucanía no solamente va a ser la región que más Centros Comunitarios de Cuidado y de protección del nuevo sistema Chile Cuida va a tener en el país”, destacó la ministra Orellana, quien añadió otras importantes acciones que se están realizando en la región, como la regularización de títulos de dominio para mujeres rurales, que iniciará este segundo semestre, y la implementación de dos Centros de Atención Especializada en Violencias de Género.

Consultada sobre la repostulación a cargos de representación pública por parte de autoridades que se encuentran investigadas o sancionadas por casos de violencia sexual contra mujeres, la ministra Orellana enfatizó que “nadie requiere que la ley lo obligue para tener una posición firme en contra de la violencia hacia las mujeres. Nuestro llamado no es solamente a los actores políticos, sino sociales y a la comunidad, a no depositar su confianza, porque tal como lo establece la nueva Ley Karin, la violencia, la discriminación, el abuso y el acoso son conductas que infringen la probidad administrativa, probidad que se debe a toda la ciudadanía, que es 50% femenina”.

La ministra añadió que este tipo de situaciones “nos llevaron como Ministerio de la Mujer a apoyar al Ministerio de Trabajo en la formulación de indicaciones para la Ley Karin e incluir esto en la Ley Orgánica Municipal. Desde el primero de agosto en adelante, casos de acoso, abuso y otro tipo de violencias van a poder ser requeridos ante el Tribunal Electoral Regional para que se pueda tramitar, con la existencia de un sumario de Contraloría General de la República, una destitución, porque no basta con solicitarle a los concejos municipales, porque lamentablemente también han estado al debe”.

Este miércoles la ministra continuará sus actividades en la región y visitará dos nuevos Centros de Atención Especializada en violencias de género, de SernamEG, emplazados en las comunas de Victoria y Temuco.

Ministerio de la Mujer solicita pronunciamiento del Servel por casos de violencia contra mujeres en política

02.08.2024. Este año se eligen en nuestro país representantes del gobierno regional, alcaldías y concejos municipales. En este contexto, y a propósito del conocimiento de casos de violencia contra mujeres por parte de candidatos y autoridades políticas, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género solicitó un pronunciamiento del Servicio Electoral (Servel).

Mediante un oficio de la ministra Antonia Orellana Guarello, se solicitó al Servel analizar estas situaciones en el marco de la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres. Esta ley establece el deber del Estado de adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, y dispone que dichas acciones estatales deben ser diseñadas e implementadas conforme a los objetivos y principios definidos en el mencionado cuerpo legal.

En el documento, dirigido al director del organismo, Raúl García, se destaca que “la Ley de Violencia Integral no solo establece garantías para las víctimas, sino que también sistematiza las acciones estatales para abordar la violencia contra las mujeres, definiendo claramente requisitos, objetivos y obligaciones en relación con estas acciones”.

Esta nueva ley habla expresamente de violencia política, definida como una forma de agresión contra las mujeres que limita el ejercicio de sus derechos de participación política y, por tanto, cuenta con una regulación específica. Con el fin de realizar un trabajo conjunto y colaborativo en la materia, el Ministerio de la Mujer solicitó a este servicio estatal pronunciarse sobre las medidas que consideren debiesen adoptarse para la implementación efectiva de esta ley en contextos políticos y electorales, de modo de avanzar efectivamente en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, garantizando también su participación política, fundamental para el fortalecimiento de la democracia.

“Nos parece fundamental que los órganos estatales encargados de supervisar y fiscalizar las normas sobre campañas electorales, así como los partidos políticos, se pronuncien sobre las medidas que resulta necesario adoptar para la implementación efectiva de los mandatos contenidos en la nueva ley”, concluye el documento.