• Un monto equivalente a más de 52 teletones han ordenado pagar los tribunales a más de 282 mil familias, gracias a esta ley impulsada por el Gobierno a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Este martes 20 mayo se cumplen dos años desde que comenzó a implementarse la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, también conocida como Ley “Papito Corazón”, iniciativa impulsada y promulgada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y liderada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

La normativa -que contribuye a saldar una deuda histórica con miles de niños, niñas y adolescentes- permite a los tribunales acceder a la información financiera de los deudores y establece dos mecanismos efectivos para el pago de pensiones adeudadas desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de pensiones.

De esta forma, a mayo de 2025 los tribunales de familia han ordenado pagar un total de $2.496.135.793.791, es decir, el equivalente a más de 52 teletones. Estos recursos han sido o serán transferidos a más de 282 mil familias afectadas por el no pago de pensiones alimenticias.

“Hasta hace algunos años, la deuda de pensión de alimentos y la expresión “papito corazón” eran vistas casi como una muestra de picardía, más que como lo que hoy reconocemos: una situación grave. El abandono parental no solo es reprochable, sino que constituye una falta con consecuencias profundas en el desarrollo de niños y niñas”, sostuvo la ministra Orellana y agregó: “Aunque el afecto y el cuidado no pueden imponerse por ley, sí existen responsabilidades mínimas, como el pago de la pensión de alimentos, que deben ser exigidas. En ese sentido, el Estado tiene un rol fundamental: garantizar el acceso a la información disponible y actuar en base a ella”, agregó la secretaria de Estado.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, indicó que “lamentablemente, antes de la existencia de esta ley y de la implementación del Registro de Deudores, las mujeres se hacían cargo del cuidado y del pago de las necesidades de cada uno de sus hijos, a pesar de que los padres habían sido demandados o se había tratado de cobrar las pensiones. Las cifras, que dio la ministra Orellana dan cuenta de que esta ley está logrando sus objetivos, lo que implica que un gran conjunto de niñas, niños y adolescentes están recibiendo algo que les corresponde, que son los dineros para cubrir sus necesidades básicas”.

En esa línea, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, manifestó que “esta es una ley muy importante desde el punto de vista de la protección de niños, niñas y adolescentes. Una de las medidas que se han tomado en esta coordinación e interoperabilidad del Estado es conectar el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos con el Registro Social de Hogares, para que cuando las familias con niños y niñas no están recibiendo la pensión de alimentos, se vea reflejado Registro Social de Hogares y, eventualmente, va a bajar de tramo en la calificación socioeconómica. Y al revés: el hogar de un padre que no está pagando la pensión de alimentos, que aparecía con menos ingresos, ahora podría subir de tramo en el RSH”.

Más información sobre la ley en www.pagodedeudasdealimentos.cl/

Actualmente, existen más de 270 mil inscritos con deuda vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias; 96% de ellos son hombres. Esta deuda afecta a más de 385 mil niños, niñas y jóvenes con derecho a recibir una pensión para su manutención. Sin embargo, gracias a estos avances, desde la creación del registro más del 53% de los deudores que han ingresado al registro han pagado sus deudas o han llegado a un acuerdo de pago ante tribunales. Es importante señalar que, de incurrir nuevamente en deuda, la persona puede ser inscrita nuevamente en el registro de deudores y se puede activar el proceso nuevamente.

Paso a paso: ejecución del mecanismo de pago

• El proyecto impulsado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Servicio Nacional de Empleo, busca promover el acceso de mujeres en el sector de las telecomunicaciones, con foco en la autonomía económica.
• Actualmente y según el sexto reporte de Indicadores de Género en las Empresas Chilenas 2024, el sector de las telecomunicaciones registra una participación femenina del 46,6%.

Santiago, lunes 19 de mayo del 2025.- Durante los últimos años el sector de las telecomunicaciones en Chile y el mundo ha experimentado un crecimiento acelerado de la mano de la demanda de servicios digitales y redes de alta capacidad. Sin embargo, esto no ha ido acompañado de una mayor participación femenina en el sector, tal como señala el sexto reporte de Indicadores de Género en las Empresas Chilenas (2024), donde se destaca que la industria de telecomunicaciones cuenta con un 46,6% de participación femenina, donde solo el 33% de las mujeres ocupa un puesto en directorios y el 20,7% en gerencias de primera línea.

Con el objetivo de modificar esta realidad, está mañana se llevó a cabo la presentación del proyecto “Conectadas al Futuro”, iniciativa impulsada por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Sence, que tiene por objetivo fomentar y facilitar la inserción de mujeres en el sector, a través de una colaboración público privada donde se logre potenciar la capacitación y empleabilidad de mujeres en el marco de la Franquicia Tributaria en modalidad Pre Contrato.

“A través de la Estrategia de Autonomía Económica, buscamos no solamente recuperar la tasa de inserción laboral femenina previo a la pandemia, sino también enfrentar la empleabilidad de las mujeres a través de un enfoque proactivo. Es por eso que, a través de esta iniciativa, estamos apuntando a sectores no tradicionales como las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, entregando herramientas reales de capacitación que les permitan a las mujeres acceder a empleos de calidad”, indicó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

Junto a las autoridades sectoriales, la cita contó con representantes de diferentes empresas de telecomunicaciones y de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (IDICAM).

Por su parte, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que “lo que busca el programa, a través de la Franquicia Tributaria Pre-Contrato, es lograr que las empresas del sector de las telecomunicaciones se entusiasmen en ayudar a capacitar a más mujeres en estas materias, para luego contratarlas. Esto es una herramienta relevante, que da cuenta de una necesaria colaboración público-privada, que nos permite avanzar en la disminución de las brechas de género y al mismo tiempo, en lograr una mayor autonomía económica para las mujeres, a través de un empleo formal.”

En tanto, la directora nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), Romanina Morales Baltra, valoró la iniciativa y destacó su potencial de expansión a otros sectores productivos. “Lo que más nos entusiasma en SENCE es el enfoque de género aplicado en una industria tradicionalmente masculinizada como las telecomunicaciones. Este modelo prioriza al menos un 60% de los cupos para mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, y perfectamente podría replicarse en otros rubros con similares brechas de inclusión”, señaló.

Este proyecto cuenta con una doble formación:  por un lado, técnica con cursos sectoriales por ejemplo instalación de redes, y otro de desarrollo de habilidades de empoderamiento a través de PRODEMU que entregará  herramientas de empoderamiento laboral.

Santiago, 14 de mayo de 2025. – El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) a través de su director Camilo Cid, junto a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, informaron esta mañana una importante actualización en el arancel de la Modalidad de Libre Elección (MLE) para este 2025, con un claro enfoque en mejorar la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Esta iniciativa refleja el compromiso de Fonasa de acompañar a las mujeres en cada etapa de sus vidas, promoviendo el acceso a una atención integral y de calidad.

En la actividad se destacó la incorporación de nuevas prestaciones que responden a necesidades críticas en salud de la mujer, incluyendo exámenes de fertilidad, tratamientos para la endometriosis y dispositivos anticonceptivos hormonales de larga duración.

El director de Fonasa, Camilo Cid, señaló que con estas prestaciones “reafirmamos nuestro compromiso con la equidad en salud, asegurando que las mujeres puedan acceder a tratamientos especializados y de alta calidad. Esta actualización del arancel MLE 2025 es un avance significativo, ya que introduce soluciones integrales y oportunas que buscan impactar positivamente en la vida de miles de mujeres. Fonasa sigue trabajando para garantizar que cada mujer reciba la atención que merece, sin barreras ni desigualdades.”

Por su parte, la ministra Orellana precisó que “a propósito de lo que se ha estado discutiendo sobre la tasa de natalidad, queremos recordar que hay al menos tres fenómenos involucrados. Uno es la reducción exitosa del embarazo adolescente, que casi se ha erradicado en los últimos 30 años. El segundo es que menos gente quiere tener hijos y no solamente mujeres: las vasectomías, por ejemplo, han aumentado un 800%. Y tercero, hay un retraso en la decisión del primer hijo en las mujeres y, por lo tanto, la inclusión del examen de la hormona antimulleriana es fundamental porque permite evaluar la reserva ovárica y planificar con mayor información y desde una perspectiva respetuosa, los proyectos de vida de las personas”.

“Los derechos sexuales y los reproductivos de las mujeres no solo tienen que ver con el poder decidir, sino también con que existan las condiciones para poder ejercerlos, ya sea en términos de planificación familiar, de información o de acceso a tratamientos y exámenes. Y en ese sentido, queremos destacar la inclusión de estas nuevas prestaciones en la modalidad de libre elección. El aumentar la capacidad resolutiva respecto a problemas específicos de la salud de las mujeres, es fundamental para entregar tratamientos adecuados a esas necesidades, garantizando así los proyectos de vida de cada una de las chilenas”, puntualizó la secretaria de Estado.

Nuevas coberturas con foco en la salud sexual y reproductiva de la mujer

Entre las principales incorporaciones se encuentra el examen de la hormona antimulleriana (AMH), una herramienta esencial para evaluar la reserva ovárica, crucial para las mujeres que planifican su maternidad. Este examen permite a las mujeres tomar decisiones informadas sobre su fertilidad en las diferentes etapas de su vida reproductiva.

Además, el nuevo arancel MLE 2025 incorpora coberturas para dispositivos anticonceptivos hormonales, incluyendo el dispositivo intrauterino hormonal y el implante subdérmico, ofreciendo a las mujeres más opciones para planificar su salud sexual y reproductiva de manera segura y efectiva.

Apoyo integral para el tratamiento de la endometriosis

La endometriosis, que afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva, también se ha considerado en esta actualización. Fonasa ofrece dos nuevos PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) para el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad, incluyendo procedimientos para la endometriosis ovárica y profunda sin compromiso intestinal, los cuales cuentan con una cobertura de 50% y además su copago puede financiarse hasta en un 85% a través de préstamos médicos.

• La iniciativa, en trámite en el Senado desde hace 14 años, busca establecer una administración conjunta de bienes, eliminando la facultad exclusiva del marido para tomar decisiones sobre el patrimonio común. 

Según datos del Registro Civil, un 53,7% de los matrimonios celebrados en la última década en Chile han sido en el régimen de sociedad conyugal. Esto equivale a más de 321 mil matrimonios, frente a los 261 mil celebrados en separación de bienes.  

Este martes 13 de mayo, la Comisión de Constitución del Senado retomó la discusión del proyecto de ley que busca reformar el régimen de sociedad conyugal. Esta iniciativa, que ya lleva 14 años de tramitación, busca corregir una discriminación histórica que impide a las mujeres casadas bajo este régimen administrar libremente sus bienes. 

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, asistió a la Comisión de Constitución del Senado para dar cuenta de los alcances del proyecto, subrayando la necesidad de avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres en materia de administración patrimonial. “En el cotidiano vemos, por ejemplo, cómo las mujeres rurales enfrentan múltiples barreras para acceder a programas como la Ley de Riego o la Ley de Fomento Productivo de INDAP, debido a que deben pedir permisos al marido para acceder a a los beneficios. También observamos cómo muchas emprendedoras no pueden formalizar empleos, ya que requieren de la autorización del esposo para diversos trámites. En algunas zonas, incluso, no se puede avanzar en procesos de reconstrucción por el mismo motivo”, indicó la ministra Orellana y agregó: “Queremos alcanzar un acuerdo que garantice la igualdad en todos los ámbitos de la vida, y uno fundamental es el derecho de las mujeres a la administración y control de sus bienes”.  

El proyecto actual es resultado de la fusión de dos mociones parlamentarias y un mensaje presidencial presentado en 2011. En 2023, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ingresó indicaciones y urgencia a la tramitación de este proyecto, lo que permitió que, por primera vez en muchos años, avanzara en su tramitación. 

La iniciativa busca mantener la sociedad conyugal como el régimen que se aplica por defecto al contraer matrimonio, pero con una nueva lógica: establecer la administración conjunta de los bienes, eliminando la facultad exclusiva del marido para decidir sobre el patrimonio común. 

En esa línea, establece una distinción práctica: mientras que en los trámites cotidianos cualquiera de los cónyuges podrá actuar de forma indistinta, en las decisiones relevantes, como la venta de inmuebles, se requerirá la firma de ambos.

¿Qué significa esta reforma? 

Actualmente, si una mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal quisiera, por ejemplo, comenzar una empresa, tramitar un crédito, recibir una herencia o acceder a ciertos apoyos estatales luego de un siniestro; necesitaría la autorización de su esposo para realizar estos trámites, ya que él es quien tiene la administración exclusiva de la sociedad conyugal.

Con las modificaciones propuestas en la reforma, en cambio; las mujeres podrán tomar decisiones como estas sin necesidad de solicitar permiso, actuando por sí mismas en temas patrimoniales importantes y ganando autonomía para gestionar sus bienes. 

A dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Reparación a Víctimas de Femicidio, Suicidio Femicida y sus Familias, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género ha entregado 161 pensiones de reparación a niños, niñas y adolescentes que han perdido a sus madres a causa de un femicidio. Esta medida busca ofrecer una respuesta concreta y con sentido reparatorio por parte del Estado frente a la violencia extrema que viven las mujeres. 

Así, esta normativa establece un conjunto de derechos y garantías para las familias de las víctimas, incluyendo el acompañamiento en las diligencias de investigación y procesos judiciales, el fuero laboral por un año para mujeres sobrevivientes de femicidio frustrado o tentado y la entrega de pensiones de reparación a hijos e hijas menores de 18 años de mujeres víctimas de este delito. 

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, valoró el impacto de esta ley, señalando que “ha significado un paso decisivo en el compromiso del Estado con la reparación, reconociendo el daño profundo e irreparable que deja la violencia femicida no solo en las víctimas directas, sino también en sus familias y especialmente en sus hijos e hijas. Por lo mismo, seguiremos avanzando en búsqueda de justicia y especialmente, en prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, a través de la implementación de normativas como la Ley Integral”, finalizó.